Arbitraje de inversión en el sector minero: tendencias, tensiones y casos emblemáticos

Resumen

El presente artículo analiza la evolución del arbitraje de inversión en el sector minero en América Latina, con especial énfasis en las tensiones entre la soberanía regulatoria, la protección ambiental y las expectativas del inversionista. El objetivo de la investigación es identificar los criterios interpretativos adoptados por los tribunales arbitrales y examinar su evolución, a fin de determinar si existe una tendencia hacia una mayor aceptación de cambios en el razonamiento arbitral. El problema central radica en determinar si el sistema arbitral contemporáneo ofrece un marco coherente para resolver controversias derivadas de inversiones mineras, en escenarios donde se tiene presentes riesgos políticos, regulatorios, sociales y ambientales. Para esto, el análisis se sitúa en el marco teórico del derecho de las inversiones, analizando los estándares sustantivos de protección como el trato justo y equitativo (FET), la protección y seguridad plenas (FPS) y la expropiación indirecta.
Así como las excepciones previstas en los Acuerdos Internacionales de Inversión (IIA) y la ya no tan progresiva incorporación right to regulate. La hipótesis principal sostiene que el arbitraje de inversión no ha eliminado las tensiones estructurales del sistema, pero sí ha evolucionado hacia un modelo que reconoce la legitimidad de la regulación estatal, particularmente en materia ambiental, condicionando la responsabilidad internacional a la forma en que dicha regulación es implementada. A partir de una metodología cualitativa basada en el análisis doctrinal y jurisprudencial de casos emblemáticos del sector minero, el estudio concluye que los tribunales arbitrales han adoptado un enfoque más contextual, incorporando factores como la conflictividad social, la conducta del inversionista y la razonabilidad de las medidas regulatorias. Sin embargo, también se ha determinado que persisten niveles relevantes de incertidumbre derivados de la falta de claridad o predictibilidad del régimen minero en algunos Estados y la diversidad de tratados aplicables.