La mujer en la construcción de paz positiva: exigencias inaplazables para la superación del conflicto socioambiental y armado en Colombia
Women in Positive Peacebuilding: Urgent Demands for Overcoming the Socio-Environmental and Armed Conflict in Colombia

Resumen: Este artículo de investigación analiza el rol de la mujer en la construcción de paz positiva para la superación del conflicto socioambiental y armado en Colombia. Se parte del enfoque holístico, bajo la influencia principal del paradigma constructivista, para desarrollar una metodología de tipo analítico, con diseño documental, evolutivo y multivariable, la cual consistió en revisar una serie de documentos oficiales desde la óptica ecofeminista, con la finalidad de revelar retos, logros y novedades en los enfoques gubernamentales adoptados para la construcción de paz tras la firma del Acuerdo de La Habana, suscrito entre el Gobierno colombiano y el grupo subversivo FARC-EP. Los resultados evidencian que, si bien se han incorporado avances discursivos en torno a la equidad de género y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, persisten múltiples vacíos en la implementación territorial de las políticas, en especial en contextos donde las mujeres han sido tradicionalmente excluidas. Asimismo, se observa una persistente instrumentalización del papel femenino en escenarios de posacuerdo, lo que limita su participación transformadora. La investigación concluye que una paz verdaderamente sostenible y justa en Colombia requiere la integración activa de las mujeres como agentes políticas y ambientales, más allá de los enfoques asistencialistas, mediante el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios, la protección de defensoras ambientales y la adopción de una perspectiva ecofeminista transversal en la planeación estatal.

Palabras clave: Ecofeminismo. Ecología política. Enfoque de género. Ética del cuidado. Guerra. Justicia ambiental.

Abstract: This research article analyzes the role of women in positive peacebuilding to overcome the socio-environmental and armed conflict in Colombia. It uses a holistic approach, primarily influenced by the constructivist paradigm, to develop an analytical methodology with a documentary, evolutionary, and multivariate design. The methodology consisted of reviewing a series of official documents from an ecofeminist perspective. The goal was to reveal challenges, achievements, and developments in the government approaches adopted for peacebuilding following the signing of the Havana Agreement between the Colombian government and the FARC-EP subversive group. The results show that, while discursive advances have been incorporated around gender equity and the recognition of nature as a subject of rights, multiple gaps persist in the territorial implementation of policies, especially in contexts where women have traditionally been excluded. Furthermore, a persistent instrumentalization of the female role is observed in post-agreement scenarios, which limits their transformative participation. The research concludes that a truly sustainable and just peace in Colombia requires the active integration of women as political and environmental agents, going beyond welfare-based approaches, by strengthening community leadership, protecting women environmental defenders, and adopting a cross-cutting ecofeminist perspective in state planning.

Keywords: Ecofeminism. Political Ecology. Gender Approach. Ethics of Care. War. Environmental Justice.

Durante el devenir histórico de Colombia, la violencia armada entre connacionales, presente en múltiples espacios de convergencia social, ha dejado huella en la trayectoria del país, lo cual condiciona las esferas cultural, política, económica e incluso jurídica, siendo hoy la mayor causa de un tejido social fracturado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018; Corcione-Nieto et al., 2021; Aguilera Peña, 2024). Con la firma del Acuerdo de Paz^[1], en 2016, se inició la ejecución de seis puntos principales para superar el conflicto armado interno, proceso que fue marcado por el desarme y desarticulación de las FARC-EP en tanto grupo armado organizado, lo cual fue un primer paso hacia la restauración del tejido social; sin embargo, la guerra entre connacionales se mantiene, debido a la persistencia de causas estructurales como las economías ilícitas y el narcotráfico (Palma, 2023).

En el marco de la coyuntura bélica, el número de personas afectadas de forma directa o indirecta escala a 9 912 173, de las cuales 4 976 783 son mujeres, según el Registro Único de Víctimas (RUV) dispuesto por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con fecha de corte al 31 de marzo de 2025. No obstante, el sexo en tanto condición humana, aunado a las estructuras abstractas de género, ha conllevado experimentar el conflicto de formas particulares, como es la exposición a la violencia sexual y la dominación masculina como estrategias bélicas, incluso la mutación del feminismo desde las filas armadas a través de mujeres enlistadas para ejercer violencia, pese al rol pasivo que el sistema sociocultural les asignó (Rettberg, 2022; Muñiz Torrenegra & Correa Martínez, 2022).

Por otra parte, el conflicto colombiano no solo trastoca a la sociedad humana, pues la naturaleza también ha recibido el impacto de la acción bélica, apoyada incluso por actores externos, quienes encuentran ventajas económicas en el despojo y la explotación masiva de las tierras, amparados por un sistema que legitima la acumulación de capital, aun a costa de la dignidad humana y ambiental (Molina-Orjuela et al., 2022; Sorzano-Rodríguez et al., 2024; Marlés Herrera et al., 2024). Los daños contra la naturaleza implican un deterioro continuo de la vida misma, además de circunscribir la vulneración de múltiples comunidades que, ancestralmente, han consolidado su identidad alrededor de ella, como los campesinos, afrocolombianos e indígenas (Vargas Reina et al., 2021; Sorzano-Rodríguez et al., 2024; Marlés Herrera et al., 2024).

Todo ello permite catalogar la guerra vivida en Colombia como un conflicto socioambiental^[2] donde la mujer resulta afectada de forma particular; por ende, estudiar la construcción de paz desde un enfoque ecofeminista permite ampliar la discusión sobre el horizonte nacional. De esta manera, el objetivo del presente proceso investigativo fue analizar el rol de la mujer en la construcción de paz positiva para la superación del conflicto socioambiental y armado en Colombia desde la óptica ecofeminista. Para ello, el análisis parte de los conceptos de violencia y paz propuestos por Galtung (1996; 1998), haciendo una lectura en clave ecofeminista no solo al conflicto armado, sino a las oportunidades de construcción de paz desde el rol socioambiental de la mujer.

En este sentido, se asume la distinción entre distintos tipos de violencia (directa, estructural y cultural), en conjunción con las posibilidades de paz (negativa y positiva), comprendiendo la estructura patriarcal como forma de violencia que legitima la inequidad hacia la mujer. Esta perspectiva permite reconocer la urgencia de incorporar la voz del liderazgo femenino en la transformación estructural del país, visibilizando su papel en la defensa del territorio y la vida; por tanto, el estudio aporta elementos clave para diseñar políticas públicas con enfoque de género y justicia ambiental en el marco de la transición hacia la paz, entendiendo al género como construcción social de características y roles asociados al sexo biológico (Rozario Steinhagen, 2025), y a la justicia ambiental como replanteamiento de las relaciones humano-ambiente en procura de conservar, proteger y restaurar los ecosistemas naturales afectados por la acción humana (Alba-Patiño et al., 2025; Mangani et al., 2025).

La noción de mujer, desde características determinantes del sexo biológico, cobija a aquellos individuos humanos nacidos con genitales y genes femeninos. Sin embargo, el análisis ontológico-histórico permite considerar otros factores para consolidar una imagen definitiva de la mujer, pues el sexo femenino ha sido ubicado por el sistema patriarcal en un orden simbólico de subordinación, al cual involucra la asignación de tareas asociadas al cuidado y la limitación de las posibilidades para desarrollar independencia, generando una relación dominante-dominado transversal en las clases sociales (Sendón de León, 2002; Bolla, 2018; Gorriti & Farrán, 2022). El feminismo, entonces, es una alternativa teórica, cultural y política, liderada por mujeres para el beneficio de las mujeres, en busca de la paridad social entre sexos (Fischer et al., 2024).

Por su parte, el ecofeminismo, más allá de integrar la ecología al feminismo, implica una atención integral a los fundamentos de ambos; procura la protección de los ecosistemas ante acciones humanas desproporcionadas, en conjunción con la reivindicación de la mujer en términos de derechos e igualdad de oportunidades, lo cual es posible si se comprende que el sexo femenino, con todas sus cuestiones de género, ha creado un vínculo más estrecho con la naturaleza, en comparación con el hombre, al tener que interactuar en forma directa con el aprovechamiento sociofamiliar de aquella, a fin de transformar la organización del mundo desde un rol activo de la mujer, quien comparte con la biósfera su historia de cosificación e instrumentalización, pudiendo comprenderla en profundidad y actuar en consecuencia (Mies & Shiva, 1993; Puleo, 2008; Svampa, 2019; Resurrección, 2024; Castro-Bernardini, 2024).

Es así que, al hacer énfasis en el conflicto armado colombiano, la óptica ecofeminista supone, de inicio, reconocer la existencia de barreras significativas para la participación femenina, incluso respecto al cuidado de la naturaleza; asimismo, que la violencia armada es un agravante para la tradicional violencia basada en el género, así como un óbice para la sostenibilidad ambiental, debido a los distintos episodios que transversalmente afectan a la mujer y a la naturaleza, uniendo sus historias, dada una misma posición simbólica asignada por el sistema de dominación eminentemente masculino (Marlés Herrera et al., 2018; De la Parra-Guerra et al., 2025). Paralelo a ello, este enfoque implica avanzar en la discusión sobre cómo puede la mujer apropiarse de un rol más activo, con base en su amplia trayectoria comprensiva de la guerra y el deterioro de la vida (Marlés Herrera et al., 2018; De la Parra-Guerra et al., 2025).

Sobre ello, la tarea del ecofeminismo al interior del panorama conflictual colombiano no es otra que desarticular progresivamente la violencia en todas sus formas, que permitiría el tránsito de un sistema violento a uno en paz negativa, cuyo reto posterior es la paz positiva, en tanto estado óptimo para el desarrollo socioeconómico digno de cualquier nación, considerando los postulados de Galtung (1996; 1998). En este sentido, la ética del cuidado puede ser la base para vislumbrar posibles acciones, protagonizadas por mujeres, para transformar las relaciones intersubjetivas y socioambientales en el país, como ya es observable en algunas iniciativas aisladas (Alzate-Zuluaga et al., 2022; Rodríguez Hernández, 2022; Vega-Salazar, 2024; Riaño-Landazabal, 2025).

Desde esta investigación, se asume que la reflexión permanente sobre los fenómenos sociales es reflejo de la necesidad que acompaña a la humanidad de comprender escenarios paradójicos, donde confluyen las personas y su entorno, sin reducirlos a variables sin más, de manera que sean examinados sinérgicamente, en tanto elementos de una realidad común que trasciende a su singularidad; así, todas las disciplinas, especialmente las de carácter social, promueven un trabajo mancomunado, interdisciplinario, para construir conocimiento con consideraciones más holísticas que trasciendan las limitaciones del positivismo y el neopositivismo (Hurtado de Barrera, 2010).

Por tanto, se adoptó un enfoque holístico, influenciado principalmente por el paradigma constructivista, del cual deriva un estudio de tipo analítico, al considerar como foco de estudio la relación permanente e interactiva entre los múltiples factores que influyen en el contexto de la investigación (Hurtado de Barrera, 2010), y por el paradigma interpretativo feminista, desde el cual se cuestiona la objetividad analizando poder, género y conocimiento (Sadovnik, 2007). En paralelo, el diseño del análisis es: documental, por sus fuentes de información; transversal evolutivo contemporáneo, por la perspectiva temporal acuñada en un momento específico de estudio, la cual se aplica a un fenómeno vigente; y multivariable de caso, por la complejidad y particularidad que ostenta la realidad investigada (Hurtado de Barrera, 2010).

Por ello, los objetivos específicos que orientaron este proceso investigativo fueron: (1) identificar los elementos clave para la inclusión de la mujer en la construcción de paz positiva, según el Acuerdo de Paz de 2016; (2) examinar los retos y logros para la mujer en materia de construcción de paz positiva, desde el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; (3) determinar los enfoques de construcción de paz adoptados por los gobiernos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz de 2016, de conformidad con sus planes nacionales de desarrollo. En este sentido, las fuentes de información fueron documentos públicos, alojados en bases de datos oficiales, los cuales fueron contrastados con el marco teórico expuesto para una reflexión más profunda.

La recolección de la información se realizó mediante análisis documental cualitativo de fuentes normativas y de planeación estatal, específicamente del Acuerdo Final de Paz de 2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, seleccionados por su centralidad en la configuración del discurso oficial sobre paz, desarrollo y enfoque de género. El análisis se orientó a identificar categorías, narrativas, énfasis y silencios en torno al rol de la mujer y la dimensión socioambiental, a partir de una lectura interpretativa y crítica del contenido, entendiendo las políticas públicas como construcciones discursivas cargadas de valores y relaciones de poder. En consonancia con el giro argumentativo del análisis de políticas públicas, se privilegió el examen del lenguaje, los supuestos normativos y las racionalidades subyacentes a los textos, siguiendo los aportes de Yanow (2007), quien sostiene que el sentido y los efectos de la política se producen tanto en el discurso como en la práctica institucional.

4. Resultados del análisis: rol de la mujer en la
construcción de paz positiva para la superación del conflicto socioambiental y armado en Colombia

4.1 Elementos clave para la inclusión de la mujer en la construcción de paz positiva

El Acuerdo de Paz de 2016 constituyó un avance sin precedentes en la historia reciente de Colombia, al incluir explícitamente el enfoque de género como principio transversal en todos sus componentes, representando una respuesta institucional a décadas de luchas del movimiento de mujeres, feministas o no, por visibilizar los impactos diferenciados del conflicto armado (Vargas & Díaz Pérez, 2018; Jiménez Cuadros et al., 2021). En este sentido, el Acuerdo de Paz reconoce que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no puede lograrse sin medidas afirmativas que aborden los efectos desproporcionados que ha tenido la guerra sobre las mujeres, especialmente en lo relacionado con la violencia sexual, lo cual inscribe un reconocimiento estructural de la desigualdad derivada del género.

Entre los elementos clave que permiten identificar la inclusión de la mujer en la construcción de paz positiva destacan varios compromisos concretos. En primer lugar, se establece que las mujeres deben tener participación activa en todos los espacios relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, incluso en la verificación y seguimiento. En segundo lugar, se garantiza el acceso equitativo a la tierra, a proyectos productivos y a bienes públicos, como parte del componente de Reforma Rural Integral. Además, se promueve la representación equilibrada de las mujeres en cargos de decisión política, así como su acceso a formación y liderazgo, reconociendo el papel transformador que han desempeñado en escenarios de resistencia civil y reconstrucción comunitaria.

No obstante, un análisis crítico desde la óptica ecofeminista evidencia limitaciones relevantes en dicha inclusión, pues, aunque el Acuerdo de Paz avanza en la identificación de las mujeres como víctimas, ciudadanas y sujetos de derechos, no logra configurar una visión integral de las mujeres como sujetos políticos que comparten con la naturaleza una historia de subordinación, cosificación e instrumentalización. Este vacío resulta problemático si se considera que múltiples estudios, tanto desde la teoría como desde la praxis territorial, han demostrado que las mujeres, especialmente en contextos rurales y étnicos, desempeñan un rol esencial en la defensa de la naturaleza, la sostenibilidad del territorio y la seguridad alimentaria, considerando que el bienestar de la tierra es también el bienestar de quienes consumen sus productos. El texto del Acuerdo de Paz no es explícito frente a la dimensión socioambiental del liderazgo femenino, lo cual debilita su capacidad para consolidar una paz que también sea ecológica y estructuralmente transformadora.

Adicionalmente, el Acuerdo consagra el enfoque de género como transversal, pero esta transversalidad depende enteramente de la voluntad política en la etapa de implementación (Vargas & Díaz Pérez, 2018; Marlés Herrera et al., 2018). La experiencia posterior a la firma ha demostrado que, en ausencia de mecanismos efectivos de exigibilidad y seguimiento, muchas de las medidas propuestas en clave de género han quedado rezagadas o subsumidas en lógicas asistencialistas. Diversos informes de organizaciones de mujeres y entidades de verificación han documentado las brechas entre el diseño y la aplicación territorial de los compromisos adquiridos, especialmente en regiones afectadas por el extractivismo, el narcotráfico y la persistencia de actores armados (Robayo Corredor et al., 2023; Echevarría Álvarez et al., 2024).

Desde la lectura ecofeminista que orienta esta investigación, resulta necesario resaltar que el Acuerdo de Paz, aunque incorpora importantes avances, no formula un marco ético-político que vincule de forma estructural los derechos de las mujeres con los derechos de la naturaleza. La ausencia de una articulación directa entre género, territorio y justicia ambiental deja fuera del diseño de paz positiva a las múltiples formas en que las mujeres encarnan la defensa de la vida en su sentido más amplio: cuerpo, comunidad y ecosistema. En consecuencia, la implementación del Acuerdo de Paz no puede entenderse como plenamente transformadora mientras no promueva el rol central de las mujeres como agentes de justicia socioambiental (De la Parra-Guerra et al., 2025).

En síntesis, el Acuerdo de Paz representa un avance relevante en cuanto al reconocimiento formal del enfoque de género, pero no logra consolidar una propuesta de paz positiva en clave ecofeminista, ni tampoco exige transitar de una lógica centrada en la reparación y la inclusión formal hacia una apuesta verdaderamente transformadora, donde las mujeres sean reconocidas como actoras fundamentales en la defensa del territorio, la sostenibilidad de la vida y la reconfiguración ética de la nación. Por ende, es crucial revisar la efectividad de las estrategias de gobierno en la materialización de la paz.

4.2 Retos y logros para la mujer en materia de construcción de paz positiva desde el enfoque gubernamental del periodo
2018-2022

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, titulado «Pacto por Colombia, pacto por la equidad», reconoce parcialmente el papel transformador de las mujeres en la consolidación de la paz, en especial a través de su inclusión como actoras estratégicas en el desarrollo rural, la reconstrucción institucional y la vida democrática. Dentro del «Pacto por la equidad de oportunidades para las mujeres», se establecen compromisos dirigidos al empoderamiento económico, la garantía de una vida libre de violencias y la participación efectiva en escenarios políticos y sociales. Particular énfasis se da a las mujeres rurales como agentes de transformación, reconociendo su rol histórico en el sostenimiento de la vida y la seguridad alimentaria, y proponiendo medidas para su acceso a la tierra, a proyectos productivos, al crédito y a la formación técnica.

Asimismo, el PND 2018-2022 se compromete con el fortalecimiento de los mecanismos de protección para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, la transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz y la mejora de la capacidad institucional de las Comisarías de Familia. Estas acciones representan un avance en el reconocimiento formal de las mujeres como sujetas de derecho y como parte integral de la superación del conflicto armado. No obstante, un análisis crítico revela limitaciones estructurales, ya que, aunque el enfoque de género es presentado como transversal, en la práctica aparece subordinado a metas operativas, sin consolidar un sistema de monitoreo riguroso ni una asignación presupuestal
diferencial suficiente.

El PND 2018-2022 no incorpora una comprensión profunda de las intersecciones entre género, territorio y naturaleza. La mujer aparece, en muchos casos, como beneficiaria de programas sociales y productivos, más que como sujeta política transformadora del modelo de desarrollo. A ello se suma la débil articulación entre las agendas de igualdad de género y de justicia ambiental, lo cual impide avanzar hacia una noción de paz tanto ecológica como estructuralmente sostenible. Este aspecto se acentúa al observar que el PND 2018-2022 no aborda con la suficiente contundencia los efectos del modelo extractivista sobre la vida de las mujeres en los territorios, ni reconoce el papel que muchas de ellas desempeñan en la defensa de los ecosistemas frente al despojo, la minería, la contaminación y el desplazamiento forzado, aun a pesar de mencionar la protección a mujeres defensoras, puesto que no se profundiza en la violencia socioambiental como una manifestación del patriarcado moderno, limitando las posibilidades de pensar una paz positiva en clave ecofeminista.

En contraste, el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, presentado en 2022, amplía el horizonte analítico al articular el reconocimiento del daño con la recuperación de la agencia de las mujeres en múltiples contextos del conflicto armado. A través de tomos como «Mi cuerpo es la verdad», «Sufrir la guerra y rehacer la vida» y «No matarás», la Comisión de la Verdad sugirió una reconstrucción profunda de las violencias ejercidas contra las mujeres, no solo en su dimensión sexual o física, sino también como violencia estructural y cultural. Uno de los mayores aportes del Informe Final es visibilizar la violencia sexual como arma de guerra y forma de control del territorio, especialmente en regiones donde las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas fueron víctimas sistemáticas de vejámenes como violación, esclavitud sexual, desaparición forzada, estigmatización y desarraigo.

Ahora bien, estas formas de violencia no fueron hechos aislados, sino prácticas funcionales a los intereses políticos, económicos y militares de diversos actores armados; además, se reconoce que muchas mujeres vivieron el conflicto como una agresión conjunta contra sus cuerpos y sus territorios, en contextos donde el despojo armado y el extractivismo operaron de forma simultánea. A diferencia del PND 2018-2022, la Comisión de la Verdad destaca no solo la condición de víctima de las mujeres, sino también su capacidad de resistencia, organización y reconstrucción de la vida en medio del conflicto. Se documentan procesos liderados por mujeres en defensa del agua, la tierra y los saberes ancestrales, así como experiencias comunitarias de justicia restaurativa, memoria y reconciliación que cuestionan los modelos tradicionales de paz estatal. Así las cosas, el Informe Final de la Comisión de la Verdad introduce una narrativa de la paz que integra cuerpo, comunidad y ecosistema, permitiendo una lectura afín al ecofeminismo.

Sin embargo, desde una mirada crítica, es posible identificar que, aunque se reconocen los impactos del conflicto sobre la naturaleza y se documenta la violencia ambiental, la articulación directa entre género y justicia ecológica no es sistemática. Los tomos no desarrollan una categoría analítica que relacione de manera estructural al patriarcado y la violencia ecológica desde el protagonismo femenino. Se evidencia, por tanto, una ausencia de marco ecofeminista explícito, lo cual limita el potencial del Informe para orientar políticas públicas que integren de forma robusta los derechos de las mujeres con la defensa del ambiente y los territorios. Esto significa que tanto el PND 2018-2022 como el Informe Final de la Comisión de la Verdad representan avances importantes, pero incompletos, para la inclusión de las mujeres en la construcción de paz positiva.

Por una parte, se observa un enfoque normativo y programático, que reconoce el rol productivo y político de la mujer, pero no propende por transformar las estructuras patriarcales ni integrar la dimensión ambiental. En segundo lugar, se encuentra una mirada más profunda y situada que da voz a las mujeres que han resistido la guerra, pero aún no se sugiere avanzar en la construcción de una ética pública que articule género, naturaleza y justicia. Por ello, es necesario impulsar una lectura ecofeminista que fortalezca la relación entre paz, vida digna y sostenibilidad territorial, reconociendo que, sin la transformación estructural del orden patriarcal y del modelo extractivista, no será posible alcanzar una paz positiva en Colombia.

4.3 Novedades para la mujer en materia de construcción de paz positiva desde el enfoque gubernamental del periodo
2022-2026

El PND 2022-2026, titulado «Colombia, potencia mundial de la vida», representa un giro discursivo relevante en relación con la construcción de paz, en la medida en que reconoce explícitamente la vida, el agua, la justicia ambiental y la equidad como ejes estructurantes del desarrollo. Esta narrativa oficial abre posibilidades para integrar una visión transformadora de país, alineada con principios del ecofeminismo, tales como la ética del cuidado, la defensa del territorio y la justicia social interseccional.

Uno de los principales avances discursivos del PND 2022-2026 es la inclusión de la llamada Paz Total como apuesta central del Gobierno, lo cual se traduce en la articulación del Plan Cuatrienal de Implementación (PCI) con las transformaciones estructurales contempladas en el Plan. Esta estrategia busca acelerar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016 en sus dimensiones sustantivas, incluyendo los enfoques étnico y de género. Sin embargo, se ha alertado sobre la persistencia de rezagos en la implementación del enfoque de género en los puntos estructurales del Acuerdo de Paz (Robayo Corredor et al., 2023; Echevarría Álvarez et al., 2024).

Desde una mirada ecofeminista, esta situación evidencia la continuidad de la exclusión sistemática de mujeres rurales defensoras del territorio, quienes no solo enfrentan una distribución desigual de recursos y poder, sino también la carga del trabajo de cuidado no remunerado, la violencia ambiental y la estigmatización política. El PND 2022-2026 plantea una convergencia regional para cerrar brechas territoriales históricas, lo cual es una oportunidad, pero no necesariamente garantiza que estas mujeres sean protagonistas del proceso. En muchas zonas priorizadas para la Paz Total, como el Catatumbo, el Pacífico o el sur del Meta, las mujeres aún encaran barreras de acceso a tierras, participación en espacios decisorios y medidas reales de reparación transformadora (Robayo Corredor et al., 2023; Echevarría Álvarez et al., 2024).

El componente «Ordenamiento del territorio alrededor del agua» es innovador al reconocer el valor ecológico y simbólico del ambiente y la biodiversidad; sin embargo, se omite integrar explícitamente una perspectiva que reconozca a las mujeres como agentes fundamentales en la defensa del agua, especialmente en contextos marcados por el extractivismo, la deforestación y los conflictos socioambientales. Aunque se habla de justicia ambiental, no se profundiza en cómo dicha justicia debe construirse con base en la participación equitativa de las mujeres ni cómo enfrentar las relaciones de poder patriarcal en la gestión ambiental, más aún cuando es sabido que los conflictos socioambientales son una amenaza directa a la sostenibilidad de la paz, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes muchas veces lideran la defensa del territorio desde lógicas de cuidado, reciprocidad y sostenibilidad que el modelo desarrollista ignora o relega (Robayo Corredor et al., 2023; Echevarría Álvarez et al., 2024).

En relación con la Reforma Rural Integral (RRI), el PND 2022-2026 insiste en la necesidad de reactivar el campo como motor de desarrollo; no obstante, se observa un déficit en la adopción de acciones afirmativas concretas para garantizar la titulación colectiva y la formalización de la propiedad a favor de las mujeres, así como el acceso efectivo a crédito, asistencia técnica y sistemas de cuidado rural. Este punto es particularmente preocupante, ya que, sin transformar la propiedad de la tierra y sin reconocer el rol de las mujeres en la producción agroecológica y la seguridad alimentaria, es imposible hablar de paz ni de justicia ambiental. En este aspecto, el modelo de desarrollo nacional sigue atrapado en una lógica productivista y tecnocrática, que, aunque incluye el lenguaje de la equidad, no altera las estructuras que perpetúan la desigualdad rural basada en el género.

Por su parte, el eje de «Transformación productiva, internacionalización y acción climática» incorpora un enfoque de innovación verde, transición energética y bioeconomía, pero sin un análisis crítico desde los impactos diferenciados por género. El riesgo aquí es que se perpetúe un modelo extractivo con rostro «verde», el cual mantenga las asimetrías estructurales en la distribución de beneficios, cargas y riesgos. Por tanto, no basta con reducir emisiones o proteger páramos si no se garantiza también que las mujeres tengan voz, derechos y participación real en las decisiones que afectan sus cuerpos y territorios (Svampa, 2019).

Adicionalmente, el PND 2022-2026 reconoce la necesidad de fortalecer la economía del cuidado; sin embargo, el tratamiento sigue siendo fragmentario y centrado en el lenguaje de la eficiencia económica, adverso a la propuesta de una ética del cuidado como principio civilizatorio, que desmercantilice la vida y valore el trabajo no remunerado de las mujeres. Si bien se mencionan iniciativas, como los sistemas locales de cuidado, es crucial preguntarse si estos vienen siendo suficientemente financiados, territorializados y gestionados con la efectiva participación de las mujeres, de forma que se conviertan en verdaderos pilares de una paz duradera.

En suma, aunque el PND 2022-2026 introduce un lenguaje transformador que reconoce la vida, el agua y la justicia ambiental como pilares del desarrollo, persisten vacíos significativos en la inclusión efectiva de las mujeres como actoras centrales en la construcción de paz positiva. Las propuestas carecen de medidas estructurales que garanticen la participación, el acceso a recursos y la reparación transformadora para mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. La apuesta por una paz sostenible requiere no solo enfoques diferenciales, sino también una voluntad política decidida para desmontar las lógicas patriarcales que siguen reproduciendo exclusiones en los territorios históricamente afectados por el conflicto.

El ecofeminismo, como enfoque crítico y propositivo, ofrece herramientas fundamentales para repensar los modelos de desarrollo hegemónicos; por tanto, no solo implica denunciar las desigualdades estructurales, sino también construir propuestas concretas de sostenibilidad, equidad y justicia socioambiental; por ende, es una práctica viva que se encarna en experiencias comunitarias, en saberes ancestrales y en proyectos colectivos que integran el cuidado, la reciprocidad y la defensa de los territorios.

En el contexto colombiano, este enfoque resulta especialmente pertinente, dada la interrelación entre las violencias patriarcales, el conflicto armado prolongado y el modelo extractivista que ha marcado la historia reciente del país. La evidencia recopilada demuestra que las mujeres, especialmente indígenas, campesinas y afrodescendientes, han ostentado simultáneamente la condición de víctimas centrales del conflicto socioambiental y un protagonismo clave en la defensa del territorio y la construcción de paz desde lo profundo del país. Esta doble condición revela la necesidad de asumir el ecofeminismo, hoy más que nunca, como una práctica política que reconoce la experiencia de las mujeres en la gestión del agua, la defensa de los ecosistemas, la transmisión de saberes y la reconstrucción del tejido social.

El análisis del periodo 2018-2022 mostró una brecha significativa entre el discurso institucional y la implementación real de políticas que integraran el enfoque de género de forma estructural. La inclusión de las mujeres en la construcción de paz se mantuvo limitada por la ausencia de voluntad política sostenida, la precariedad presupuestal y la débil articulación entre los niveles nacional y territorial. Además, persistieron lógicas asistencialistas y fragmentadas, que obstaculizaron una participación efectiva y transformadora de las mujeres en los procesos decisorios. Esta situación perpetuó la invisibilización de los aportes que históricamente han hecho las mujeres a la resolución de conflictos, la justicia ambiental y la seguridad alimentaria.

Frente a ello, el periodo 2022-2026 ha traído algunas novedades esperanzadoras, entre ellas el fortalecimiento del enfoque interseccional, la inclusión de liderazgos femeninos en espacios de negociación y el reconocimiento de la centralidad de los territorios y de las comunidades étnicas. No obstante, el paso del reconocimiento simbólico a la implementación efectiva sigue siendo una deuda pendiente. Sin embargo, la política pública todavía debe superar la fragmentación para avanzar hacia una institucionalidad coherente, articulada con los procesos comunitarios y sostenida en el tiempo. La Paz Total, en este sentido, no puede ser comprendida como una simple ampliación del enfoque securitista; debe tratarse de una oportunidad para repensar profundamente las dinámicas entre naturaleza, género y poder.

Los elementos más decisivos que se identificaron durante esta investigación son: la visibilización de los saberes y prácticas ecofeministas, la consolidación de espacios autónomos de mujeres para la incidencia política y el fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental con enfoque de derechos. Estos podrían traducirse en acciones de política pública con enfoque de largo plazo, con miras a redistribuir el poder, desmantelar las lógicas extractivistas-patriarcales del desarrollo y crear condiciones materiales y simbólicas para una paz, ante todo, garante de la vida digna. Dichos resultados, incluso, trascienden el contexto colombiano y ofrecen aportes significativos a países en procesos de posconflicto, crisis socioambientales o transiciones políticas.

En conjunto, el análisis de la actuación de la administración pública en los distintos periodos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz permite concluir que el rol de la mujer en la construcción de paz positiva ha sido reconocido de manera progresiva, aunque todavía insuficiente y marcada por tensiones entre el discurso y la materialización institucional. Mientras el Acuerdo de Paz de 2016 sentó las bases para su inclusión como sujetas políticas y constructoras de paz, el periodo 2018-2022 tendió a reducir dicho rol a una lógica instrumental y asistencialista, limitando su capacidad transformadora
en los territorios.

Por su parte, el periodo 2022-2026 introduce una narrativa más cercana a la paz positiva, al reconocer la centralidad de la vida, el cuidado y el territorio, abriendo un espacio para revalorizar los saberes, liderazgos y prácticas ecofeministas de las mujeres. No obstante, la persistencia de brechas en la implementación evidencia que la paz positiva solo será alcanzable en la medida en que la administración pública transite del reconocimiento formal a la redistribución efectiva del poder, incorporando a las mujeres no como beneficiarias del proceso de paz, sino como agentes estructurales en la transformación del modelo de desarrollo, la gestión ambiental y la reconstrucción del tejido social.

El rol de la mujer en la construcción de una paz positiva en Colombia debe asumirse como estructural y no accesorio, en la medida en que su experiencia histórica en la defensa del territorio, el cuidado de la vida y la gestión comunitaria de los bienes comunes aporta claves indispensables para transformar las causas profundas del conflicto. Más allá de su reconocimiento simbólico o de su inclusión formal en los marcos normativos, las mujeres deben ser concebidas como sujetas políticas con capacidad real de incidir en la redefinición del modelo de desarrollo, en la orientación de la política pública y en la consolidación de una institucionalidad que priorice la sostenibilidad, la justicia socioambiental y la dignidad humana. Solo desde esta centralidad es posible avanzar hacia una paz que no se limite al silenciamiento de las armas, sino que promueva condiciones materiales, culturales y democráticas para la vida en los territorios.

Por tanto, al proponer un enfoque ecofeminista holístico, esta investigación proporciona una metodología replicable para evaluar políticas de paz y desarrollo, útil en realidades marcadas por desigualdades basadas en el género y degradación ambiental, sirviendo como insumo para la construcción de paz en contextos como América Latina, África y Asia. Finalmente, debe reconocerse que no hay justicia social sin justicia ambiental, ni hay justicia ambiental sin equidad de género; por ende, la paz debe concebirse como un proceso continuo de reparación, redistribución y reconocimiento, donde las mujeres no sean simples beneficiarias, sino arquitectas de un nuevo horizonte sociopolítico.

Aguilera Peña, M. (2024). Un conflicto inconcluso: Fases, actores y dinámicas de la confrontación armada. En: R. Araújo Oñate. Análisis contextualizado del conflicto armado en Colombia. Tomo 1 (pp. 71-116). Defensoría del Pueblo. https://hdl.handle.net/20.500.13061/780

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Revista Kawsaypacha: Sociedad y Medio Ambiente.
N° 17 enero – junio 2026. E-ISSN: 2709 – 3689

[1] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado después de los diálogos en La Habana, Cuba, entre el Gobierno colombiano, encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, y uno de los grupos guerrilleros más antiguos en la historia del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

[2] Entiéndase por conflicto socioambiental a una situación de disputa de intereses sociales donde el ambiente termina siendo afectado de forma directa o indirecta, ya sea porque se disputa el control sobre la naturaleza vista como fuente de recursos, o porque se derivan daños colaterales contra esta en medio de la pugna de intereses antrópicos (Nava Escudero, 2018; Rodríguez Garavito & Baquero Díaz, 2020). En Colombia, el conflicto armado interno no solo ha afectado a los seres humanos, también a los territorios y a las especies vivas, conllevando un impacto significativo en el ecosistema nacional, lo que ha sido pie para considerar a la naturaleza como víctima de la violencia (Molina-Orjuela et al., 2022; Galindo Villareal, 2024).