Desinformación: aproximación conceptual, riesgos y remedios*

Disinformation: Conceptual Approach, Risks and Remedies

Jorge Astudillo Muñoz**

Universidad Andres Bello (Chile)

Resumen: El presente trabajo busca ofrecer una reflexión general sobre el fenómeno de la desinformación en la era digital con el fin de crear conciencia sobre los riesgos que representa para el normal desarrollo de los procesos democráticos. Además, busca destacar la necesidad de abordar la desinformación desde diversos ámbitos, en armonía con el pleno respeto de la libertad de expresión. El estudio pretende proporcionar herramientas que permitan identificar claramente la desinformación, señalar algunas ideas respecto de las finalidades que subyacen a la actividad de desinformar y revisar las principales etapas del proceso de desinformación. También busca ofrecer una visión más acabada del concepto de desinformación, planteando una distinción e identificando las conexiones entre esta actividad y el fenómeno comunicativo de las fake news. Posteriormente, el análisis se centra en los efectos que la desinformación produce para la democracia y el respeto a los derechos humanos, especialmente en el marco de las sociedades modernas marcadas por el uso de las TIC. Por último, se ofrece un breve panorama sobre algunas de las herramientas que pueden ser consideradas para hacer frente a la desinformación, aunque no se profundizará en cada uno de estos remedios debido a los límites de extensión del estudio.

Palabras clave: Desinformación, noticias falsas, internet, redes sociales, democracia, derechos humanos

Abstract: The current work seeks to offer a general reflection on the phenomenon of misinformation in the digital age in order to raise awareness about the risks it poses to the normal development of democratic processes. Furthermore, it aims to emphasize the need to approach misinformation from various perspectives, in harmony with full respect for freedom of expression. The study intends to provide tools that allow the clear identification of misinformation, to point out some thoughts regarding the purposes that underlie the act of misinforming and to review the main stages of the misinformation process. It also strives to offer a more comprehensive understanding of the concept of misinformation, by proposing a distinction and identifying the connections between this activity and the communicative phenomenon of fake news. Later on, the analysis concentrates on the effects that misinformation has on democracy and the respect for human rights, particularly within the context of modern societies characterized by the use of ICTs. Lastly, a brief overview is presented of some of the tools that could be considered to confront misinformation, although the study will not delve into each of these remedies due to its length constraints.

Keywords: Disinformation, fake news, internet, social media, democracy, human rights

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. LA DESINFORMACIÓN.- II.1. APROXI-MACIÓN conceptual y elementos que configuran el CONCEPTO.- II.2. Mensajes que no constituyen desinformación.- II.3. Sobre el proceso de la desinformación.- III. Desinformación y fake news.- IV. La desinformación y su incidencia en la democracia y en el respeto a los derechos humanos en el contexto de la era digital.- V. BREVE alusión a la necesidad de hacer frente al fenómeno de la desinformación.- VI. Conclusiones.

I. Introducción

En la era digital es posible observar un crecimiento exponencial en la conectividad a internet en todos los rincones del planeta, lo que se traduce en la existencia de millones de personas usuarias de la red en casi todo el mundo. La masiva conectividad a la internet va de la mano con un importante número de usuarios de redes sociales (en adelante, RR. SS.), que en la actualidad son miles de millones. En este entorno, la internet y las RR. SS. se han convertido en una importante fuente de información para un gran número de estos usuarios, redefiniendo la manera en que las personas acceden a los contenidos informativos y consumen noticias.

Informes emanados de distintos organismos dan cuenta de este nuevo fenómeno. En el Informe Sociedad Digital en España 2023, publicado por la Fundación Telefónica en abril de ese año, se dio cuenta entre otros datos de que durante 2022 casi dos tercios de la población mundial —esto es, un 66,3 %— era usuaria de internet, en comparación al mismo estudio realizado en 2021, que arrojó una conectividad del 62,6 %. Así, durante 2022 el porcentaje se incrementó en un 3,7 %. En consecuencia, a 2022, más de 5280 millones de personas eran usuarias de internet. Por otra parte, en el Digital 2023: Global Overview Report (We Are Social & Meltwater, 2023) se registra que el año 2023 existían 5160 millones de usuarios de internet en el mundo, lo que equivale a un 64,4 % de la población mundial. Del total de personas conectadas a la red, el mismo reporte indica que 4760 millones de usuarios de internet utilizan al mismo tiempo alguna red social, lo que equivale a alrededor de un 60 % de la población mundial.

Respecto de la conectividad a internet en Chile, un estudio realizado por el Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales, con la colaboración del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (Bravo et al., 2023), señaló que para el año 2022 el 89,2 % de los hogares chilenos tenía acceso a internet. De acuerdo con este estudio, el acceso a internet crece en relación con el ingreso de cada hogar. Este estudio evidenció que del total de hogares con menores ingresos, el 81 % tiene acceso a internet; mientras que del total los hogares con mayores ingresos, un 97 % cuenta con este servicio, lo que demuestra el alto grado de conectividad a internet en el país. Asimismo, según el estudio referido, los usuarios declaran que los principales usos que dan a internet es comunicarse, entretenerse e informarse (p. 63).

Este cambio paradigmático, que sin duda ha sido la causa de muchos beneficios y avances en la calidad de vida de las personas, también ha generado una serie de factores propicios para la propagación acelerada y la profundización de las noticias falsas y la desinformación que ellas generan. La rapidez con la que la información circula en estas plataformas, combinada con la falta de verificación rigurosa, contribuye a la expansión descontrolada de contenido erróneo, distorsionado o derechamente falso, subrayando la importancia de abordar críticamente la información en el vasto panorama digital de hoy en día. En este orden de cosas,

las nuevas tecnologías de la información han favorecido la democratización informativa, sin embargo, este proceso comunicativo bidireccional por el cual los ciudadanos se pueden convertir en el origen de las noticias se encuentra exento de controles de veracidad, por lo que desaparece el rigor informativo y la verificación de datos (Alonso González, 2019, p. 31).

Este fenómeno representa un desafío significativo, ya que la ausencia de filtros de verificación y el rápido flujo de información pueden facilitar la difusión de datos inexactos o incompletos, lo que potencialmente lleva a malentendidos y desinformación en una escala amplia. Algunos autores denominan este fenómeno como «periodismo ciudadano» (Gooch, 2017, p. 14; Puente & Grasau, 2011; Pellegrini-Ripamonti, 2010, p. 272; Suárez-Villegas, 2017, p. 92).

It User Tech & Business (2023), Silicon Technology Powering Business (2023) y otros medios digitales dedicados a la tecnología comentaron las predicciones tecnológicas para el año 2024 propuestas por la compañía Zscaler. Una de estas predicciones postula que se espera observar en 2024 un mayor número de ataques operados por inteligencia artificial (en adelante, IA) que se utilizarán para difundir noticias falsas, cuestión que se verá agravada sin una legislación eficiente que ponga límites a este tipo de prácticas, ya que sus autores podrán manipular socialmente cambios de comportamiento en diversos sectores de la sociedad. El Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial (2024) califica la desinformación como el riesgo global más severo anticipado para los próximos dos años (p. 14).

Con todo, vale destacar que en el derecho comparado es posible observar diversas regulaciones normativas que tienen por finalidad hacer frente a la desinformación. Por ejemplo, en Europa la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea está llamada a desempeñar un papel clave para hacer frente a la desinformación, especialmente la que se produce y difunde en línea. Ello sin perjuicio de constatar que varios Estados europeos han comenzado a implementar legislaciones para abordar este fenómeno, con los matices propios de cada tradición jurídica y sistema político. De esta forma, legislaciones de esta naturaleza están vigentes en Hungría, Inglaterra, España y Alemania, entre otros países.

En definitiva, si bien la desinformación siempre ha estado presente en las sociedades humanas, en el marco de las sociedades de la información influenciadas por las TIC, sus formas, alcances y efectos tienen una inusitada extensión (Anguita et al., 2023, p. 13; Bachmann & Valenzuela, 2021, p. 1; Guo & Vargo, 2020, p. 179; IONOS Digital Guide, 2020; Marchal, 2023, p. 2; Moreno, 2022, p. 59; Rodríguez, 2019, p. 68). En efecto, «la internet es una red descentralizada que ha expandido la posibilidad de que las personas y los ciudadanos se expresen en la esfera pública, con acceso a recursos tecnológicos mínimos» (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, 2019, p. 13) que sin duda potencian los alcances de este fenómeno de la desinformación.

Está claro que el desarrollo de las TIC ha influido de manera profunda en la producción y difusión de información (Astudillo, 2023, p. 408; Pauner, 2018, p. 297; Comisión Europea & Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 2018). Las grandes compañías dueñas de las plataformas que operan en internet tienen un impacto profundo en este proceso. Gigantes tecnológicos como Google, Yahoo, Microsoft, Meta, etc., han cumplido un rol muy importante para facilitar el acceso a la información en la red y crear espacios para difundirla y compartir contenido, opiniones, ideas, y difundir información producida por terceros.

La era digital ha creado un escenario donde las noticias tradicionalmente generadas por periodistas coexisten con el contenido creado por usuarios comunes. Este fenómeno ha llevado a una sobreabundancia de información. Además, el anonimato que proporcionan las plataformas en línea contribuye a crear un ambiente propicio para el aumento de las noticias falsas (Alonso, 2019, p. 32; Moreno, 2022, p. 56) y, con ello, un notable aumento de la desinformación que inunda la red y a la sociedad en general.

En el contexto actual, profundamente influenciado por las tecnologías emergentes, especialmente internet y las redes sociales, observamos un cambio significativo en el comportamiento ciudadano. Estas plataformas no solo remodelan la interacción social, sino que también brindan a Gobiernos, empresas, corporaciones, grupos de interés y hasta individuos, herramientas más sofisticadas y efectivas para la propagación de información falsa o engañosa. Esta capacidad de desinformar se ha convertido en un medio para lograr objetivos específicos, principalmente de naturaleza política y económica.

Dado este panorama, la desinformación se posiciona como uno de los riesgos más críticos de la era digital, planteando una amenaza considerable para la integridad de nuestras democracias. Enfrentar este desafío implica un esfuerzo colectivo para desarrollar estrategias eficaces que contrarresten la desinformación, promoviendo la educación en medios, el pensamiento crítico y la verificación rigurosa de la información. La lucha contra la desinformación no es solo una batalla por la verdad, sino también una defensa vital de los principios democráticos y la cohesión social en nuestro mundo cada vez más interconectado y digital.

En consecuencia, «la desinformación representa riesgos que debemos afrontar y contener colectivamente para aprovechar todo el potencial democrático, social y económico del progreso tecnológico, respetando al mismo tiempo la libertad de expresión y la libertad de recibir e impartir información» (High Level Group on Fake News and Online Disinformation, 2018, p. 10).

El presente estudio se enmarca en el contexto señalado precedentemente; esto es, en la existencia de sociedades marcadas fuertemente por las nuevas tecnologías y la desinformación que, atendidas estas circunstancias, produce mayores riesgos para la democracia y los derechos humanos.

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una reflexión general del fenómeno de la desinformación en la era digital a fin de contribuir a crear conciencia de los riesgos que esta genera para el normal desarrollo de los procesos democráticos, destacando la necesidad de abordarla desde diversos ámbitos en armonía con el pleno respeto a la libertad de expresión.

Para alcanzar el objetivo pretendido en este estudio ofreceremos en primer lugar una aproximación conceptual al fenómeno de la desinformación, trasladando herramientas que permitan identificarla claramente. Para complementar el concepto de desinformación, señalaremos algunas ideas respecto de las finalidades que subyacen a la actividad de desinformar y las principales etapas del proceso de desinformación.

En la misma línea, con el objeto de ofrecer una visión más acabada del concepto de desinformación, hemos considerado oportuno plantear una distinción e identificar las conexiones entre esta actividad y el fenómeno comunicativo de las fake news. Lo anterior, creemos, es una tarea de la mayor relevancia, especialmente porque no es inusual que ambos términos se utilicen como sinónimos.

Posteriormente, nuestro análisis se centrará en los efectos que la desinformación produce para la democracia y el respeto a los derechos humanos, especialmente en el marco de las sociedades modernas marcadas por el uso de las TIC.

Por último, terminaremos este trabajo, ofreciendo un breve panorama sobre algunas de las herramientas que pueden ser consideradas para hacer frente a la desinformación. Con todo, en respeto a los límites de extensión de un estudio de esta naturaleza, no profundizaremos en cada uno de estos remedios, sino que solamente describiremos algunos de sus aspectos generales, dejando para futuras investigaciones su abordaje más profundo. A pesar de ello, advertimos que cualquier intento para combatir la desinformación no puede socavar la libertad de expresión y sus diversas manifestaciones, ya que se trata de un derecho que, en su perspectiva social y política, resulta crucial para la democracia.

II. La desinformación

II.1. Aproximación conceptual y elementos que confi-guran el concepto

El término «desinformación» reconoce diversas acepciones y su evolución ha cambiado a medida que el marco de discusión preferente ha sido el de la seguridad nacional, el del enfoque predominante de las distintas disciplinas o el del fortalecimiento de los sistemas democráticos. De esta forma, su uso masivo en los últimos años ha contribuido a la complejidad de construir una definición unitaria y unívoca al estar vinculada con las controversias derivadas del fenómeno y con las tecnologías asociadas a su difusión (Sánchez & Magallón-Rosa, 2023, p. 237).

En especial, el desarrollo y masificación de las nuevas tecnologías ha sido determinante para complejizar la labor de llevar a cabo una adecuada determinación conceptual del fenómeno de la desinformación. De esta forma, el abordaje del fenómeno de la desinformación en la era digital debe considerar una serie de factores. Hoy se debe tomar en consideración que las TIC permiten que la desinformación se propague a una velocidad sin precedentes, pudiendo llegar a millones de personas en cosa de segundos, lo que dificulta determinar el origen y el contexto de la información original. Además, en el marco de la sociedad digital, cualquier ciudadano con acceso a internet (ya hemos visto cómo su uso se ha masificado exponencialmente) tiene la potencialidad para publicar contenido de diversa naturaleza, incluido el contenido falso o engañoso que —como hemos indicado— puede transformarse en viral en segundos. También se debe considerar la existencia de las burbujas informativas1 creadas por los algoritmos que potencian el contenido desinformativo entre determinados grupos, permitiendo contextos de posverdad2 en donde este tipo de noticias suelen ser más creídas; lo mismo que la práctica conocida como deepfakes, por medio de la cual se crea contenido falso con una impactante apariencia de veracidad, lo que dificulta la distinción entre lo falso y lo verídico. Asimismo, las TIC permiten e incentivan el anonimato, lo que hace que sea muchas veces casi imposible para la gran mayoría de los usuarios identificar a los autores de la desinformación. Por otro lado, las plataformas digitales, en especial las redes sociales y, particularmente, las burbujas informativas que se forman en su seno, permiten que se vayan creando microambientes que reconocen sus propias reglas y verdades, lo que también contribuye a dificultar la determinación de lo que es y no es desinformación, ya que lo verdadero o falso se atomiza, considerando los millones de microambientes existentes en la red. Del mismo modo, no se puede obviar que el desarrollo tecnológico evoluciona día a día a pasos agigantados y que con ello se van perfeccionando las técnicas para crear desinformación, como sucede con el notable progreso de la IA (Chat GTP, creador de imágenes).

En esta parte del trabajo intentaremos ofrecer una aproximación conceptual al fenómeno de la desinformación, a pesar de la complejidad que implica esta tarea.

La entrega de información reconoce diversos estadios. Así, en primer lugar, se identifica un tipo de información «veraz». Esta información veraz es aquella que se refiere a datos o afirmaciones que son objetivamente correctos y precisos, se basan en hechos comprobables y cuentan con una sólida evidencia. Este tipo de información se caracteriza por su precisión, verificabilidad, consistencia, fiabilidad, actualidad y, en la medida de lo posible, objetividad.

La exigencia de precisión para catalogar una información de veraz implica que ella guarde correspondencia con la realidad o con hechos comprobables y que no se encuentra alterada por errores, malentendidos o interpretaciones subjetivas que persigan fines espurios. Con todo, se debe advertir que no toda información que adolece de errores o imprecisiones per se debe ser considerada como desinformación, ya que este juicio dependerá de su gravedad y potencialidad de causar daño (Sunstein, 2020, 2021); sin embargo, no por ello se transforma en veraz. Por su parte, la verificabilidad implica que la información pueda ser comprobada por fuentes confiables. La consistencia dice relación con la necesidad de que la información guarde coherencia con otros hechos establecidos y reconocidos dentro de la misma área de conocimiento. La fiabilidad significa que la información deriva de fuentes fidedignas y autorizadas que poseen la aptitud de generar un grado importante de confianza. Además, la información debe ser actual; es decir, debe ser el reflejo de un contexto determinado, ya sea social, político, económico, etc.

Muchas personas piensan que para que una información sea considerada como veraz debe ser esencialmente objetiva. Se plantea en este contexto que la información debe ser entregada libre de cualquier sesgo personal, al margen de emociones o intereses particulares. Empero, a pesar de las exigencias de objetividad, no se puede desconocer que, en muchos campos del conocimiento, la interpretación y el análisis crítico son necesarios para alcanzar una comprensión adecuada de la información que se difunde; y ello, por cierto, implica un grado de subjetividad3.

Con todo, consideramos que si bien el carácter objetivo que se espera de la información puede coexistir con las apreciaciones subjetivas del emisor y de quien la difunde, este debe encargarse de entregar esta información de buena fe, utilizando sin dobles intencionalidades el lenguaje, de tal manera que el receptor de la información pueda distinguir claramente el hecho que se informa de las apreciaciones subjetivas de quien informa.

Frente a la información que hemos denominado «veraz» está la información falsa o distorsionada. Según el High Level Group on Fake News and Online Disinformation (2018), los debates actuales sobre noticias falsas abarcan un importante espectro de tipos de desinformación (p. 10). De esta manera, es posible apreciar formas de desinformación que generan riesgos bajos, como los errores cometidos por periodistas o el uso de cebos para que el usuario haga clic a determinados contenidos (click-bating); y, por el contrario, actos de desinformación que producen altos riesgos como, por ejemplo, los intentos de socavar procesos políticos mediante el uso de diversas formas de invenciones maliciosas, la infiltración en grupos de base y las técnicas de amplificación automatizadas (Anguita et al., 2023, p. 14).

Luego, tenemos la información errónea, que es un tipo de información falsa o equivocada que es difundida y compartida sin la intención de generar daño a otra persona, a colectivos, a instituciones o al Gobierno de un país. Cuando este tipo de información es publicada, el reproche que se hace al medio de comunicación o al agente respectivo no es el dolo, sino la falta de cuidado, de profesionalismo (en el caso de periodistas o comunicadores sociales) o la simple negligencia. Es más, tal como lo hemos sugerido previamente, la entrega de este tipo de información puede incluso estar protegida constitucionalmente. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el histórico fallo New York Times v. Sullivan (1964), señaló la importancia de un debate abierto y robusto en las sociedades libres respecto de temas de interés público, reconociendo que errores inevitables en el debate no pueden ser sancionados si no concurre una malicia real por parte del emisor de la información.

También se identifica a la desinformación propiamente tal. Esta categoría se refiere a un tipo de mensaje cuyo contenido es falso y que persigue una finalidad determinada, ya sea obtener réditos de su difusión (políticos, económicos) o generar daños a otra u otras personas, a una organización o al país.

Por último, es posible identificar asimismo el fenómeno de la revelación maliciosa. En este caso, se trata de información veraz compartida intencionalmente para causar daño. No obstante, se podría señalar que esta hipótesis corresponde a una conducta de revelación de secretos más que a un tema de desinformación. A pesar de ello, consideramos oportuno incluirla dentro de este esquema, especialmente a la luz de propuestas conceptuales como la que sigue.

Wardle y Derakhshan (2017) utilizan la expresión «desorden desinformativo», que se refiere a diversas alteraciones en la entrega de una información realizada de manera objetiva y veraz. Así, considerando las dimensiones y el daño que ocasiona la falsedad que contiene la información difundida, se distingue entre: misinformación, desinformación y malinformación (p. 5).

La misinformación se refiere a la divulgación de información falsa, pero realizada sin la intención de causar daños. La malinformación alude al hecho de compartir información genuina o veraz con el propósito de causar daño, por lo general mediante el traslado de información desde la esfera privada a la esfera pública. Finalmente, la desinformación implica difundir información falsa de manera consciente con el objetivo de causar daño.

Considerando lo anterior, el concepto de desinformación se puede abordar desde una aproximación restringida y una aproximación más amplia, especialmente considerando el elemento de la intencionalidad.

Así, desde una perspectiva restringida, la desinformación puede ser entendida como la difusión intencionada de información falsa, distorsionada o descontextualizada que persigue distintos objetivos, especialmente políticos y económicos, mediante la erosión de la confianza pública y la transmisión de una forma de apreciar la realidad de manera tendenciosa y espuria.

De esta forma, la desinformación es la difusión de información falsa, inexacta o engañosa con la intención de confundir o manipular a las personas para alcanzar objetivos de distinta naturaleza. En diversos textos, como el Plan contra la desinformación de la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2018) y el Procedimiento de actuación contra la desinformación del Consejo de Seguridad Nacional español (2020), se define la desinformación —con base en el elemento intencionalidad— como aquella «información verificablemente falsa o engañosa, creada y difundida con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, que puede causar un perjuicio público» (Comisión Europea & Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 2018).

En la misma línea, «la desinformación puede definirse como la difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el objetivo de desestabilizar» (Comisión Europea, 2018; Guo & Vargo, 2020, p. 180; Olmo y Romero, 2019, p. 4). O bien, se entenderá por desinformación la divulgación de información «falsa, inexacta o engañosa diseñada, presentada y promovida para causar intencionalmente daño público o con fines de lucro» (High Level Group on Fake News and Online Disinformation, 2018, p. 10).

Como es posible apreciar, uno de los rasgos que definen el concepto de desinformación viene dado por la intencionalidad. En esta dirección, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019) sostiene que «la desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa con la intención de engañar al público y a sabiendas de esa falsedad» (p. 13).

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española desinformación es «la acción y el efecto de desinformar» o «la falta de información, ignorancia». Por su parte, desinformar es «dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines» o «dar información insuficiente u omitirla». Esta última acepción del término desinformación propuesta por la RAE nos permite identificar una aproximación amplia a este concepto, más allá de la concurrencia de la intencionalidad.

En efecto, hay autores que consideran que la intencionalidad no necesariamente debe concurrir para definir la desinformación. De esta forma, desde la doctrina hay una tendencia a usar el término «desinformación» para «captar los matices y complejidades de la difusión de información incorrecta, sin evidencia (no verificada) o ambigua, pero que no tiene necesariamente la intención de engañar a la audiencia» (Bachmann & Valenzuela, 2021, p. 2). Así, Luciano Floridi (1996), de manera muy visionaria, reflexionaba hace casi treinta años sobre cómo es que en el futuro la internet —potencial medio de comunicación— podía convertirse en una poderosa plataforma de desinformación. El autor sostenía entonces que internet se iba a transformar en el futuro en un medio masivo de comunicación y, como tal, susceptible al problema y los riesgos asociados a la desinformación. En este contexto, el autor identifica diversas formas de desinformación que tienen su origen en la falta de objetividad, de completitud y de pluralismo. Además, Floridi reconocía que no toda desinformación es intencional ya que, en el proceso de la gestión de información, la desinformación involuntaria puede ocurrir en cualquier etapa. Con todo, el autor sostenía que, atendida la naturaleza interactiva y la facilidad de manipulación de documentos y antecedentes en internet, el problema de la difusión involuntaria de desinformación será mucho más agudo que el que ocurre en el marco de los medios tradicionales. Asimismo, Floridi preveía que en el contexto de la internet la desinformación también sería más problemática debido a otros factores, como el aumento del número de usuarios y la integración digital de varios medios masivos.

En consecuencia, Floridi sostenía que la desinformación no necesariamente tiene que ser intencional, puesto que reconoce que, especialmente en un espacio como internet, la desinformación puede surgir de manera involuntaria debido a las características propias de la red y la forma como se maneja la información. Esta forma de entender la desinformación tiene el mérito de permitir y ampliar su comprensión y extenderla más allá de actos deliberados de engaño, incluyendo de esta manera errores e incluso omisiones que pueden conducir a interpretaciones erróneas o conclusiones distorsionadas. La misma perspectiva es sustentada por otros autores que entienden por desinformación «tanto a la información falsa diseñada intencionalmente para generar daño, o para obtener algún beneficio[,] como a la que se comparte por ignorancia» (Slipczuk, 2022, p. 8).

En esta misma línea, somos partidarios de un concepto amplio de desinformación que pone el acento en lo factual más que en la intencionalidad, pero reconociendo dentro de ella diversos niveles. Así, se puede distinguir entre desinformación intencional y desinformación involuntaria, siendo la desinformación intencional aquella que se lleva a cabo con la expresa intención de generar daño. En cambio, en la desinformación involuntaria además se incluyen todas aquellas figuras que, si bien generan errores y confusiones, no responden a una intencionalidad de producir daño. En esta categoría incluimos a la misinformación4.

Hemos optado por este concepto más amplio debido a que ambas categorías —vale decir, la desinformación intencional y la desinformación involuntaria— generan efectos sociales negativos y las dos pueden, o más bien deben, ser objeto de fact checking por el eventual perjuicio que pueden ocasionar. Tal como sostienen Bachmann y Valenzuela (2021), aquello que define el fenómeno de la desinformación poniendo énfasis en lo factual resulta fundamental en clave periodística, pues responde al desafío de los periodistas de trabajar con base en información veraz (p. 2). Así, el fact checking se concentra en mensajes que caen dentro de esta conceptualización; esto es, en la verificación de veracidad de la información que ha sido puesta en duda o en corregir los datos que son falsos.

Sin embargo, es la desinformación intencional la más dañina y peligrosa porque ha sido preparada y diseñada para alcanzar finalidades específicas, a pesar del daño que pueden ocasionar o justamente para causarlo. Por tanto, la principal preocupación de la academia, los actores sociales y los sistemas políticos es contrarrestar la desinformación que se encuentra marcada por la intencionalidad, la que a su vez va dirigida a alcanzar diferentes finalidades. Estas finalidades varían según el contexto y el sujeto que está detrás de ella. En otras palabras, el concepto de desinformación intencional, la más peligrosa y grave, al que nos hemos referido precedentemente, reconoce dos elementos estructurales: la intencionalidad y la finalidad.

En relación con la intencionalidad, la desinformación la mayoría de las veces no es simplemente un fenómeno accidental o un subproducto de la era de la información, más bien se trata de una actividad realizada con un propósito claro y perfectamente definido. Quienes propagan desinformación lo hacen con plena conciencia de la falsedad inherente a su contenido y de las potenciales consecuencias que esta puede acarrear. Esta conciencia deliberada subraya la naturaleza perniciosa de la desinformación, pues no solo busca engañar, sino que también está diseñada para influir, manipular y, en muchos casos, desestabilizar la percepción pública sobre temas cruciales. Así, la desinformación se convierte en una herramienta estratégica utilizada con propósitos específicos, consciente de su capacidad para alterar la realidad percibida y generar impactos significativos en la sociedad. En otras palabras, en la desinformación existe

una intencionalidad de engañar, de mentir, independientemente del objetivo que se quiera con ello, que en el común de los casos no es otro que el impedir el recto conocimiento de los hechos, con el riesgo de la toma de decisiones en base a hechos o realidades falsas y engañosas (Bel, 2022, p. 33).

Por su parte, esta desinformación intencional no es un fenómeno neutral, detrás de ella existe una determinada finalidad. De esta forma, «la desinformación puede tener motivos, como políticos, ideológicos o comerciales, o una combinación de ellos» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2022, p. 3).

Respecto de su finalidad, la desinformación, lejos de ser un acto inofensivo, siempre acarrea daños cuya gravedad puede variar según el tipo de desinformación y el contexto en que se inserta. Estos daños pueden manifestarse en múltiples niveles, desde la erosión de la confianza en las instituciones hasta la creación de divisiones sociales profundas. Además, este tipo de desinformación intencional, tal como hemos indicado, no surge espontáneamente ni sin propósito; por el contrario, es creada y diseminada con objetivos específicos, que suelen ser oscuros y cuestionables.

La desinformación busca diferentes finalidades como, por ejemplo, manipulación política, desestabilización social, ganancias financieras, sabotaje económico, generación de caos y confusión, engaños y estafas en línea, radicalización y extremismo, desacreditación científica, negacionismo, revisionismo, censura y represión, etc. Por ello, «las consecuencias efectivas y posibles de la desinformación atraviesan múltiples áreas de interés público» (Anguita et al., 2023, p. 15; Guo & Vargo, 2020, p. 181). De esta forma,

en un sentido general, el principal riesgo de la desinformación es que podría afectar la toma de decisiones de personas e instituciones en materias tan sensibles como la salud, los desastres naturales, el medio ambiente, las relaciones internacionales, la economía o la política, entre otras (Anguita et al., 2023, p. 15).

Sin perjuicio de las distintas finalidades y posibles consecuencias que subyacen a la desinformación, podemos resumir estas finalidades en económico-financieras y políticas. Así, si bien el uso de la desinformación como herramienta adquiere mayor grado de importancia en el periodo de la Guerra Fría, en la actualidad «ya no sólo se habla de desinformación ligada al ámbito bélico y ni siquiera se vincula en exclusiva a la política» (Rodríguez Andrés, 2018, p. 234)5, ya que es usual escuchar hablar, por ejemplo, «de desinformación mediática y también económica, empresarial o corporativa, en alusión a cómo las grandes compañías multinacionales controlan la difusión de noticias, ocultando a la ciudadanía aquellas que puedan resultar negativas para sus intereses y moviendo los hilos de la política y de la opinión pública» (Rodríguez Andrés, 2018, p. 235).

Por su parte, las finalidades políticas son de diversa naturaleza. Así, por ejemplo, es posible detectar finalidades electorales o bien la búsqueda de la desestabilización del Gobierno e, incluso, del sistema político.

Detrás de la desinformación intencional de naturaleza política encontramos finalidades que persiguen la obtención de «ventajas políticas, de minar los valores democráticos, de extender una nueva narrativa para, en definitiva, cambiar nuestra realidad» (Olmo y Romero, 2019, p. 4). Incluso, detrás de la desinformación se puede esconder un objetivo dirigido a atacar grupos vulnerables (migrantes, comunidad LGTBI, etc.). De esa forma, a través de la desinformación se pueden esconder discursos de odio en contra de estas colectividades.

Sin perjuicio de las consideraciones señaladas, resulta oportuno dar cuenta de un concepto de desinformación «vinculado con las herramientas que se utilizan para desinformar» (Anguita et al., 2023, p. 19). Desde este punto de vista, la desinformación implica la difusión intencionada y engañosa de contenido falso a través de medios tanto analógicos como digitales con el propósito de influir en la percepción pública y crear confusión en las personas para lograr diferentes objetivos.

Tal como hemos sostenido previamente, la desinformación no es un fenómeno nuevo de las sociedades actuales. Por ello, siempre resultará correcto hablar de una desinformación difundida a través de medios analógicos (diarios, televisión); sin embargo, en nuestros tiempos marcados por las TIC, las herramientas utilizadas para desinformar son distintas, más eficientes y con un mayor grado de penetración en el tejido social. Se trata de las herramientas digitales6. De esta manera, la diferencia fundamental entre la difusión de noticias falsas y la desinformación publicada en medios tradicionales y las que se publican en páginas web es que estas últimas alcanzan gran impacto y viralidad porque cuentan con las redes sociales para difundirse globalmente (Pauner, 2018, p. 298). Además, siempre es preciso considerar que otra gran diferencia entre la desinformación que se distribuye a través de los medios tradicionales y la que se produce y distribuye por medios digitales radica en que esta última no se encuentra sujetas a las limitaciones propias del espacio físico y el idioma. En el caso de la segunda limitación, por ejemplo, el gran abanico de traductores gratuitos online permite acceder al contenido de información en cualquier idioma en cosa de segundos.

II.2. Mensajes que no constituyen desinformación

En primer lugar, creemos que se torna necesario preguntarnos si todo mensaje falso o bien no estrictamente apegado a la verdad puede ser considerado como desinformación. Para Sánchez de Diego (2022), se puede admitir la divulgación de ciertos mensajes falsos bajo el amparo de la libertad de expresión (pp. 79-84). Al menos —sostiene el autor— las siguientes situaciones son admisibles, en cuyo caso no estaríamos frente a hipótesis de desinformación: la parodia y la caricatura, la exageración publicitaria y el caso del acusado que miente en el marco de un proceso penal para protegerse.

De esta manera, el recurso de la parodia y la caricatura «supone una deformación de la realidad, al alterar los rasgos esenciales de una persona, en todo caso con una intención crítica y/o humorística» (p. 80). En los géneros de la parodia y la caricatura, aunque la realidad se muestre de forma distorsionada, no se puede considerar que constituyan desinformación. Esto se debe a que en estos casos no existe la intención de entregar un mensaje falso bajo la apariencia de veracidad; más bien, la naturaleza exagerada y a menudo humorística de la parodia y la caricatura está claramente orientada a la crítica, el entretenimiento o la reflexión social. Por lo tanto, el público —consciente de este contexto— comprende perfectamente el objetivo de estas expresiones artísticas, reconociendo su propósito satírico o crítico en lugar de interpretarlas como fuentes de información factual. La clave aquí radica en la intencionalidad y en la comprensión del público sobre el carácter simbólico y creativo de estas obras, que por cierto forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En otras palabras, «si bien las sátiras pueden ser parcial o totalmente falsas, se crean con la suposición de que tanto el autor como el lector de la noticia comparten el chiste» (Guo & Vargo, 2020, p. 180).

Así, el concepto de desinformación no debe limitar indebidamente expresiones que utilizan la ironía, sátira, parodia o humor, incluso si estas buscan cuestionar o ridiculizar normas, situaciones y agentes, especialmente públicos o que ejercen cargos públicos. Así, etiquetar estos contenidos como desinformación y buscar censurarlos de cualquier forma implica la supresión de la creatividad artística, científica y periodística, a la par que una restricción inaceptable al debate público (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2022, p. 2).

Por otro lado, la exageración publicitaria (que no se debe confundir con la publicidad engañosa) no puede ser considerada como desinformación, ya que esta práctica (puffery) básicamente se refiere a una técnica de promoción publicitaria en la que se usa el recurso de afirmaciones exageradas sobre un producto o servicio para captar la atención y el interés del consumidor, el que entiende que estas características y bondades del producto que son exacerbadas son irreales y que solo cumplen un fin publicitario. Se enmarcan en este tipo discursos, por ejemplo, mensajes de este tenor: «El café elegido hasta por los extraterrestres que nos visitan».

Por otro lado, en virtud del derecho a no ser obligado a autoincriminarse, es posible aceptar que el imputado dentro de un proceso penal pueda mentir sobre los hechos u omitir información relevante (Sánchez de Diego, 2022, p. 82).

Desde una perspectiva más amplia, es importante abordar ciertas situaciones que, aunque no transmiten un mensaje completamente preciso, no deberían ser etiquetadas como desinformación. Estas circunstancias son variadas y se encuentran en diversos contextos, lo que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la información y su interpretación en el mundo actual. Algunas de ellas guardan relación con la investigación científica, donde es común incurrir en errores en la recopilación e interpretación de datos; asimismo, en el ámbito académico y científico, es habitual presentar hipótesis y teorías antes de su comprobación. En campos como el arte y la cultura, los comentarios y opiniones suelen ser subjetivos y pueden variar significativamente según el punto de vista de los individuos; mientras que, tanto en la entrega de proyecciones y predicciones como en asuntos económicos o resultados electorales, es importante comprender que estas están basadas en modelos y suposiciones siempre sujetas a un cierto grado de incertidumbre que puede llevar a que no sean completamente precisas en todos los casos.

Asimismo, también se debe descartar como desinformación la exposición de noticias verídicas, pero que van contextualizadas según las líneas y los criterios editoriales de quienes las emiten. Por ejemplo, un medio de comunicación social ofrece información relativa a la situación de seguridad pública, copando su agenda con noticias sobre asaltos, robos, secuestros, sicariatos, etc., y evita dar la misma importancia a otros aspectos presentes en la sociedad. En este caso, se podría criticar la línea editorial de ese medio, pero en caso alguno este podría ser acusado de generar desinformación. Lo mismo pasa con la decisión de un medio de elegir el tipo de informaciones que ofrecerá al público. En este sentido, la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2018) establecen que «la desinformación no incluye errores en los informes, sátiras y parodias, ni noticias y comentarios partidistas claramente identificados», ya que ello —como se ha sostenido— es parte de la línea editorial y, por ende, de la libertad de la empresa periodística o de comunicaciones.

En consecuencia, la comprensión de estas diferencias nos capacita para abordar con mayor precisión y equidad la complejidad del fenómeno de la desinformación en nuestra sociedad actual. Esto, a su vez, nos proporciona herramientas más efectivas para enfrentarlo sin menoscabar el crucial derecho a la libertad de expresión, el cual constituye un pilar fundamental de la democracia, como se ha sostenido reiteradamente.

II.3. Sobre el proceso de la desinformación

La desinformación esta precedida de un proceso que facilita la creación de noticias falsas y su difusión. En otras palabras, el proceso de desinformación reconoce una serie de etapas que no necesariamente se desarrollan de manera lineal y, más bien, suelen ocurrir simultáneamente.

En primer lugar, el proceso de la desinformación está marcado por la definición de los objetivos a la luz de las finalidades que se persiguen. Estos objetivos y finalidades pueden ser de diversa naturaleza, como ya sabemos.

Una vez que se han fijado las finalidades y los objetivos, se lleva a cabo la etapa de producción de la desinformación. Para crear desinformación se utilizan diversos instrumentos como, por ejemplo, la utilización de fake news, teorías conspirativas, citas fuera de contexto, manipulaciones de imágenes y videos, etc. La Comisión Europea destaca que, por lo general, la desinformación involucra la creación de documentos escritos, muchas veces complementados con imágenes auténticas o contenido audiovisual sacado de contexto. Sobre este punto, se debe prestar especial atención al uso de la IA, hoy ya prácticamente masificada, que puede ser utilizada como una poderosa herramienta para crear desinformación. Por ejemplo, a través de la IA se pueden generar mensajes de contenido falso, pero guardando un grado importante de coherencia y robustez interna que los dote de una aparente veracidad. Lo mismo sucede con la práctica conocida como deepfakes, en virtud de la cual se producen videos, imágenes o audios que imitan la apariencia y el sonido de una persona de una manera hiperrealista, y que se manipulan para decir o hacer cosas que nunca fueron dichas o realizadas (Corvalán, 2023; García-Ull, 2021, p. 107). En el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (European Parliament, 2024) se destaca la capacidad de la IA para generar contenido sintético que resulta muy difícil de distinguir del contenido real, lo que tiene una enorme potencialidad para aumentar la desinformación y hacer más efectiva la manipulación, especialmente en el ámbito político.

Una vez producida la desinformación, sigue la etapa de difusión y distribución, para lo cual se utilizan diversas plataformas, especialmente digitales. Las redes sociales juegan un rol primordial en este proceso. En el marco de la internet y las redes sociales, la utilización de bots y cuentas falsas o pagadas, lo mismo que el uso de algoritmos para aumentar la visibilidad de la información falsa, resultan cruciales7. En este sentido, el Reglamento de la Unión Europea 2022/2065, emanado del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (conocido como Digital Services Act o Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea), publicado el 16 de noviembre de 2022 y vigente desde agosto de 2023, contiene normativa que apunta a regular y combatir la desinformación y otros fenómenos perniciosos, como los discursos de odio en Europa, por ejemplo.

Otra etapa que es posible identificar en el proceso de desinformación es la de evaluación de la efectividad de las campañas de desinformación. Esta evaluación resulta fundamental para consolidar la estrategia usada o para decidir su reformulación a fin de hacerla más exitosa. También es necesario considerar que quienes están detrás de la desinformación, por lo general, tienen previstas estrategias de reacción frente a los intentos de contrarrestarla. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, Donald Trump utilizó frecuentemente el recurso de acusar a los medios que lo criticaban por sus respuestas tardías para enfrentar la pandemia de «divulgadores de fake news» (Levante, 2020).

En todo este proceso hay una búsqueda de crear narrativas que apelan a tocar las emociones de los sujetos, como el miedo, la ira, el orgullo; y que, a través del uso de los algoritmos, se dirigen principalmente a grupos identificados como susceptibles de creer y propagar estas narrativas. En buena cuenta, en el proceso de desinformación se suele explotar los sesgos cognitivos de las personas, apelando a sus emociones y deseos. De esta forma, la desinformación es más fecunda en un contexto de posverdad.

En este sentido, son entonces los propios internautas, especialmente los usuarios de las redes sociales, quienes desempeñan un papel esencial en la difusión de desinformación, que por cierto tiende a propagarse más rápidamente a través de estas plataformas, tanto por los millones de usuarios de estas como por su costumbre de compartir información casi de manera automática sin un esfuerzo mayor de verificación de fuentes y veracidad de los contenidos. Tal como indican la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2018): «El volumen y la velocidad cada vez mayores del contenido que circula en línea aumentan de riesgo de que se comparta indiscriminadamente información».

Con el objetivo de seguir profundizando en el fenómeno de la desinformación, en especial en el contexto de la era digital, es importante advertir y destacar que este problema no se deriva exclusivamente de la labor de los periodistas y profesionales de las comunicaciones, quienes históricamente han sido los principales transmisores de información a la opinión pública. Al analizar los tipos de mensajes fraudulentos que se producen y difunden en internet, es posible concluir que el aumento de la desinformación en línea está directamente relacionado con el sistema de comunicación entre pares propio y característico de las redes sociales. Es este fenómeno, favorecido por la pérdida de mediación social del periodismo profesional, lo que en última instancia ha impactado negativamente en la confianza general de las personas hacia toda la información que circula por la esfera pública, sobre todo a través de los medios tradicionales (Blanco Alfonso et al., 2021, p. 780).

Finalmente, consideramos oportuno señalar que las distintas finalidades asociadas a la desinformación se alcanzan más fácilmente en el contexto de la sociedad digital y las redes sociales. Un estudio desarrollado por los investigadores Soroush Vosoughi et al. (2018) dio cuenta de que la difusión de noticias falsas es más eficiente en cuanto a su velocidad y alcance. La investigación aludida se centró en el comportamiento de usuarios de Twitter (hoy X) entre 2006 y 2017. Específicamente, el objeto de estudio recayó sobre 126 000 posteos o tuits (cascadas) publicados por tres millones de personas más de 4,5 millones de veces. El equipo de investigación clasificó el contenido de estos tuits de verdadero o falso, utilizando la información de seis organizaciones independientes de verificación de datos que mostraron estar entre un 95 % y 98 % de acuerdo en estas clasificaciones. Una de las principales conclusiones obtenidas de esta investigación fue que «la falsedad se difundió significativamente más lejos, más rápido, más profundamente y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información» (Vosoughi et al., 2018). Ahora bien, específicamente, este estudio reveló que «las noticias políticas falsas también se difundieron más rápidamente y llegaron a más de 20.000 personas casi tres veces más rápido que todos los demás tipos de noticias falsas que llegaron a 10.000 personas» (Vosoughi et al., 2018). De esta forma, al parecer el gran problema de las noticias que generan desinformación «es que es mucho más viral el contenido falso que la noticia que desmiente el contenido falso» (Marchal, 2023, p. 4). De alguna manera, algunos autores consideran que la rapidez y la facilidad con la que la desinformación sobre cuestiones cívicas se difunde y florece en línea aumenta los riesgos y amenazas para la subsistencia de la misma democracia (Wineburg et al., 2016, p. 5).

A conclusiones similares arribó un equipo de investigación en Chile, las cuales fueron plasmadas en el Estudio nacional sobre desinformación en redes sociales y su efecto en el pluralismo y la agenda de medios (Mendoza et al., 2022). De esta forma, dicho estudio confirma lo señalado por Soroush Vosoughi et al. (2018) al constatar que «los contenidos imprecisos viajan más rápido que los contenido verdaderos en Twitter» (Mendoza et al., 2022, p. 19). Otras de las conclusiones contenidas en este estudio señalan que «los contenidos falsos llegan a más usuarios que los verdaderos, y que generan más interacciones tanto en Twitter como en Facebook» (p. 19).

Además, este mismo estudio «muestra que las barreras de acceso según comprensión lectora son más bajas para los contenidos falsos» (p. 19). Asimismo, concluye que «los contenidos verdaderos son menos verbosos pero a la vez generan menos interés en las audiencias, con hilos de conversación más cortos, de menor profundidad y con menor velocidad que los contenidos falsos o imprecisos» (p. 19).

III. Desinformación y fake news

«Hay quienes utilizan los conceptos de noticias falsas y desinformación como sinónimos para fustigar a alguien que opina sobre una materia de interés público, atribuyendo intención de engaño a sus opiniones» (Anguita et al., 2023, p. 17). Sin embargo, fake news y desinformación no son términos equivalentes, aunque algunos autores usan ambas categorías conceptuales como sinónimos (Marchal, 2013, p. 5). Las fake news constituyen un fenómeno que genera desinformación. En efecto, las noticias falsas o fake news «no engloban todo el fenómeno de la desinformación, que también incluye, entre otros, al discurso público de autoridades y también al contenido que generan o difunden los usuarios de las redes sociales» (Anguita et al., 2023, p. 17; López et al., 2023, p. 70; Rodríguez, 2019, p. 67). En otras palabras, las fake news contienen siempre un tipo de información falsa que es creada y difundida con la expresa finalidad de engañar (Leeder, 2019).

De esta manera, podríamos señalar que la desinformación es el género y las fake news, la especie.

En clara conexión con la idea de posverdad, emerge el concepto de fake news, en general entendido como aquellos contenidos falsos que adoptan una apariencia verídica y simulan ser noticias legítimas que, en realidad, han sido creadas con la intención de engañar para favorecer determinados intereses políticos, económicos o ideológicos (García-Marín & Salvat Martinrey, 2021, p. 201).

Así, el concepto de fake news se refiere a noticias falsas que son presentadas a la opinión pública como hechos reales. Por su parte, la desinformación es un término más amplio, más abarcador, que incluye cualquier información falsa o engañosa que se difunde con o sin la intención de engañar al público (según el concepto al que se adhiera) para satisfacer diversas necesidades. Entonces, la desinformación no solo incluye noticias falsas, sino que también otro tipo de contenido como rumores, teorías de la conspiración, e imágenes o videos manipulados.

Las fake news son un tipo de herramienta que se utiliza para desinformar. Este es el sentido que da a esta expresión la Federación Internacional de Periodistas (2018, p. 1). De esta forma, las fake news se definen como una «información falsa en forma de artículo, imagen o vídeo que se presenta como real y cuyo objetivo es manipular a la opinión pública» (IONOS Digital Guide, 2020). Tal como sostiene Moreno Bobadilla (2022), «una fake news es una noticia falsa que se publica a sabiendas de que es falsa y que se difunde rápidamente entre la opinión pública como si fuere verdadera» (p. 54).

Sin perjuicio de las diferencias que emanan de la misma naturaleza de la desinformación y de las fake news, ya que estas últimas aluden a una supuesta noticia, mientras que la desinformación muchas veces proviene de inventos fabricados. En la actualidad, y a pesar de la popularidad que ha adquirido esta última expresión, se desaconseja su utilización ya que este concepto «ha sido absorbido por el lenguaje político para atacar a periodistas y medios de comunicación por publicar noticias contrarias a los intereses políticos, ideológicos o personales del líder político» (Rodríguez, 2019, p. 69)8.

De esta forma, algunos autores consideran que el concepto de fake news no es un término idóneo para dar cuenta de todas las implicancias que encierra el fenómeno de la desinformación,

principalmente por dos motivos: en primer lugar, porque lo consideran un concepto inadecuado o insuficiente, ya que no captura toda la complejidad de las formas de manipulación informativa, que incluye información no propiamente falsa; en segundo lugar, porque, actualmente, el término puede inducir a confusión, ya que poderosos actores se han apropiado de él para deslegitimar informaciones veraces pero incómodas y atacar medios rigurosos por el solo hecho de ser críticos (Levi, 2019, p. 23)9.

Hemos indicado en este apartado la diferencia que existe entre desinformación y fake news, al margen de su estrecha vinculación. A continuación, consideramos oportuno plantear una breve reflexión entre estos dos fenómenos y la posverdad, sobre todo habida consideración de que en un contexto de posverdad los efectos dañinos de las fake news y la desinformación que generan serán más eficaces y, con ello, las posibilidades de concretar riesgos para la democracia y los derechos humanos serán mucho mayores.

Tal como lo hemos indicado en el curso del presente trabajo, la posverdad corresponde a un fenómeno social que se instala en determinados espacios del tejido social y en el que, para las personas que copan esos espacios, los hechos objetivos y reales, incluso empíricamente comprobados, pesan e influyen menos que sus convicciones, creencias y deseos (Astudillo, 2023, p. 403).

Entonces, considerando las características propias de la posverdad, y en el marco de una posverdad instalada, será más fácil llegar a captar el voto de los ciudadanos apelando más a su emocionalidad que a su racionalidad, lo que implica el uso de la manipulación política para alcanzar los resultados esperados. En todo este proceso las fake news y la desinformación juegan un papel crucial, el cual es particularmente relevante en el contexto de la era digital. Por ello, parafraseando a Rubio Núñez (2018), internet, las redes sociales y, en general, las nuevas tecnologías han desempeñado un papel fundamental en la generalización de estas prácticas y su cada vez mayor perfeccionamiento con herramientas tan sofisticadas (como bots) que son capaces de producir propaganda y crear medios de comunicación online con la finalidad expresa de explotar todo este potencial que entregan las redes sociales y los algoritmos de búsqueda. De esa forma, logran una gran visibilidad de sus contenidos y su integración con otros contenidos, lo que dificulta cada vez más la distinción entre la información veraz y la falsa (p. 194).

Por último, estimamos oportuno advertir respecto de la bidireccionalidad que existe entre la posverdad y los fenómenos de fake news y la desinformación. Así, el uso de las fake news y la desinformación que se genera a través de ellas es crucial para lograr instalar una posverdad, contexto que posteriormente será idóneo para llevar a cabo la manipulación política. Al mismo tiempo, una vez instalada una posverdad en un parte de la población, las noticias falsas y la desinformación serán más efectivas en la medida que su contenido tienda a reafirmar las creencias y convicciones del electorado (Astudillo, 2023, p. 403). En este escenario, los riesgos de daño a la democracia se incrementan.

IV. La desinformación y su incidencia en la democracia y en el respeto a los derechos humanos en el contexto de la era digital

Los daños que la desinformación genera son variados y graves. Así, Karlova y Fisher (2013) advertían que la desinformación puede tener efectos significativos en individuos, Gobiernos y empresas. Las personas pueden ser influenciadas en sus decisiones y comportamientos si creen en información falsa. Del mismo modo, los Gobiernos no son inmunes a la desinformación y esta puede afectar las decisiones y el éxito de sus programas y políticas públicas. Por su parte, las empresas también sufren impactos negativos por la desinformación, pues la reputación empresarial puede ser dañada por competidores, especuladores o conflictos en la industria.

Son tan profundos los riesgos asociados a la desinformación que algunos países han comenzado a llamar la atención sobre este fenómeno. Por ejemplo, en España quedó plasmado el fenómeno de las campañas de desinformación en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, formulada por la Presidencia del Gobierno español. En este documento se destaca que las campañas de desinformación constituyen una amenaza para la seguridad nacional, diferenciándose de las fake news y la misinformación porque las primeras buscan manipular la realidad, no solo divulgar noticias falsas. Estas campañas buscan confundir y desestabilizar la cohesión social mediante el uso coordinado de medios para influir en la opinión pública. Los actores extranjeros pueden emplear la desinformación para polarizar sociedades y debilitar la confianza en las instituciones, representando un riesgo serio para los procesos democráticos (Presidencia del Gobierno, 2021, p. 60)10.

Por su parte, en el Plan de Acción contra la Desinformación de la Unión Europea (Comisión Europea & Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 2018), posteriormente actualizado durante el año 2022 por el Código de Buenas Prácticas Reforzado, se advierte de los diversos peligros que la desinformación presenta para las sociedades democráticas, como son las amenazas a los procesos democráticos; daños a bienes públicos esenciales para la vida en sociedad como la salud, el medio ambiente y la seguridad pública; la polarización de la sociedad; la interferencia de actores externos que busquen la desestabilización política; y la erosión de la confianza en los medios de comunicación. En el plan de acción para la democracia europea (Comisión Europea, 2020) se plantea la urgente necesidad de proteger la democracia en la Unión Europea frente a las amenazas modernas para asegurar elecciones libres y justas, promoviendo el debate democrático abierto y actualizando las salvaguardias digitales que sean necesarias para enfrentar estas amenazas y desafíos actuales, entre ellos la desinformación. Estas mismas ideas son reiteradas y profundizadas en el paquete de defensa de la democracia elaborado por la Comisión Europea (2023).

«El peligro de las noticias falsas es que crean una sociedad que no es capaz de ponerse de acuerdo sobre los hechos básicos[,] lo que impide construir una democracia funcional» (Pauner, 2018, p. 299). En buena cuenta, «la desinformación afecta directamente a los fundamentos de las sociedades democráticas que se construyen sobre la presunción de que sus ciudadanos toman decisiones informadas en el momento de acudir a votar» (p. 299).

De esta manera, es evidente la gravedad de la desinformación y su influencia negativa para la democracia. Así, la propagación de información falsa representa una amenaza tangible para el normal desarrollo de los procesos democráticos, amén de ser utilizada como herramienta por ciertos grupos de poder para impedir u obstaculizar la adopción de medidas sociales, políticas, jurídicas o económicas que resulten contrarias a sus intereses. En efecto, «la desinformación pone en jaque una de las variables imprescindibles de las democracias: el derecho a recibir información veraz» (Rodríguez, 2019, p. 68).

Por otro lado, en estrecha relación con la democracia y la estabilidad política y social de los Estados, la desinformación puede significar un factor que acrecienta y exacerba la polarización política y afectiva dentro de una comunidad11. La polarización es un fenómeno particularmente complejo, ya que promueve un extremismo que rechaza y excluye intereses y sensibilidades opuestas, lo que deriva en un enfoque radicalmente confrontacional incompatible con el logro de acuerdos básicos tan necesarios en una democracia saludable (Rojo-Martínez & Crespo-Martínez, 2023, p. 26; Torcal & Carty, 2023, pp. 131-133; Torcal & Comellas, 2022). Recuerda Martín Herrera (2020) que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que esta polarización extrema, fomentada por la desinformación entre otros factores, puede debilitar el debate democrático e incentivar un ambiente de intolerancia e inestabilidad. Asimismo, es necesario destacar, tal como señala Martín Guardado (2022), que en el contexto digital se produce una especie de segregación de la esfera pública en donde diferentes grupos de personas se aíslan en las burbujas informativas. En ellas, dichos grupos solo se exponen a puntos de vista que vienen a reforzar sus creencias y convicciones, lo que reduce el diálogo entre diferentes sectores e incrementa la polarización (p. 6).

En consecuencia, la desinformación debilita la habilidad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre una gama de información veraz disponible que la revista de racionalidad. En la medida que la ciudadanía se pronuncie sobre las cuestiones fundamentales en base a información falsa o distorsionada, se produce indefectiblemente una deslegitimización de la democracia y una afectación a grupos históricamente más vulnerables que cuentan con menos herramientas para detectar la información falsa que le ha sido proporcionada. De este modo, las personas pertenecientes a sectores marginados, al mundo rural o a pueblos indígenas resultan más afectadas y son más manipulables por quienes usan la desinformación como estrategia para alcanzar sus finalidades (Leeder, 2019).

En definitiva, cuando la desinformación «se utiliza por quienes tienen poder e influencia, puede minar la confianza en las instituciones públicas y contribuir a polarizar las sociedades y exacerbar las divisiones sociales, creando así un terreno fértil para que florezcan el populismo y el autoritarismo» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2022, p. 3).

La desinformación se convierte en una herramienta especialmente peligrosa cuando es utilizada en la creación y difusión de discursos de odio dirigidos contra colectivos vulnerables. Así, cuando la desinformación se utiliza en este contexto no solo distorsiona la realidad, sino que también nutre prejuicios y estereotipos negativos y con ello se exacerba la discriminación y, en general, la hostilidad hacia ciertos grupos específicos. Por ejemplo, expertos dan cuenta de que la desinformación es una de las principales causas que produce el discurso de odio y perjuicio hacia las personas LGTBI (Díaz, 2002).

De esta manera, al difundir información falsa o distorsionada sobre estos colectivos, se fomenta un ambiente de intolerancia y desconfianza, lo que puede conducir a consecuencias reales o dañinas, como el aumento de la violencia o la segregación social.

En consecuencia, la utilización de la desinformación para fomentar discursos de odio no solo atenta contra los valores democráticos y de convivencia pacífica, también erosiona cualquier esfuerzo para construir sociedades inclusivas y equitativas, poniendo en riesgo la paz social. En efecto, los discursos de odio pueden exacerbar las divisiones sociales, fomentar la intolerancia y disminuir de manera importante la cohesión social, lo que incide en la polarización que, tal como lo hemos señalado, pone en peligro la democracia (Martín Guardado, 2022, p. 5).

Por otro lado, la desinformación vinculada a ámbitos propios de la sanidad puede poner seriamente en riesgo la salud de las personas. Son tan graves los efectos que la desinformación puede generar en materia de salud que incluso hoy se habla de una verdadera infodemia.

La infodemia es un concepto de cuño reciente que hace referencia a la propagación de información falsa o engañosa que es transmitida por diferentes medios y que, al ser asimilada por la población como verdadera, puede tener consecuencias negativas en la economía, la política, la seguridad o en la salud (Mayorga, 2021, p. 465).

Por ejemplo,

con motivo del confinamiento durante los momentos más duros de la pandemia, todos los ciudadanos se vieron obligados a permanecer en sus casas y, por consiguiente, se incrementó el uso de las redes sociales y otros medios como fuente de información, dando lugar al fenómeno de la infodemia (Marchal, 2023, p. 4).

Es más,

la Organización Mundial de la Salud, ya utiliza el concepto de infodemia para referirse al exceso de información falsa, de bulos y rumores, que dificultan que las personas dispongan de informaciones fiables para orientarse frente a la pandemia. La desinformación, afirman, se ha convertido en el mejor aliado del coronavirus (García-Marza, 2021, p. 200)12.

Durante la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia, el fenómeno de la infodemia exacerbó sus efectos adversos. La sobrecarga de información, a menudo incorrecta o no verificada, presentó obstáculos para que los responsables de la toma de decisiones y los profesionales de la salud pudieran encontrar fuentes dignas de confianza y directrices auténticas en apoyo a su labor esencial. Asimismo, este exceso informativo provocó en muchas personas trastornos psicológicos como ansiedad, depresión y fatiga emocional, tanto en el personal sanitario como en la población en general (OPS, 2020, p. 2). Así, la desinformación que asoló a los hogares durante la pandemia de COVID-19 se caracterizó por una incansable emisión de mensajes carentes de sustento científico que repercutieron de manera negativa con la propagación de contagios, compras de pánico, consumo de sustancias nocivas, desabasto de algunos medicamentos, falta de protección, discriminación y hasta actos violentos en contra de quienes procuraban atender a la población (Mayorga, 2021, p. 465).

En definitiva, «la desinformación erosiona la confianza en las instituciones y en los medios digitales y tradicionales, y daña nuestras democracias al obstaculizar la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas», aunque «también suele respaldar ideas y actividades radicales y extremistas» (Comisión Europea, 2018) que arriesgan la estabilidad política, la paz social y los derechos de las personas. En consecuencia, tal como lo hemos planteado a lo largo del presente trabajo y ha sido advertido profusamente por diversos actores políticos, civiles, académicos, etc., la desinformación es particularmente peligrosa, ya que puede ser utilizada «para manipular las políticas, los debates sociales y el comportamiento en áreas como el cambio climático, la migración, la seguridad pública, la salud y las finanzas», además de «disminuir la confianza en la ciencia y la evidencia empírica» (Comisión Europea, 2018).

V. Breve alusión a la necesidad de hacer frente al fenómeno de la desinformación

Hemos tenido la oportunidad de analizar sucintamente todos los riesgos y daños que el fenómeno de la desinformación puede generar para las personas y el desarrollo social y democrático; empero, de todas formas, vale advertir que

el impacto de la desinformación difiere de una sociedad a otra, dependiendo de los niveles educativos, la cultura democrática, la confianza en las instituciones, la inclusividad de los sistemas electorales, el papel del dinero en los procesos políticos y las desigualdades sociales y económicas (Comisión Europea, 2018).

De esta manera, y aun cuando los efectos perniciosos de la desinformación tornan imperiosa la necesidad de hacerle frente, lo cierto es que los diferentes remedios que se puedan prever para llevar a cabo esta tarea siempre deben considerar una serie de factores que difieren en cada comunidad.

Por razones de oportunidad, la profundidad con la que abordaremos esta última temática no tiene el desarrollo que realmente requiere y solo nos limitaremos a ofrecer una visión general de las distintas herramientas y remedios que se pueden implementar dentro de cada sistema social y político para hacer frente a este fenómeno.

Uno de los remedios que se suelen proponer en la doctrina y en los diversos sistemas políticos dicen relación con la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva de comunicación estratégica, bajo la lógica de que este concepto hace alusión a una serie de metodologías y enfoques que buscan prever la planificación de la comunicación en diversos ámbitos (empresa, Gobierno, universidad, etc.) con base en las tendencias sociales, económicas políticas y tecnológicas (Prieto, 2023) que son utilizadas para alcanzar determinadas finalidades. De esta manera, consideramos que la comunicación estratégica resulta una herramienta imprescindible para hacer frente a la desinformación, ya que a través de ella se puede asegurar que mensajes veraces lleguen con claridad a la mayor cantidad de personas o al público objetivo que ha sido blanco de campañas de desinformación. De esta forma, en un contexto como el entorno digital, especialmente plagado de información falsa, la emisión de comunicados claros y veraces se torna totalmente necesaria.

La comunicación estratégica también permite elaborar tácticas que integren los múltiples canales de difusión de información. Al planificar una estrategia que tome como punto de partida un uso óptimo de, por ejemplo, las redes sociales, es posible dotar de mayor eficacia los mensajes que contrarresten la desinformación. Esta focalización estratificada, ya sea en segmentos como los de adultos mayores o los jóvenes, permite una mayor efectividad en el contrarresto de la desinformación. Según el Estudio de Redes Sociales 2023 (IAB, 2023), los grupos de personas más jóvenes son más llanos a preferir redes sociales más visuales como TikTok o Instagram, mientras que las personas que se encuentran en un rango etario mayor optan por Facebook o Twitter. De esta manera, por ejemplo, la comunicación estratégica permite no solo decidir a quien dirigir el contenido informativo para hacer frente a la desinformación, sino también el rango etario de dicho público y la red social que más utiliza ese sector de la población.

Además, la comunicación estratégica dota a las entidades, tanto públicas como privadas, de la agilidad necesaria para responder y reaccionar con prontitud ante las embestidas de la desinformación. Aprovechando los adelantos tecnológicos, tales campañas de falsedad se propagan a una gran velocidad, y es aquí donde la presteza y la adaptabilidad se convierten en herramientas de incalculable valor. En última instancia, la comunicación estratégica aboga por la propagación de mensajes sólidos y consistentes, especialmente dirigidos a aquellos grupos que son el blanco de campañas de desinformación. Esta praxis comunicacional no solo educa a las audiencias en el discernimiento de la información falsa, sino que también fomenta una cultura de verificación y escepticismo saludable ante la información que se recibe, antes de aceptarla como fidedigna. La comunicación estratégica como herramienta para hacer frente a la desinformación estará a cargo de organismos públicos o entes privados, dependiendo del área en que se desarrolla. Por ejemplo, en Europa la comunicación estratégica para hacer frente a la desinformación está a cargo del Servicio Europeo de Acción Exterior y la misma Comisión Europea. En el sector privado, cada organización dentro de su organigrama de cargos y funciones entregará esta tarea a departamentos y personal especializados, cada vez más necesarios en el mundo digital.

La alfabetización digital y los esfuerzos por disminuir la llamada «brecha digital» son herramientas insustituibles en la labor de hacer frente a la desinformación. A pesar de los notables avances en materia de tecnología y del aumento de usuarios de esta, sigue existiendo una importante brecha digital que pone a un considerable número de ciudadanos fuera de la transformación digital, limitando sus posibilidades de un desarrollo integral propio de nuestros tiempos. Incluso en países como España, que se ha caracterizado por tener un importante desarrollo tecnológico y por un amplio acceso a las nuevas tecnologías por parte de su población, esta brecha tecnológica sigue estando presente y afecta con mayor fuerza a los adultos mayores. «Aunque el uso del teléfono móvil está totalmente extendido entre los mayores de 65 años, tan solo tres cuartas partes de estos han utilizado internet en los últimos tres meses, y solamente el 60% lo utiliza a diario» (Fundación Telefónica, 2023, p. 19). En efecto,

la propia naturaleza cambiante de la desinformación, las dificultades de su identificación como amenaza, su trazabilidad y la determinación de su autoría, unido todo ello a la legítima sensibilidad democrática respecto de eventuales limitaciones de los derechos y libertades fundamentales, obligan a los responsables de la toma de decisiones a extremar la prudencia a la hora de actuar (Olmo y Romero, 2019, p. 4).

Por medio de la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital es posible contribuir a proporcionar a los usuarios mayores herramientas para detectar y entender cómo operan los vectores de desinformación —sobre todo, considerando la forma como la desinformación se propaga con mayor velocidad y profundidad en el marco de la internet—, los que a su vez se definen como todos aquellos canales a través de los cuales se difunde desinformación, especialmente aprovechando las potencialidades que ofrecen las TIC. En definitiva, según Sessa (2023), invertir en alfabetización mediática y digital para construir una sociedad resiliente que sea inmune a los engaños y a las manipulaciones, incluida la sátira malinterpretada o la caída en nuevas estrategias como la suplantación de identidad utilizada para difundir desinformación, es una tarea primordial y está llamada a jugar un rol clave en la lucha contra la desinformación.

Otra herramienta que ya es común en estos análisis es el fact checking. El fenómeno de la desinformación, en especial cuando se desarrolla en los entornos digitales y, en particular, se difunde a través de las redes sociales, impone cruciales desafíos a los profesionales de las comunicaciones, sobre todo a los periodistas, que se han visto en la necesidad de llevar a cabo una labor de verificación de noticias con la finalidad de corregir las inexactitudes y distorsiones que puedan afectarlas y desmentir las falsedades como un intento de contrarrestar sus efectos. En este contexto, el fact checking «surge ante la imperiosa necesidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es verdad y mentira ante al abundante caudal de información que circula en internet» (Rodríguez, 2019, p. 69).

El fact checking o la verificación de hechos es el procedimiento que consiste en la revisión y evaluación de la veracidad de afirmaciones y declaraciones contenidas en un texto, un artículo académico, una noticia, etc. Si bien esta labor de verificación de contenido siempre ha estado presente en el ejercicio del periodismo, en el sentido de que la prensa tradicional debe verificar los hechos y las fuentes antes de divulgar una noticia, el tipo de chequeo o verificación a la que alude la expresión fact checking no es ex-ante sino ex-post, ya que el chequeo de datos se realiza después de que la información comienza a circular en la esfera pública (Slipczuk, 2022, p. 3).

Además de las señaladas anteriormente, se proponen herramientas para hacer frente a la desinformación desde el derecho. Desde el mundo del derecho, hay propuestas que sugieren la creación de delitos penales específicos para sancionar la desinformación, en consideración a la importancia de los bienes jurídicos que pone en riesgo. Marchal González (2023), por ejemplo, propone esta solución. Con todo, penalizar la desinformación es una solución que no está exenta de complicaciones y desafíos, como la necesidad de equilibrar la protección de los bienes jurídicos que persigue la reacción punitiva del Estado con la libertad de expresión. También es necesario considerar lo desafiante que resulta para estos efectos definir la desinformación, distinguirla de otros desórdenes informativos y, sobre todo, probar la intencionalidad que subyace detrás de ella. Además, la vocación transfronteriza de la desinformación en la era digital plantea desafíos significativos en términos de jurisdicción y aplicación efectiva de una ley penal. Finalmente, la tipificación de estos delitos podría ser utilizada por autocracias para censurar y perseguir a quienes sean opositores.

También desde la perspectiva del derecho, se propone establecer diversas regulaciones legales que permitan determinar estándares para el ejercicio de la libertad de expresión y fijarlos con toda precisión. Frente al establecimiento de regulaciones legales tendientes a hacer frente a la desinformación, se produce algo de desconfianza, ya que a través de ellas se podría poner en riesgo el pleno respeto a la libertad de expresión y propiciar formas de censura (Magallón, 2020, p. 20; Sunstein, 2020, p. 400).

Con todo, en este nuevo contexto, y a pesar de las legítimas aprehensiones que se pueda tener frente a este tipo de regulaciones legales,

no debatir sobre una posible regulación puede suponer la inclusión de leyes que poco tienen que ver con las nuevas formas de desinformación y mucho con el uso tradicional de la propaganda (interior y exterior) para restringir nuestras libertades, bajo los argumentos de la seguridad nacional o la confianza absoluta en las fuentes oficiales (Magallón, 2020, p. 20).

De esta manera, autores como Cass Sunstein (2020) proponen la existencia de regulaciones dirigidas y contextualizadas para enfrentar los desafíos modernos que presenta la desinformación, especialmente en el contexto digital. Así, deberían sostenerse —dice este autor— versiones más modernas de leyes contra la información falsa, adecuadas a los medios digitales y a la forma como se difunden las noticias falsas en este nuevo escenario, las que deberían ser elaboradas para permitir cierta flexibilidad a las dinámicas cambiantes de la comunicación y la información, pero siempre reconociendo la necesidad de proteger adecuadamente la libertad de expresión, mientras se hace el esfuerzo de controlar y hacer frente a la desinformación (p. 423).

Dentro de las normativas legales, se propone avanzar en la regulación de las plataformas online, las cuales, sin perjuicio de variar —considerando los espacios geográficos—, presentan áreas comunes que pueden ser objeto de regulación, como por ejemplo la protección de datos personales, los derechos de autor, la propiedad intelectual y, desde luego, la adopción de medidas para prevenir la difusión de contenidos ilícitos como discursos de odio, pornografía infantil, violencia y, por cierto, desinformación, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes. El Reglamento de la Unión Europea 2022/2065, publicado el 16 de noviembre de 2022 y vigente desde agosto de 2023, es un interesante parámetro de estudio para la proposición de estándares que permitan crear regulaciones legales que hagan frente al fenómeno de la desinformación sin afectar la libertad de expresión13.

Con todo, valga destacar que en el derecho comparado es posible observar diversas regulaciones normativas que tienen por finalidad hacer frente a la desinformación (Fagan & Sugarman, 2021; Lupa, 2023). Así, una revisión general de algunos sistemas políticos permite concluir que los países con sistemas autocráticos o democracias imperfectas tienen leyes específicas para combatir la desinformación, especialmente la que se produce en línea, previendo penas pecuniarias y de cárcel para los infractores, se trate de ciudadanos o de plataformas en línea y sus administradores (Singapur, Rusia, Turquía, Camerún, Nicaragua, etc.).

Por su parte, en Europa, tal como se ha indicado, la entrada en vigencia de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea resulta clave para hacer frente al fenómeno de la desinformación en línea. Sin perjuicio de ello, la mayoría de los Estados europeos han comenzado a implementar legislaciones para abordar este fenómeno. Ese fue el caso de algunos países, como Hungría, que han producido normativas durante la pandemia para prevenir y sancionar a los responsables del flujo de desinformación que pudiese afectar los esfuerzos para contener el virus de COVID-19. Otros Estados, como Inglaterra y España, cuentan con leyes que contienen medidas para hacer frente a la desinformación y salvaguardar la integridad de los procesos electorales.

Algunos países derechamente han tipificado la desinformación como delito penal en la medida que esta sea utilizada para perturbar el orden público (Italia). En otros países europeos existen regulaciones que apuntan a combatir la desinformación en las redes sociales, principalmente, cuyas sanciones no traen aparejada la pena de cárcel, pero sí millonarias multas a las plataformas, como es el caso de la Ley de Aplicación de la Red de Alemania (NetzDG) de 2017. Por su parte, la Online Safety Act de Inglaterra, promulgada en 2023, busca proteger a los usuarios de internet de contenido ilegal y dañino, como la desinformación, y va dirigida a todas las plataformas en línea que permiten a los usuarios publicar contenido. Esta ley prevé fuertes sanciones pecuniarias para las plataformas que no cumplan con estas obligaciones, las que pueden llegar incluso hasta el 10 % de sus ingresos globales anuales. Dicha normativa exige a las plataformas digitales combatir las cuentas que difunden masivamente contenido falso e implementar medidas de educación sobre medios de comunicación.

Otros países, como Sudáfrica, han optado por implementar códigos de conducta voluntarios para combatir la desinformación en general.

En Estados Unidos, la regulación de la desinformación enfrenta desafíos significativos debido a la primera enmienda, que protege la libertad de expresión. Básicamente, la respuesta a la desinformación es bastante fragmentada, con algunas iniciativas estatales a través de normas que apuntan a combatir discursos de odio y a la protección de procesos electorales (California, Nueva York).

En Latinoamérica, la regla general en los Estados democráticos es la ausencia de legislaciones específicas para hacer frente al fenómeno de la desinformación. En todo caso, ello no obsta a que exista una creciente preocupación en los países latinoamericanos por abordar este fenómeno, especialmente considerando la era digital. Así, por ejemplo, en Argentina, si bien no existe una ley federal contra la desinformación, el año 2020 fue creado un observatorio destinado a proteger a la ciudadanía de la información falsa. Además, en la actualidad se tramitan dos proyectos de ley que buscan sancionar la desinformación modificando el Código Penal (PL. 1453-2020 y PL. 848-5-2020). En Brasil, por su parte, las personas que difundan información errónea o falsa durante las elecciones pueden ser castigadas en los términos del artículo 323 del Código Electoral. En la actualidad, se está tramitando el Proyecto de Ley 2630/2020, que crea la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, cuyo contenido no ha estado exento de polémicas justamente a raíz de su potencial impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión. El resto de los países, como Perú o Colombia, no cuentan con legislaciones específicas. En el caso Ecuador, existe la Ley Orgánica de Comunicación (2013), pero ella no se refiere directamente a la desinformación, aunque establece una serie de normas sobre los contenidos que pueden ser difundidos por los medios de comunicación, prohibiéndose la difusión de contenidos discriminatorios y exigiendo que la información sea verificada, precisa y contextualizada. El caso chileno ya lo hemos referido al inicio de este documento.

Con todo, y al margen de los remedios que se puedan adoptar en el orden interno de cada Estado, la naturaleza global de la desinformación exige la cooperación internacional y el intercambio de las mejores prácticas entre países, organizaciones internacionales y actores privados para desarrollar estrategias para combatir la desinformación, especialmente aquella que es creada y difundida aprovechando las TIC y desde una perspectiva multidisciplinaria (Kalsnes, 2018, p. 15; Lazer et al., 2018, p. 5).

En definitiva, la lucha contra la desinformación es vital para salvaguardar la democracia y los derechos humanos, destacando su importancia en el mantenimiento de sociedades informadas y libres. Sin embargo, en este esfuerzo, es primordial no imponer restricciones que comprometan el núcleo del derecho a la libertad de expresión y sus múltiples formas de manifestación. La libertad de expresión, con su profunda relevancia social y política, constituye un pilar fundamental de la democracia. Por lo tanto, uno de los retos más significativos en esta tarea es encontrar un balance justo entre la necesidad de combatir la desinformación y el respeto a la libertad de expresión. Este equilibrio es esencial para garantizar que mientras se protege a la sociedad de la influencia perniciosa de la información falsa, también se preserva el derecho inalienable a expresar y recibir ideas e información libremente.

VI. Conclusiones

El fenómeno de la desinformación en la era digital plantea un desafío multifacético para las sociedades democráticas, que se extiende más allá de la mera difusión de información falsa o engañosa. Su impacto se siente en varios aspectos de la vida social y política, y abordar este problema requiere un enfoque holístico y multidimensional.

En primer lugar, la desinformación erosiona la confianza en las instituciones políticas y los medios de comunicación, fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Esta erosión de la confianza puede llevar a una disminución de la participación ciudadana y a un desencanto general con el proceso democrático. Además, la polarización y división social que la desinformación exacerba pueden crear un ambiente de hostilidad y desconfianza entre diferentes grupos de la sociedad, socavando el diálogo constructivo y la deliberación democrática.

La interferencia en los procesos electorales es otro desafío crítico que la desinformación presenta para las democracias. Al manipular la opinión pública y alterar el resultado de las elecciones, la desinformación puede comprometer la integridad de los procesos democráticos y la legitimidad de los gobiernos elegidos. Este riesgo se ve agravado por la sofisticación de las herramientas digitales y las técnicas de manipulación de la información, que pueden ser utilizadas por actores internos y externos para influir en los resultados electorales.

Los desafíos regulatorios son igualmente importantes, ya que abordar la desinformación implica encontrar un equilibrio entre la lucha contra la difusión de información falsa, el respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información. La regulación de las plataformas digitales y las redes sociales, que son canales clave para la propagación de la desinformación, plantea preguntas sobre la responsabilidad de estos actores en la moderación del contenido y la protección de la integridad de la información pública.

Por último, el impacto de la desinformación en la cohesión social es profundo. Al fomentar la desconfianza y el conflicto entre diferentes grupos de la sociedad, la desinformación puede debilitar el tejido democrático y amenazar la paz social. Este impacto se ve exacerbado cuando la desinformación se utiliza para fomentar discursos de odio o para atacar a grupos vulnerables, lo que puede llevar a la discriminación y la violencia.

En buenas cuentas, la desinformación en la era digital representa un desafío complejo para las democracias y requiere de un enfoque integral y colaborativo para su abordaje. Es necesario promover la educación en medios, fomentar el pensamiento crítico y desarrollar herramientas efectivas de verificación de la información. Al mismo tiempo, es crucial garantizar que las medidas adoptadas para combatir la desinformación respeten los principios democráticos y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Y, desde luego, previamente a lo anterior, se hace imprescindible determinar con la mayor precisión posible el concepto de desinformación pues es la base para entender este fenómeno, tomar conciencia de sus riesgos y, especialmente, configurar e implementar remedios para hacerle frente.

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Recibido: 17/03/2024
Aprobado: 15/07/2024

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