1. Introducción
Chile es el primer país a nivel latinoamericano en figurar en el índice global de emprendimiento (GEI) (Acs et al., 2018, 2019), lo cual refleja el alto desempeño que tiene el país respecto al entorno emprendedor. La actividad emprendedora es una instancia que puede contribuir al desarrollo social y económico de las naciones, y de forma generalizada se coincide en reconocer la importancia que tienen las iniciativas empresariales para el desarrollo de las regiones en las que se ponen en marcha nuevos negocios, lo que genera una contribución a la creación de nuevos puestos de trabajo, riqueza y una nueva «vida» para las regiones (Patrick et al., 2016).
Si analizamos de manera particular el microemprendimiento, que es el foco de este estudio, es sabido que este es de gran importancia para la generación de riqueza y empleo, ya que conforma la mayor parte del tejido productivo y comercial (ILO, 2019a; Tello, 2014). También podemos identificar como uno de los elementos transversales presentes en este perfil de empresas que la gran mayoría de ellas se encuentra desarrollando sus actividades productivas y comerciales de manera informal (ILO, 2019a, 2019b; OIT, 2021). Las vías para que el microemprendimiento sea sostenible y genere riqueza guardan relación con la capacidad de transición o permanencia en la economía formal. La formalización, que se traduce en una mejora sostenible de las condiciones de bienestar de empresas y trabajadores, es una meta necesaria para la reducción de la pobreza y redunda en beneficio de toda la sociedad (OIT, 2021).
Es relevante enfatizar el aporte de las mujeres a la creación de este tipo de empresas (Amorós et al., 2015). Es en este aspecto que es posible señalar que cerca del 40 % de los microemprendimientos en Chile es liderado por mujeres, un porcentaje importante si lo relacionamos con otros perfiles empresariales (INE, 2020a). En este contexto, las mujeres participan en un rol importante para el desarrollo y crecimiento del país, pues ello puede contribuir a la reducción de las brechas de género tanto en el mercado laboral como en la sociedad. A su vez, la creación de emprendimiento y puestos de liderazgo genera beneficios económicos potenciales. Según el informe elaborado por McKinsey Global Institute (2015a), la contribución de las mujeres al mercado de trabajo podría duplicar el crecimiento del PIB mundial.
En la actualidad, las mujeres están siendo partícipes en el desarrollo económico y social en Chile, lo mismo que en la región latinoamericana y el Caribe. Particularmente, la irrupción y la contribución en el ámbito del emprendimiento está siendo cada vez mayor, lo que genera un impacto en el entorno y múltiples efectos en las mujeres emprendedoras, entre otros la posibilidad de contar con un sustento para el hogar, el logro de la autonomía económica, mayor empoderamiento y bienestar, etc. (Lepeley et al., 2019; Ruiz-Martínez et al., 2019, 2021b). Sin embargo, y a pesar de las externalidades positivas que puede ofrecer el mundo del emprendimiento para las mujeres, son numerosos los estudios —tanto a nivel mundial como latinoamericano— que evidencian los desafíos que enfrentan las empresas lideradas por mujeres debido a las desigualdades de género, lo cual frena su participación y minimiza el poder de la oferta.
En América Latina y el Caribe el impacto de la crisis por COVID-19 en la economía informal presentó nuevos desafíos, por lo que resulta relevante identificar aspectos subyacentes y precedentes a dicha crisis que pueden funcionar de forma sistémica como impulsores o como barreras a las condiciones de formalización de los emprendimientos, poniendo atención en la perspectiva de género.
Por ello, y como objetivo general, este estudio trata de identificar las variables que afectan a la formalización del microemprendimiento en Chile en el escenario prepandemia de COVID-19 y procede a explorar las diferencias existentes entre las mismas en función de si estos microemprendimientos son liderados por hombres o por mujeres. En base a las desventajas sistémicas que por razón de género presenta el escenario emprendedor, resulta de interés establecer un objetivo específico consistente en identificar aquellos factores que actúen como impulsores y/o como barreras al desarrollo de la formalización de los emprendimientos liderados por mujeres en Chile.
Las hipótesis que nos planteamos en este escenario se relacionan con uno de los desafíos que enfrentan las mujeres microemprendedoras en Chile respecto a sus pares varones: formalizar sus emprendimientos. Analizaremos concretamente la probabilidad de que, en este colectivo emprendedor, las mujeres se mantengan en el sector informal en mayor medida que los hombres. Para ello, procederemos a realizar este análisis a través de la verificación de estas 2 hipótesis:
- H1: es más probable que las microemprendedoras no se formalicen si están en situación de precariedad, medida en relación con su obtención de ingresos.
- H2: es más probable que las microemprendedoras no se formalicen en la misma medida que sus pares hombres si dedican más tiempo al trabajo no remunerado.
Para llevar a cabo este estudio, se desarrolla un modelo econométrico probit a partir de la formalización del microemprendimiento como variable dicotómica, con base en la Encuesta de Microemprendimiento (EME) para 2019 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno.
Una vez expuesto el planteamiento general del presente trabajo, se profundiza en los aspectos relativos al emprendimiento informal y la situación de las mujeres en el contexto. El análisis del modelo en valores desagregados por sexo nos permite visibilizar el diferente comportamiento de las variables de los sujetos hombres y mujeres, de forma que sea posible aplicar una perspectiva de género en la interpretación de los resultados. Finalmente, se ofrecen conclusiones generales y se sugieren direccionamientos prácticos en políticas públicas para el caso de estudio.
2. Un marco teórico acerca del microemprendimiento y su contexto en la economía informal desde la perspectiva de género
2.1. Microemprendimiento en Chile
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) considera el emprendimiento como un aspecto clave para la eliminación de la pobreza y la inequidad social, así como para la solución de los problemas medioambientales y como contribución al empoderamiento económico de las mujeres a nivel global. Se estima como fundamental para el desarrollo social y económico de los países (Bosma et al., 2020), aspecto ya consolidado como tal para Chile (Mandakovic & Serey, 2018). Cabe señalar que es el emprendimiento impulsado desde la oportunidad de mercado el que se supone susceptible de aportar valor a las naciones (Acs et al., 2008, 2019; INE, 2020c), por lo que resultan fundamentales las iniciativas que promuevan la transformación de modelos de negocio iniciados en condiciones de precariedad a modelos basados en la innovación y en las oportunidades de mercado (Ruiz-Martínez et al., 2018, 2021c).
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019a) en 99 países asegura que en el futuro la mayoría de las actividades de empleo vendrán directamente del crecimiento de las nuevas empresas creadas en diferentes sectores dentro de un área local. En cuanto a este rol, también la Comisión Europea reconoce el papel fundamental e indispensable de las pequeñas empresas en el crecimiento, el empleo y el desarrollo de la economía en dicha región (Tello, 2014), antecedentes que no difieren en gran medida de lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Como complemento, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019a) develan la incidencia negativa de la globalización para las pequeñas empresas, que requieren de mayor inversión en habilidades, innovación y tecnología. En Chile ello resulta relevante, ya que el tejido empresarial está ampliamente formado por las micro y pequeñas empresas, que generan cerca del 90 % del empleo (Cabrera et al., 2009) y en cuya composición se encuentra un alto porcentaje de actividad informal.
Así, el microemprendimiento concentra históricamente elevados niveles de informalidad en Chile. Una de las razones de ello se encontró en la complejidad de los procedimientos, principalmente debido a los trámites administrativos y la regulación que conllevan (OIT, 2015), provocando así diversas dificultades en su accionar, como la baja productividad, los bajos ingresos y las condiciones de trabajo precarias. Para resolver este desafío, Chile implementó una serie de estrategias, tales como la ventanilla única y la creación de empresas en un día, que permitieron realizar trámites más cortos, de manera digital y gratuita, para constituir una empresa. Este conjunto de políticas públicas orientadas a favorecer la formalización logró un descenso paulatino de la informalidad total en la última década (Henríquez, 2019); sin embargo, en el sector microemprendedor el índice sigue siendo elevado, con una tendencia al alza desde 2015 (INE, 2020b) y de forma más acusada en el caso de las mujeres (Henríquez, 2019; INE, 2020c).
2.2. La economía informal. Contexto actual y políticas de respuesta
Según un reciente informe de la OIT, el 80 % de las empresas ejerce su actividad en la economía informal en el mundo. La economía informal es un fenómeno de gran magnitud, ampliamente extendido en los países en desarrollo y en el que las mujeres se ven más afectadas que los hombres, hallándose en situaciones de mayor vulnerabilidad (OIT, 2021).
La economía informal tiene cada vez mayor relevancia en los países y, principalmente, preocupan los efectos negativos que se encuentran asociados a ella, como las malas condiciones de trabajo, la baja productividad o la falta de cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones tributarias (Gómez Sabaini & Morán, 2017). En este sentido, es posible establecer que la informalidad es un fenómeno multidimensional en el cual intervienen factores sociales, económicos, estructurales, institucionales y políticos (OIT, 2015). Ello limita el desarrollo de la empresa y, por tanto, su crecimiento económico, impide el acceso a créditos y adecuado financiamiento, restringe el acceso a los mercados y conlleva una desprotección laboral, tanto en salud como en ahorro, para las pensiones de sus propietarios y trabajadores, entre otros efectos.
El citado concepto de economía informal se refiere a toda la fuerza de trabajo que se desarrolla al margen de la normativa legal de los países y que queda sin cobertura. Incluye el trabajo independiente, el trabajo dependiente sin cotizaciones a sistemas de previsión, el trabajo familiar no remunerado, el trabajo doméstico remunerado y los empleadores sin registrar. El trabajo no declarado o informal constituye un amplio sector de la economía que existe en todo el mundo y es irreversible. Se caracteriza entre otros factores por la ausencia de barreras de entrada, el predominio de mano de obra poco cualificada, el uso de tecnología simple, los altos niveles de incertidumbre, y por estar regularmente asociado a bajos ingresos y precariedad (Neffa, 2020; Neffa et al., 2010). El ingreso en las actividades de la economía informal a menudo se describe como estrategia de supervivencia para obtener mayores ingresos a través de la evitación de impuestos y/o regulaciones, o como resultado de la exclusión de la economía formal (Gómez Sabaini & Morán, 2017; ILO, 2018a).
En el contexto de América Latina y el Caribe, donde la economía informal es más la norma que la excepción, la OIT (2020a) ha abordado su estudio estadístico sistemáticamente, ajustando los parámetros a realidades diversas, dado que las nuevas tendencias en el mercado de trabajo se traducen en nuevas maneras de formalidad e informalidad (Salazar-Xirinachs & Chacaltana, 2018), siendo este un ámbito cuyo estudio está proliferando actualmente (Calbet & Butler, 2021).
En Chile, el INE clasifica el emprendimiento como formal o informal en función de la inscripción de la actividad empresarial en las dependencias tributarias —Servicio de Impuestos Internos (SII)—1, sin incluir en esta clasificación la cotización a sistemas previsionales (salud, vejez, accidentes). En 2019, un 53 % del microemprendimiento se clasificó como informal (57 % mujeres, 43 % hombres), pero solo un 14 % de los clasificados como formales cotiza a las protecciones de salud, pensiones y accidentes (INE, 2020b). De acuerdo a los baremos de medición de informalidad de la OIT (2018a), y ajustando la información laboral reciente a la matriz de Hussmanns, el nivel de informalidad total sobre la población activa en Chile estaba en torno al 29 % en 2018 (Henríquez, 2019).
En cuanto al contexto actual, el proceso de recuperación de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial ha sido desigual, concentrándose la riqueza en mayor medida en Estados Unidos, Canadá, Europa y China; y reduciéndose en la India y en América Latina y el Caribe (Cepal, 2021b). En este sentido, el panorama social y laboral en toda la región latinoamericana es alarmante en cuanto a la estrecha vinculación entre informalidad y desigualdad, dado que los impactos de la crisis han sido más profundos ahí que en el resto del mundo, afectando además en mayor medida a las mujeres (Maurizio, 2021). Así, la situación de informalidad laboral produce y reproduce las desigualdades sociales, al impedir trabajos dignos (con protección social, ingresos suficientes, estabilidad laboral, entre otras condiciones mínimas). Si bien las tasas de informalidad no variaron en el primer trimestre de 2021 en las principales economías latinoamericanas respecto al año anterior, sí se espera una mayor dificultad en la recuperación económica que eleve de nuevo las tasas de informalidad en un futuro próximo, dado que el crecimiento del mercado laboral está concentrando en el trabajo informal y con niveles de ingreso bajo (Maurizio, 2021, p. 48).
2.3. Políticas de respuesta ante la informalidad laboral
Williams y Kayaoglu (2020) realizaron un análisis del trabajo informal en el contexto de la pandemia de COVID-19 para 28 países europeos, concluyendo que solo una minoría podría tener acceso a las medidas económicas de ayuda de los Gobiernos. En diversos países de la región latinoamericana se evidencia la realidad de la informalidad y se proponen medidas no solo para formalizar las empresas y los sectores (OIT, 2020a), sino para mitigar los efectos de la pandemia teniendo en cuenta las realidades de la región, como la informalidad y la desigualdad de género (Maurizio, 2021; OCDE, 2020; OIT, 2020c). De forma similar y respecto a la regulación, tal y como estableció Daza (2005), las administraciones del trabajo en países de menores ingresos tienden a considerar a las microempresas fuera del ámbito de regulación y las ignoran, mientras que la mirada europea tiende a ejercer presión para hacer cumplir la legislación.
En el caso del microemprendimiento en Chile, además de las estrategias, políticas y programas que se vienen desarrollando en los últimos años para promover la formalización (ILO, 2019b), se han puesto en marcha medidas urgentes de respuesta ante la situación provocada por la pandemia que contemplan especialmente la causal de informalidad, así como algunas medidas de acción positiva para paliar las desventajas de las mujeres en el mercado de trabajo, como la promoción para su contratación laboral o el programa de capacitación digital (OIT, 2020b).
2.4. Dinámicas cotidianas afectadas por el género
El género es la construcción social y cultural de un sistema de valores y atributos en función de los sexos masculino y femenino que configura las relaciones sociales y de poder entre hombres y mujeres, lo cual se refleja en todas sus actividades relacionadas con el trabajo (Benería, 1979; Hochschild, 1989; Pazos, 2011; Pearson, 1999; Walby, 1988). También se encuentra esta relación del género de forma específica con el emprendimiento (Ahl & Marlow, 2012; Henry & Marlow, 2014; Marlow & Martinez Dy, 2018; Welter et al., 2014). Asimismo, la distribución del tiempo de las actividades en la vida cotidiana y las relaciones sociales que de las mismas emergen se hallan marcadas por las diferencias y las relaciones de género. Estas dinámicas cotidianas configuran las brechas de género. Así, el género opera como una categoría analítica, resultando un factor estructural de primer orden que organiza el conjunto del sistema social y económico, y cuyo nivel de jerarquización social es superior a factores como la clase socioeconómica o la etnia (Callejo & Prieto, 2015; Pérez-Orozco et al., 2008). Según estos estudios, es por tanto un aspecto crucial a tener en cuenta para formular políticas públicas en el mercado de trabajo y en el ámbito económico, como serían las medidas relacionadas con el uso del tiempo en la vida cotidiana, el registro de microemprendimientos y cotización a sistemas de previsión, o el acceso a tecnologías, entre otros.
2.5. La necesidad de reducción de las brechas de género en el mercado de trabajo
Son numerosos los informes de organismos internacionales que periódicamente informan de las cifras de desigualdad que sitúan a las mujeres en desventaja frente a sus pares hombres en el mercado de trabajo en todo el mundo. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que se presenta en el mercado de trabajo a nivel global sigue siendo la reducción de las brechas de género, a pesar de que hay evidencia de los beneficios que esta supondría, por ejemplo, en el crecimiento del PIB mundial (McKinsey Global Institute, 2015b). Además de la menor participación de las mujeres, una vez que estas ingresan en el mercado de trabajo su acceso a oportunidades de empleo de calidad está limitado por barreras de género (ILO, 2017, 2018b; OCDE, 2019b; World Bank, 2020; World Economic Forum, 2019).
Estas dinámicas se reproducen con dureza para América Latina y el Caribe (Cepal, 2021a, 2021b; Ilie et al., 2018; Vaca Trigo, 2019), donde el contexto para el emprendimiento de las mujeres tiene características propias de la región, como las altas tasas de emprendimiento femenino y de informalidad en la actividad emprendedora, el escaso nivel de innovación y de desarrollo en los ecosistemas emprendedores, y una configuración cultural determinada en la que se reproducen los roles y estereotipos de género (Ruiz-Martínez et al., 2021a).
El Chile, a pesar de que el contexto mantiene los mismos lineamientos, el impulso desde las distintas instituciones hacia el emprendimiento es firme y también existe una cultura favorable al mismo (Amorós et al., 2015; Mandakovic & Serey, 2018); no obstante, es preciso distinguir entre distintas tipologías de iniciativas emprendedoras (INE, 2020c; OIT et al., 2021). En este escenario, las mujeres que lideran microempresas en Chile no son las mejor situadas, pues tienen una alta tasa de informalidad (57 %), emprenden por necesidad (57 %) y cerca de la mitad desarrolla su negocio desde el hogar (45 %). Dedican, en promedio, 9 horas más por semana al trabajo no remunerado que los hombres. Además, el 68 % de ellas gana menos que el salario mínimo —unos USD 370—, su promedio en utilidades es la mitad que el de sus pares varones, están menos endeudadas que ellos y solo un 9,9 % accede al crédito, aunque las que lo solicitan suelen obtenerlo (INE, 2020d, 2020c).
Por último, cabe señalar que hasta la fecha de publicación de este artículo la investigación ha evidenciado que el emprendimiento liderado por las mujeres tiene un impacto altamente positivo en el entorno, con la capacidad de generar bienestar más allá de lo económico, así como de promover el empoderamiento y la autonomía económica, siendo estos aspectos necesarios para reducir las brechas de género (Hanson, 2009; Hanson & Blake, 2009; Ilie et al., 2021; Lepeley et al., 2019; Ruiz-Martínez et al., 2019, 2021b, 2021a).
3. Metodología
Nos aproximamos al problema de investigación desde la perspectiva de género (Díaz Martínez, 2018, 2021), lo cual implica integrar el análisis sexo/género (Rubin, 1975) en la misma. Metodológicamente, incorporar esta perspectiva consiste en la observación de ambos colectivos, hombres y mujeres, de forma que pueda identificarse si los problemas estudiados afectan a unos y a otras de forma diferente y/o desigual en un determinado contexto, y de qué manera o por qué causas se da un distinto impacto (UN Women, 2020).
En este sentido, el estudio ayuda a comprender con mayor profundidad si la problemática de la desigualdad de género afecta al colectivo de mujeres emprendedoras, suponiendo un desafío adicional a la hora de formalizar sus negocios en comparación con sus pares varones. De esta forma, podemos apuntar a la identificación de los factores que actúan como impulsores o como barreras al desarrollo de la formalización, y desarrollar nuestro análisis a partir de las siguientes hipótesis:
- H1: es más probable que las microemprendedoras no se formalicen si están en situación de precariedad, medida en relación con su obtención de ingresos.
- H2: es más probable que las microemprendedoras no se formalicen en la misma medida que sus pares hombres si dedican más tiempo al trabajo no remunerado.
El estudio se encuentra dirigido a las personas dueñas de microemprendimientos formales e informales pertenecientes a todos los sectores económicos de Chile. Este grupo está compuesto por el conjunto de trabajadores por cuenta propia y empleadores con hasta 10 personas empleadas.
El proceso comienza con una visita en terreno, donde se aplica un cuestionario a modo de entrevista que forma parte de la EME del año ٢٠١٩, desarrollada por el INE en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del Gobierno de Chile. La muestra total corresponde a 7086 microempresas, cuya totalidad se utiliza para hacer una comparativa de los principales estadísticos descriptivos. Asimismo, el desarrollo del modelo econométrico se presenta desagregado por sexo, de forma que pueda analizarse el diferente comportamiento de las variables al incorporar la perspectiva de género (Díaz Martínez, 2018; UN Women, 2020). Finalmente, la muestra queda conformada por 4133 microempresas lideradas por hombres y 2953 microempresas lideradas por mujeres.
La muestra es representativa para la población microemprendedora que figura en el censo estatal de ese año, compuesta por 2 057 903 individuos, de los que el 38,6 % (794 852) son mujeres y el 61,4 % (1 263 051) son hombres.
Para la realización de la investigación se utilizó como variable independiente la formalización de la empresa y como variables dependientes las mencionadas en la siguiente tabla:
Tabla 1. Descripción de las variables
|
Variables |
Descripción |
|
Sexo |
Si es microempresario es 1 |
|
Edad de la empresa |
Si es menor a 10 años, valor 1 |
|
Estudios |
Si cuenta con estudios superiores de nivel técnico o profesional, valor 1 |
|
Ingresos |
Si percibe ingresos mayores al sueldo mínimo, es 1 |
|
Proveedor principal |
Si es proveedor/a principal del hogar, valor 1 |
|
Formalización |
Si se encuentra formalizado/a, valor 1 |
|
Capacitación |
Si ha recibido capacitación en el último periodo, valor 1 |
|
Emprendieron por oportunidad |
Si el motivo de emprender es por oportunidad, valor 1 |
|
Contabilidad |
Si lleva registros contables, valor 1 |
|
Uso de internet |
Si utiliza internet para su negocio, valor 1 |
|
Salud |
Si cotiza en salud, valor 1 |
|
AFP |
Si cotiza en AFP, valor 1 |
|
Trabajo no remunerado |
Cantidad de horas de trabajo no remunerado (en Ln) |
Fuente: elaboración propia con base en INE (2019).
4. Resultados
A partir de los análisis realizados se presentan los resultados de las variables desagregadas por sexo en la siguiente tabla:
Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables, considerando el sexo del microempresario/a
|
Variables |
Hombre |
Mujer |
|
Antigüedad de la empresa < 10 años |
36 % |
52 % |
|
Estudios técnicos o profesionales (%) |
24 % |
25 % |
|
Ingresos > sueldo mínimo |
51 % |
27 % |
|
Proveedor principal |
75 % |
45 % |
|
Formalización |
49 % |
43 % |
|
Capacitación |
23 % |
32 % |
|
Emprendieron por oportunidad |
44 % |
31 % |
|
Contabilidad |
44 % |
49 % |
|
Uso de internet |
61 % |
62 % |
|
Cotiza en AFP |
27 % |
19 % |
|
Cotiza en salud |
45 % |
47 % |
|
Trabajo no remunerado |
11 horas |
30 horas |
Fuente: elaboración propia con base en INE (2019).
Respecto a los rasgos generales de esta tipología de empresa, se puede mencionar que las mujeres representan el 39 % de las empresas y que emprenden desde la informalidad (57 %) en mayor medida que los hombres.
Considerando la protección laboral, un porcentaje similar (45 % y 47 % de hombres y mujeres, respectivamente) cotiza a prestaciones de salud. Distinto es el panorama para quienes cotizan a pensión de vejez (en Chile, AFP), con un 27 % de los hombres frente a solo un 19 % de mujeres que cotiza para fondos de pensiones. El resto de dirigentes de microempresas, que corresponde a más de la mitad, no efectúa ningún tipo de cotización.
A su vez, en términos de factores económicos, existe una gran brecha entre ambos sexos, con un 51 % de los hombres y un 27 % de las mujeres que perciben ingresos por sobre el sueldo mínimo. Hay, también, una brecha considerable en las horas que se destinan a trabajos no remunerados, a los que los hombres dedican 11 horas, mientras que las mujeres hacen 30 horas semanales repartidas en cocinar, limpiar, lavar, realizar compras y cuidar de personas dependientes, entre otras tareas.
Por otro lado, en relación con el capital intelectual, no existe una gran brecha: el 25 % de las mujeres y el 24 % de los hombres cuentan con estudios universitarios o técnicos. Adicionalmente, respecto a la capacitación, las mujeres presentan un porcentaje mayor con 32 % versus el 23 % relativo a los hombres.
En términos de gestión de la empresa, el 49 % de las mujeres y el 44 % de los hombres llevan registros contables, mientras que el 62 % de las mujeres y un 61 % de los hombres utiliza internet para sus negocios, no existiendo grandes brechas en estas áreas.
4.1. Modelo econométrico
Para el presente estudio se desarrolla un modelo probit en el que la variable dependiente corresponde a la formalización de la empresa, atendiendo a si se encuentra formalizada ante la Administración pública correspondiente —en Chile, el SII—, mientras que las variables independientes son las consignadas en la tabla 1.
A continuación, se presenta el modelo probit para la variable formalización en la totalidad de la muestra, contemplando los valores desagregados para hombres y mujeres, así como los valores agregados, de forma que puedan apreciarse las diferentes dinámicas de cada colectivo.
Tabla 3. Modelo probit (formalización), valores desagregados por sexo y valor final
|
Variables |
Hombre (H) |
Mujer (M) |
Final H+M |
|
Formalización |
Formalización |
Formalización |
|
|
Antigüedad |
-0,133** |
-0,345*** |
-0,217*** |
|
(0,0541) |
(0,0619) |
(0,0404) |
|
|
Estudios técnicos o profesionales |
0,513*** |
0,510*** |
0,523*** |
|
(0,0649) |
(0,0713) |
(0,0476) |
|
|
Ingresos > sueldo mínimo |
0,348*** |
0,825*** |
0,542*** |
|
(0,0525) |
(0,0655) |
(0,0404) |
|
|
Capacitación |
0,216*** |
0,0449 |
0,133*** |
|
(0,0579) |
(0,0621) |
(0,0420) |
|
|
Emprendieron por oportunidad |
0,182*** |
0,145** |
0,175*** |
|
(0,0514) |
(0,0649) |
(0,0400) |
|
|
Contabilidad |
1,679*** |
1,597*** |
1,652*** |
|
(0,0509) |
(0,0623) |
(0,0393) |
|
|
Uso de internet |
0,421*** |
0,112* |
0,268*** |
|
(0,0569) |
(0,0657) |
(0,0426) |
|
|
Cotiza en AFP |
0,318*** |
0,258*** |
0,289*** |
|
(0,0634) |
(0,0669) |
(0,0457) |
|
|
Cotiza en salud |
0,169** |
0,195** |
0,198*** |
|
(0,0743) |
(0,0851) |
(0,0553) |
|
|
Trabajo no remunerado (Ln) |
-0,126*** |
-0,217*** |
-0,146*** |
|
(0,0270) |
(0,0444) |
(0,0228) |
|
|
Constante |
-1,448*** |
-0.,915*** |
-1,315*** |
|
(0,0791) |
(0,156) |
(0,0869) |
|
|
Sexo |
-0,0497 |
||
|
(0,0473) |
|||
|
Observaciones |
4,133 |
2,953 |
7,086 |
Errores estándar entre paréntesis.
P < 0.1*
P < 0.05**
P < 0.01***
Fuente: elaboración propia con base en INE (2019).
En el caso de la variable de estudio correspondiente a la formalización para el colectivo de las mujeres, todas las variables analizadas, con excepción de la capacitación, resultaron estadísticamente significativas en su incidencia sobre la probabilidad de que la microempresa se formalice. Una variable muy importante relacionada con la gestión es la llevanza de registros contables por parte de la microemprendedora. El segundo lugar corresponde a la generación de ingreso, en donde generarlos por sobre el sueldo mínimo incrementa la probabilidad de formalizar; y, finalmente, se considera también la variable relacionada al capital intelectual, en la que poseer estudios universitarios o técnicos incrementa también la probabilidad de formalización. Los factores que afectan de manera negativa son los relativos a la antigüedad del negocio junto con la cantidad de horas de trabajo no remunerado, donde la probabilidad de formalizarse decrece conforme más reciente es el emprendimiento y más horas dedica la emprendedora al trabajo no remunerado.
En los resultados desagregados por sexo del modelo se observa lo siguiente: entre los factores que hacen más probable la formalización, tanto en el caso de los emprendedores como en el de sus pares mujeres, se encuentran la llevanza de contabilidad, la obtención de ingresos por encima del salario mínimo y la tenencia de estudios técnicos o profesionales. También es un factor común la cotización a pensiones de jubilación (AFP), aunque en menor medida. Adicionalmente, hay impulsores que actúan con mayor significación en el caso de los emprendedores varones, como el uso de internet y la motivación emprendedora desde la oportunidad de mercado. Finalmente, el factor que incide únicamente en el caso de los varones, pero no de las mujeres, es la mayor capacitación.
En cuanto a los factores que hacen menos probable la formalización, la antigüedad del negocio es el que muestra mayor significación en el caso de las mujeres, de forma que las empresas con menos a 10 años tienen tendencia a no formalizarse; es decir, los resultados apuntan a que haya menor probabilidad de que las mujeres que lideran empresas nuevas se formalicen. El menor tiempo dedicado al emprendimiento también opera negativamente en ambos casos, con similar significación, pero mayor incidencia en el caso de las emprendedoras, cuyo desglose en cuanto al uso del tiempo, según la propia estadística de la EME 2019, sería el siguiente:
Tabla 4. Listado de participación en actividades de trabajo no remunerado
|
Actividad |
Tipo de trabajo |
% de participación |
||
|
Mujeres |
Hombres |
|||
|
1 |
Cocinar, preparar alimentos para el desayuno, almuerzo o cena, recoger la mesa, lavar la loza |
Trabajo doméstico no remunerado |
96 % |
70,4 % |
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2 |
Limpiar u ordenar la casa (barrer, trapear, limpiar, tender camas, tirar basura u otros) |
94,7 % |
66,9 % |
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3 |
Lavar, tender o planchar ropa de los integrantes del hogar |
92,2 % |
38,7 % |
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4 |
Realizar compras para el hogar en tiendas, mercados o supermercados (incluye tiempos de traslados) |
83 % |
79 % |
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5 |
Cuidar, pasear o dar de comer a las mascotas |
56 % |
51 % |
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6 |
Alimentar, bañar, vestir, acostar o mudar a otro miembro del hogar |
Trabajo de cuidado no remunerado |
33,1 % |
14,1 % |
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7 |
Llevar al colegio, ayudar en las tareas escolares, leer o contar cuentos a otros miembros del hogar |
37 % |
26 % |
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Fuente: elaboración propia con base en INE (2019).
Adicionalmente, se puede observar a partir de los resultados una desigual distribución del tiempo de trabajo no remunerado, donde los hombres se ocupan en mayor medida de tareas relacionadas con las compras y las mascotas, y las mujeres asumen de forma masiva el resto de tareas, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura 1. Distribución de las actividades de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres
Fuente: elaboración propia con base en INE (2019).
En definitiva, los resultados informan que es más probable que las microemprendedoras se formalicen si tienen alta representación en las variables del estudio que han resultado significativas con signo positivo en el modelo probit, es menos probable que se formalicen si tienen baja representación en las variables significativas positivas, y viceversa para los resultados negativos. Por lo tanto, las 2 hipótesis iniciales se cumplen: las microemprendedoras tienen claramente una baja probabilidad de formalizarse (H1) y, además, menor probabilidad que sus pares hombres (H2).
- H1: es más probable que las microemprendedoras no se formalicen si están en situación de precariedad, medida en relación con su obtención de ingresos.
- H2: es más probable que las microemprendedoras no se formalicen en la misma medida que sus pares hombres si dedican más tiempo al trabajo no remunerado.
Uno de los factores que tiene mayor incidencia para formalizarse es la obtención de ingresos por encima del salario mínimo y solamente un 27 % de ellas supera este umbral. Si adicionamos que nada más la mitad de las microemprendedoras lleva registros contables, que solo una cuarta parte tiene estudios técnicos o profesionales, y que menos de una quinta parte cotiza para pensión de vejez, son muy pocas las mujeres que finalmente se ven impulsadas hacia la formalización. Respecto a H2, ellas están altamente representadas en el trabajo no remunerado, el cual actúa como un factor que disminuye la probabilidad de formalización. Este trabajo no remunerado, además, se reparte y se distribuye de forma desigual tanto entre quien asume como en el tipo de tareas que se realizan, situando de nuevo en desventaja a las mujeres.
5. Discusión
En el modelo probabilístico se han hallado 3 factores comunes que afectan positivamente a ambos colectivos dentro de las primeras 4 posiciones. Así, se evidencia que la llevanza de registros contables, la generación de ingresos por encima del sueldo mínimo y la tenencia de estudios universitarios o técnicos son las variables que tienen una mayor incidencia —en ese orden— en la probabilidad de formalizar un microemprendimiento. Existen barreras de género que impiden el acceso y desempeño de las mujeres emprendedoras relacionadas con estos factores (ILO, 2017, 2018b; INE, 2020c; OECD, 2019b; World Bank, 2020; World Economic Forum, 2019), siendo numeroso el colectivo de emprendedoras en Chile que no lleva registros contables, tiene niveles de ingresos por debajo del salario mínimo, y/o no posee estudios académicos o técnicos, según evidencian nuestros resultados. Ello deriva en que la mayoría de microemprendedoras no tenga probabilidad de formalizarse; por lo tanto, se colige que las barreras de género actúan como barreras a la formalización. Esto implica, a su vez, que los factores positivos podrían ser promovidos desde la política pública para que actúen como impulsores de la formalización si se consideran las acciones desde la perspectiva de género (Pazos, 2011; UN Women, 2020).
En segundo lugar, en cuanto a los factores que afectan negativamente a la formalización, el factor común a hombres y mujeres es la cantidad de horas de trabajo no remunerado, donde la probabilidad de formalizarse decrece conforme aumenta la cantidad de horas que tenga la persona microemprendedora. Esta variable afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales prácticamente triplican la cantidad de horas destinadas por los hombres a esas actividades y cargan con una desigual distribución de tareas. Como en el caso anterior, en relación con este factor, la mayoría de microemprendedoras no tendrá probabilidad de formalización. Por lo tanto, las barreras de género —ahora en términos de uso del tiempo— también actúan como barreras a la formalización. Esta situación deriva de la cultura tradicional basada en roles de género arraigada en la región (Cepal, 2021a, 2021b; Ilie et al., 2018; Vaca Trigo, 2019), lo que destaca la ausencia de soluciones desde la política pública (OIT et al., 2021; Ruiz-Martínez et al., 2021a). A nivel global, es evidente el impacto en la desigualdad de género y las consecuentes desventajas para las mujeres en el ámbito del empleo y del emprendimiento generando mayor precariedad e informalidad laboral (Alon et al., 2020; Elam, 2021; UN Women, 2021). En la región latinoamericana, y concretamente en Chile, se han puesto en marcha algunas políticas sensibles al género con amplia cobertura que, si bien no han sido suficientes para evitar el aumento de las brechas, han contribuido a minimizar el impacto de las desventajas sistémicas (Bergallo et al., 2020). En este sentido, tal como mencionan Bergallo et al. (p. 25), la pandemia agudiza la deuda que tiene la sociedad en la organización social de cuidados, que recae en mayor parte en las mujeres.
En tercer lugar, respecto al nivel de ingresos por encima del salario mínimo como variable impulsora de la formalización, nótese que, en un escenario de caída de ingresos como el del contexto de crisis económica producido por la pandemia, se confirma la tendencia al aumento de la informalidad (Maurizio, 2021). Este aumento en la informalidad, plausible para toda la región (p. 48), así como las consecuencias asociadas a las condiciones de trabajo en este ámbito, como la precariedad y la baja productividad (Gómez Sabaini & Morán, 2017; INE, 2020b; Neffa, 2020; OIT, 2020b), plantean un escenario con mayores desafíos para las mujeres en la región general, pero también en Chile (INE, 2020d).
Esta relación entre precariedad e informalidad explicaría la tendencia a emprender en el sector informal, aun en condiciones más precarias, debido a las barreras del sector formal (Gómez Sabaini & Morán, 2017; ILO, 2018a). Esto ocurre de forma específica en el caso de las mujeres emprendedoras (DiRienzo & Das, 2021), perpetuando el círculo vicioso entre precariedad e informalidad en un contexto marcado por el género.
Nuestros resultados para Chile nos llevan a confirmar que mientras existan barreras de género es más probable que las emprendedoras se mantengan en el sector informal, lo cual es consistente con los resultados del estudio de DiRienzo y Das (2021) para 70 países —incluido Chile—. En dicho trabajo, se analiza el tamaño del sector informal con la prevalencia del emprendimiento femenino en el sector formal.
Finalmente, este estudio contribuye a poner de relevancia la escasa participación del colectivo microemprendedor en los sistemas de previsión de salud y pensiones, dado que solo un 19 % de mujeres y el 27 % de hombres cotiza a fondos de pensiones, y poco más de un 40 % de ambos a seguros de salud. El hecho de que el propio Ministerio de Economía no tome en cuenta la falta de cotizaciones en Chile a estos sistemas como criterio para la clasificación del trabajo como informal no impide que constituya un indicador de precariedad laboral, razón por la que la OIT sí lo considera parte de la economía informal (Henríquez, 2019; OIT, 2015, 2020a).
5.1. Conclusiones y recomendaciones para políticas públicas
Los resultados del estudio permiten la formulación de políticas públicas específicas para impulsar la formalización del microemprendimiento en Chile de los colectivos de hombres y mujeres de forma específica. En este sentido, sería posible inferir, por ejemplo, que las medidas orientadas a fomentar la llevanza de registros contables en el emprendimiento harían más probable que hombres y mujeres formalicen sus microemprendimientos, dado que es un factor determinante de primer orden que, además, refleja una similar dinámica en la vida cotidiana de ambos colectivos. Sin embargo, otras medidas debieran ajustarse en función del diferente comportamiento de las variables y de su peso relativo en cada colectivo.
La brecha de ingresos entre hombres y mujeres conlleva un distinto resultado en la capacidad de formalización, dado que hay mayor cantidad de hombres que superan el umbral del salario mínimo y será probable que lleguen a formalizar sus negocios; mientras que, en cambio, la cantidad de mujeres es muy inferior. Otras diferencias están en factores como el uso de internet: ambos colectivos participan de forma similar, pero inciden en la formalización de manera distinta, pues afecta muy poco en el colectivo de las mujeres y, en cambio, sí es un factor determinante en el de los hombres. Respecto a la capacitación, es también un factor que tiene clara incidencia en la probabilidad de formalizar el emprendimiento en el colectivo de los hombres; sin embargo, en el de las microemprendedoras no tiene ninguna incidencia. Si las políticas públicas tienen el objetivo de lograr un mayor índice de formalización en el microemprendimiento, claramente deben contemplar estas distintas dinámicas.
Todo ello pone de manifiesto la justificada necesidad de la aplicación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, pero especialmente en las relacionadas con el mercado de trabajo, lo cual permitirá ajustar adecuadamente el impacto para cada colectivo (Pazos, 2011; UN Women, 2020). Un caso específico es el de las políticas de uso del tiempo. La doble jornada de las mujeres (Hochschild, 1989) queda evidenciada en la sobrecarga de horas de trabajo no remunerado, lo que les hace más difícil competir en el mercado, disminuyendo las expectativas de crecimiento y contribuyendo a la informalidad de sus emprendimientos. Desde las primeras encuestas de uso del tiempo en Chile (INE, 2016) se hizo evidente la necesidad de implementar políticas para un uso del tiempo más equitativo entre hombres y mujeres, como el fomento de la corresponsabilidad o el apoyo en el cuidado de personas dependientes en las familias monoparentales. En este sentido, instituciones gubernamentales chilenas pusieron en marcha iniciativas acordes (OIT et al., 2021) que sugerimos sean redimensionadas frente a las nuevas evidencias ofrecidas.
5.2. Limitaciones y futuras direcciones en la investigación
La ausencia del COVID-19 como variable en el estudio, dado que la fuente de datos procede de 2019, resulta de utilidad para evaluar las dinámicas subyacentes a la pandemia. El estudio ha permitido observar qué factores externos e independientes a la pandemia inciden en la formalización de los microemprendimientos en Chile. Son factores estructurales que permanecen en el tiempo y precisan de la acción de las políticas públicas. Por una parte, se hace patente la ausencia de esta variable y será relevante en el futuro realizar investigaciones similares incluyendo los datos que se obtengan en la futura encuesta periódica del país, aunque la variable COVID-19 es, pese a su gravedad y alcance, un factor coyuntural, por lo que consideramos que otras metodologías podrían tener mejor aplicación para su estudio. Por otra parte, hemos comparado estos resultados con el contexto del año 2021 y se vislumbran amplios horizontes por resolver. A partir de esta nueva realidad, hay nuevos puntos de partida para los emprendedores y las emprendedoras que son distintos para cada colectivo (OIT et al., 2021; UN Women, 2021) y están marcados a diferentes niveles: en el cambio de hábitos en el consumo de sus clientelas, en el uso de tecnologías e, incluso, en la distinta distribución de la riqueza a nivel global (Cepal, 2021b; OCDE, 2020).
1 Así, para identificar a las personas microemprendedoras en todo el país, el INE considera a todas las personas empleadoras o trabajadoras por cuenta propia con un número de personas empleadas que va de 0 a 10, tanto inscritas (trabajo formal) como no inscritas en el SII (trabajo informal).