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Discapacidad visual, competencias y empleabilidad en el Perú 1
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Juan Pablo Bergamino Varillas
Pontificia Universidad Católica del Perú
juanbergamino@gmail.com
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El empleo es un medio de desarrollo económico y social que permite mejorar
la calidad de vida de las personas e incrementar su sentimiento de pertenencia
en tanto generan una contribución productiva a la sociedad. En el caso de las
personas con discapacidad, el acceso al empleo suele ser limitado debido a que
existen barreras educativas, económicas y culturales que impiden su participación
en la vida laboral; sin embargo, estas personas cuentan con diversos tipos de
competencias, propias de su condición, para poder realizar tareas productivas
que les aseguren mantener un empleo estable y a largo tiempo. Es importante
conocer cuáles son esas competencias y cómo, a través de la gestión de este
talento, influyen directamente en la empleabilidad de este colectivo. Asimismo,
es responsabilidad de la sociedad civil generar espacios de desenvolvimiento y
desarrollo constante que el Estado y el mercado no siempre han atendido.
Palabras clave: discapacidad visual, competencias, gestión del talento,empleabilidad
Employment is a way of economic and social development, it leads people to improve
their quality of life and increase their sense of belonging, as it allows them to generate a
productive contribution to society. For people with disabilities, the access to employment
is usually limited because of the educational, economic and cultural barriers that prevent
the participation of this group in working life; however, they have different types of
skills to perform productive tasks that ensure they can maintain a stable and long term
employment. It is important to know what these skills are and how they influence the
employability of this group. Also, it is responsibility of the society to generate spaces
for the development of this group that the government and the market have left aside.
Keywords: visual disability, skills, talent management, employment
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1. El presente artículo es resultado de la investigación conducente a la elaboración de la tesis de licenciatura: Oportunidades
laborales en el sector masoterapia para personas con discapacidad visual: el caso de Ágora Perú, presentada a la Pontificia
Universidad Católica del Perú en el año 2013. Para el desarrollo de dicha tesis se contó la asesoría del Dr. Levy del Aguila
Marchena, a quien agradezco por sus orientaciones a lo largo de la investigación. Los hallazgos principales de dicho trabajo
son expuestos a continuación.
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1. Introducción
Actualmente, las personas con discapacidad (en adelante PCD) alrededor del mundo
cuentan con menores oportunidades debido a su limitada participación en la esfera
económica y social, la falta de acceso a servicios, la educación, entre otros factores
cuyos efectos concluyen en situaciones de pobreza y exclusión (OMS, 2011a, p. xi). En
el Perú sigue existiendo precariedad económica, así como fragilidad institucional en el
sector público y en la sociedad civil, lo que limita considerablemente las posibilidades del
desarrollo humano sostenible en el país (PNU, 2002, p. 1). En este contexto, es importante
investigar la situación de las PCD puesto que sus talentos no han sido considerados para
el desarrollo del país.
Existen diversas organizaciones que se encargan de brindar capacitaciones a las
PCD para que puedan insertarse al mercado laboral. En este artículo nos centraremos en
una de ellas: Agora Perú. Esta capacita a través de talleres laborales y cursos técnicos en
materias como la masoterapia que les permitan desarrollarse profesionalmente e insertarse
en el mercado laboral. El objetivo del artículo es comprobar si la capacitación que brinda
dicha organización mejora realmente la empleabilidad de las PCD visual y si esta toma
en cuenta las habilidades técnicas y personales requeridas por las organizaciones más
representativas del sector masoterapia.
Como se mencionó, las PCD cuentan con una limitada participación social. En
respuesta a esa realidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un Informe
mundial sobre discapacidad que proporciona datos y busca fomentar la formulación
de políticas públicas y programas que mejoren la vida de las PCD. En dicho informe se
menciona que:
En todo el mundo, las PCD tienen peores resultados sanitarios y académicos,
una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las
personas sin discapacidad (…) (OMS, 2011a, p. xi).
Por otro lado, el informe menciona que los principales obstáculos discapacitantes
son las políticas y normas insuficientes, los prejuicios sociales, los servicios limitados,
la poca financiación, la falta infraestructura accesible y el acceso a la información (OMS,
2011a, p. 10-12; OMS, 2011b).
Según esta información, las PCD en todo el mundo cuentan con un entorno
desfavorecido. Este artículo se centrará en las PCD visual. En el caso peruano, el Censo
Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas nos señala
que el 10,4% de la población total cuenta con discapacidad, lo cual representa 3 051 612
personas, siendo 1 473 583 —lo cual equivale al 48,29% de este subtotal— la cantidad de
PCD visual (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018).
Es un problema del Estado que no se hayan podido resolver de manera eficiente
las diversas circunstancias sociales adversas en virtud de las cuales la población se
siente desprotegida y excluida por falta de intervención estatal y como resultado de la
cultura de exclusión existente en el país. Este es el caso de las PCD. Para minimizar el
impacto en estos colectivos, algunos Gobiernos promulgaron políticas públicas y servicios
asistenciales; sin embargo, no es suficiente para el total de la población. En este sentido,
surgieron organizaciones civiles de apoyo al Estado que atienden a los sectores menos
favorecidos del Perú mediante el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades.
2. La discapacidad en la persona y la discapacidad visual
En el año 2001 la OMS creó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF, que complementaba a la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), para brindar un
lenguaje estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados
relacionados con la salud de cara a la nueva realidad social del siglo XXI. La CIF organiza
la información en dos partes: funcionamiento y discapacidad, cuyos componentes son
las funciones de los sistemas corporales2 y las actividades y participación —que denotan
aspectos del funcionamiento desde una perspectiva individual y social— (Minguijón, 2005,
p. 37); y, factores contextuales, divididos en ambientales —que constituyen el ambiente
físico, social y actitudinal— y personales —correspondiente al estilo de vida y características
particulares de cada persona— (Minguijón, 2005, p. 40; OMS, 2001, p. 11).
La CIF define a la discapacidad como un término que abarca tres puntos:
-
Deficiencias corporales: son problemas que afectan una estructura o función
corporal a través de una alteración en la estructura anatómica de una persona,
la cual puede generarse por nacimiento o ser provocada por algún accidente
(Vaz & Cano, 2002)
-
Limitaciones de la actividad: son resultado de las deficiencias corporales y
representan dificultades para ejecutar acciones por sí mismos, sin ayuda de
alguna persona o tecnología (Bernal, 2012).
PCD de acuerdo al tipo de discapacidad.
Por otro lado, tomando en cuenta el gráfico 1, el funcionamiento y la discapacidad3
se entienden como una interacción entre la condición de salud (enfermedades, trastornos,
lesiones) y los factores contextuales; sin embargo, no siempre estas interacciones
constituyen una relación recíproca (OMS, 2001, p. 30). Muchas veces, las intervenciones
de un elemento pueden modificar uno o más de los otros elementos. Una persona puede
contar con ciertas deficiencias, pero no tener limitaciones; por ejemplo, una desfiguración
como consecuencia de la lepra puede no tener efecto en la capacidad de una persona
(OMS, 2001, p. 31).
En este sentido, se define a la discapacidad como el estado de salud de una persona
en el que, debido a problemas en las funciones corporales, se genera una limitación en su
accionar y, a su vez, se restringe su participación social, lo cual se encuentra relacionado a
factores ambientales y personales (Minguijón, 2005, p. 41); es decir, en la interacción entre
las características propias de un individuo con discapacidad y las de la sociedad estas no se
complementan, por lo cual se genera una limitación y obstáculos para poder participar en
la sociedad de manera plena.
2.1. Tipos de discapacidad
Los tipos de discapacidad se dividen en tres: física, sensorial y mental. En la primera, la
persona que la padece no tiene control voluntario de su aparato muscular, así como ninguna
sensibilidad en alguna o varias partes del cuerpo. Por otro lado, la discapacidad sensorial se
refiere a una alteración del funcionamiento en el área del cerebro que controla sentidos como
la vista y el oído, así como a quienes presentan problemas de comunicación y lenguaje. Así,
la discapacidad visual equivale tanto a la pérdida total de la capacidad de ver como a una
debilidad visual en ambos ojos (Gómez, 2005, p. 17). Finalmente, la discapacidad mental
es la limitación en la capacidad de aprendizaje de nuevas habilidades —incluso básicas—
o la presencia de trastornos de conciencia y comportamiento, tanto en las actividades
elementales de la vida como en su relación en sociedad (Gómez, 2005, p. 18).
Víctor Vargas Chávarri, coordinador de la Delegación Nacional del Perú ante la
Unión Latinoamericana de ciegos (ULAC) y director de la ONG Sociedad y Discapacidad,
indica que el término correcto es «persona en situación de discapacidad», puesto que
es el resultado de la relación de una persona con sus características biopsicosociales
y el entorno externo en el cual se desenvuelve (Bergamino, 2013). En este sentido, las
PCD son consideradas un «grupo en situación de vulnerabilidad» debido a que, en base
a sus condiciones sociales, económicas, culturales y psicológicas, se encuentran en
condición de riesgo y privadas del pleno goce de sus derechos fundamentales (Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
2011, p. 11).
2.2. Modelos de discapacidad
Desde el punto de vista histórico, destacan tres modelos de comprensión y acercamiento
hacia el mundo de la discapacidad que han generado un amplio impacto en sus respectivos
contextos sociales. A continuación, se describe la clasificación que la doctrina ha realizado
respecto a los distintos modelos de tratamiento de la discapacidad que han existido hasta
llegar al modelo social, el cual ha sido tomado como base principal por la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y fue legitimado por la
comunidad internacional.
En primera instancia, en la Antigüedad grecorromana y en la Edad Media primaba
el modelo de prescindencia, el cual consideraba que la discapacidad tenía su origen en dos
ejes: una justificación religiosa y la consideración de que la PCD es una carga que no aporta
a la comunidad (González, 2010, p. 14). Tanto la sociedad griega como la romana buscaron
medidas para prescindir de estas personas y crearon políticas eugenésicas sobre la base
de motivos religiosos y políticos que consideraban como inútil el desarrollo y crecimiento
de niños con discapacidad, optando por el infanticidio (Gonzáles, 2010, p. 14).
Por otro lado, en la Edad Media la subestimación de las PCD significó la exclusión
y la marginación. En el mundo medieval occidental primaba la religión cristiana, razón por la
que ya no se aplicaba el infanticidio; sin embargo, muchos niños morían como consecuencia
de omisiones, ya sea por falta de interés, recursos o por la invocación de la fe como único
medio de salvación (Arnau, 2008, p. 67). Esta sociedad, basada en pequeños productores,
generaba una actitud de menosprecio y marginación a las PCD pues estas no participaban
en la actividad laboral, por lo cual solo les quedaba apelar a la caridad o ejercer la mendicidad
como único sustento (Palacios, 2008, p. 56).
A inicios del siglo XX este modelo inició una etapa de transformación hacia el
denominado modelo rehabilitador o médico. Si bien es cierto que la orientación inicial
hacia el modelo rehabilitador tuvo que ver con los accidentados laborales4, las causas
que consolidan la transformación a dicho modelo son la Primera y la Segunda Guerra
Mundial en tanto muchos hombres heridos resultaron afectados de por vida. A ellos
se les denominó «mutilados de guerra» para diferenciarlos de los discapacitados por
accidentes laborales. Por esa razón, los Estados se vieron obligados a compensar a los
mutilados a través de servicios sociales establecidos por políticas legislativas (González,
2010, p. 15). Así nace el movimiento rehabilitador, el cual se centró en los rasgos médicos
de las personas y situó el problema en las deficiencias y la dificultad para realizar tareas
cotidianas y profesionales, teniendo como objetivo la recuperación físicosomática y
funcional (Augado, 1995, p. 182).
Se abrió la posibilidad de un mejoramiento de la calidad de vida de las personas
afectadas, así como medios de prevención, tratamientos y la utilización de servicios de
asistencia social, los cuales eran brindados por instituciones especializadas. Las respuestas
sociales hacia las PCD se basaban en una «actitud paternalista», de manera que la asistencia
social pasó a ser el principal medio de manutención y subsistencia. En este contexto aparece
la modalidad de «empleo protegido» como medio de inserción laboral. Este se pensó
como una solución temporal para que las PCD pudieran desarrollar sus habilidades y luego
conseguir un empleo en otra organización; sin embargo, los empleadores consideraban
que no eran lo suficientemente competentes debido al tipo de empleo (Palacios, 2008,
p. 87), razón por la cual se convirtió en una medida asistencialista. A pesar del cambio de
modelo, la situación de las PCD continuó siendo desfavorecida.
Finalmente, desde finales de los años sesenta, en Estados Unidos e Inglaterra
empieza a surgir el denominado modelo social de la discapacidad o de derechos humanos,
el cual rechaza que las causas de la discapacidad sean religiosas o fisiológicas, y más bien
considera que el origen responde a obstáculos resultantes de factores sociales (Arnau,
2008, p. 68). Este modelo se inspiró y tomó sus bases en los movimientos civiles de
los negros, las mujeres y otras minorías para dar paso al movimiento por los derechos
humanos y civiles de las PCD (Del Aguila, 2007, p. 36).
Estas experiencias dieron impulso a acciones individuales de PCD como Ed
Roberts, estudiante con discapacidad motora de la Universidad de California, y Paul Hunt,
joven con distrofia muscular en Inglaterra, quienes no podían acceder a servicios básicos
como la educación a causa de las barreras sociales y culturales. Ellos lucharon y reclamaron
servicios que les eran propios por derecho (Palacios, 2008, p. 114). Estas iniciativas
buscaban: a) eliminar las barreras sociales; b) que ningún aspecto, como los ingresos o la
movilidad en las instituciones, sean tratados de forma aislada; c) que las PCD, con ayuda
de la población, asuman el control de sus propias vidas; y, finalmente, d) que las personas
que tratan de ayudar, como profesionales y expertos, se encuentren comprometidos con la
promoción del control propio de las personas (UPIAS, 1976).
Este nuevo modelo se centra en la dignidad intrínseca del ser humano y sienta
sus bases en valores intrínsecos a los derechos humanos, como la dignidad humana,
la igualdad de oportunidades, la libertad personal frente al abuso del poder y la no
discriminación (INADI, 2012, pp. 13-14). Asimismo, sitúa a las PCD como «sujetos de
derechos» con voluntad para tomar sus propias decisiones y define a la sociedad como la
principal fuente de problemas para el discapacitado. En este sentido, se entiende que la
sociedad debe aceptar que la diferencia humana no es innata, sino creada por un aparato
de poder que impone estas etiquetas para preservarlo (Palacios, 2008, p. 194; Quinn &
Geneger, 2002, p. 12).
El modelo social, al hacer referencia a la igualdad de oportunidades, no se refiere
a que no existen diferencias entre las personas, sino que es responsabilidad de la sociedad
autenticar esas diferencias y tenerlas en cuenta dentro de sus ideales. Bajo este enfoque,
no debe permitirse que factores externos a la persona —es decir, aquellos sobre los cuales
no tiene control— definan sus oportunidades (Quinn & Geneger, 2002, p. 13).
El fin del modelo social es lograr que la sociedad respete la autonomía de
las PCD, comprendiendo la diferencia. Supone eliminar las barreras arquitectónicas,
socioeconómicas, legales y culturales; y solucionar temas de accesibilidad y diseño, de
forma que puedan desenvolverse con igualdad de oportunidades, cambios que constituyen
la ruta para disminuir su discapacidad (Arnau, 2008, p. 69). En este sentido, la frase
mencionada por Jenny Morris5 tiene mucho sentido: «una incapacidad para caminar es una
deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada
consiste en una serie de escalones es una discapacidad» (Palacios, 2008, p. 103).
A continuación se presenta un resumen de los tres modelos antes mencionados.
2.3. La discapacidad visual
La discapacidad visual es la carencia, disminución o alteración de la visión, bajo la forma
de pérdida parcial o total de la misma, debido a daños ocasionados en los ojos o en la
parte del sistema nervioso encargada de procesar la información visual por traumatismos,
enfermedades o defectos congénitos (Farías, 2010, p. 8). La función visual se clasifica en
cuatro niveles: visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y
ceguera. La discapacidad visual moderada y grave se agrupan en lo que se conoce como
baja visión, siendo el total de los casos de discapacidad visual la suma de aquellos con los
casos de ceguera (Organización Mundial del Comercio, 2017).
La baja visión es descrita por la OMS como una limitación de la capacidad visual
que afecta a la persona en la realización de ciertas actividades propias de la vida cotidiana
y que no mejora con corrección refractiva6 (Yépez, 2011, p. 8). Por otro lado, la ceguera es
la pérdida total de la vista; es decir, existe una ausencia de la percepción de la luz, lo cual
deriva en la incapacidad de percibir objetos. La ceguera supone la imposibilidad de leer,
incluso con corrección óptica o magnificación de los textos escritos (Yépez, 2011, p. 9).
Muchas veces las causas de la discapacidad visual son congénitas; sin embargo, las causas
principales remiten a errores de refracción no corregidos como miopía, hipermetropía,
astigmatismo, cataratas y glaucoma. En todos los casos la refracción de luz al interior del
ojo hace que la imagen no se forme de manera nítida dentro de la retina, por lo cual son
conocidos como defectos refractivos (Alemañy, 2003, p. 194).
En junio del 2012 la OMS reportó que en el mundo existen aproximadamente 285
millones de PCD visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja
visión (OMS, 2012). Asimismo, el 90% de los casos mundiales se concentra en los países
en desarrollo.
Ese mismo año se realizó en el Perú la Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad (ENEDIS), en la cual se tomó en cuenta el área urbana y rural de los 24
departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, y contaba con el objetivo
de obtener información estadística confiable acerca del tamaño de la población que cuenta
con algún tipo de discapacidad a nivel nacional, así como conocer sus características
sociodemográficas y económicas, y el nivel de funcionamiento personal, familiar y
sociolaboral; sin embargo, en el año 2017 se realizó el Censo Nacional 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas que actualizaba la información recopilada
en ENEDIS.
Según los resultados obtenidos en el Censo, el 10,4% del total de la población
peruana (3 051 612 personas) presenta algún tipo de discapacidad, siendo 57% mujeres,
aproximadamente. La discapacidad se presenta en mayor medida en personas mayores
de 60 años, que constituyen alrededor del 40%, y luego en las personas cuyas edades se
encuentran entre los 30 y 59 años, con un 35%. El 81.5% de las PCD encuestadas cuentan
con un tipo de limitación, mientras que, la diferencia, reúne dos o más limitaciones. De las
limitaciones presentadas, la incidencia más alta se da en la limitación visual con un 48,3%,
seguida por la limitación motora con 15,1%, la auditiva con 7,6%, del aprendizaje con 4,2%,
la de relacionamiento con 3,2%, y, finalmente, la de comunicación con 3,1%.
Con respecto a las personas con limitaciones visuales, el gráfico 2 presenta los
departamentos en los cuales se encuentran distribuidos según el Censo. Entre los más
importantes encontramos que el 38,29% residen en Lima, seguido, en menor medida,
de los departamentos de Piura con 5,62%, La Libertad con 5,14%, Arequipa con 4,88%,
Lambayeque con 4,16%, mientras que los demás departamentos no superan el 4%.
Si bien es cierto que el Censo 2017 actualizó la cantidad de PCD e incluyó
preguntas acerca de los tipos de discapacidad y ubicación geográfica, no hizo hincapié
en los tipos de dificultad que presentan las PCD visual ni el grado de discapacidad que
cuentan, lo cual sí se desarrolló en ENEDIS, siendo, en su momento, el 74,6% de PCD
visual quienes contaban con un nivel de discapacidad ligera y moderada, mientras que el
resto la identificaba como grave y completa (INEI, 2014). Se trata de una población que
ha podido desarrollar otras funciones que le permiten contrarrestar esta falencia, como
el desarrollo del tacto, oído, gusto y olfato para identificar objetos, lugares y situaciones y
desenvolverse de la mejor manera posible (Valdéz, 2010).
3. La empleabilidad de las personas con discapacidad
Luego de haber mostrado las nociones de discapacidad, los modelos de interpretación y la
discapacidad visual, se presentará la relación existente entre empleo y discapacidad para
conocer el vínculo entre los discapacitados visuales y su inserción en el mercado laboral
desde un marco de referencia global.
3.1. Empleo y discapacidad
En la actualidad, el tema del empleo genera preocupación alrededor del mundo para todas
aquellas personas que buscan dar sustento a sus familias. Según estadísticas del Banco
Mundial, 200 millones de personas en el mundo se encuentran desempleadas, siendo el
75% de ellas menores a 25 años (Banco Mundial, 2012, p. vii).
Para poder desarrollarse económica y socialmente las personas deben contar con
un empleo que les permita alcanzar un estándar de vida saludable, lo cual aportará a la
productividad y al desarrollo del país. El Banco Mundial menciona que el empleo es la
base para impulsar la prosperidad y el desarrollo económico y social, y ofrece los medios
que permiten escapar de la pobreza e incrementar el nivel de vida, así como la inclusión
y cohesión social de los sectores menos favorecidos (Banco Mundial, 2012, p. 2; OIT,
2013, p. 1).
Asimismo, según el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013 (Banco Mundial,
2012), el empleo no debe abordarse solamente desde los ingresos y beneficios que
se brinda a los trabajadores, sino también desde los productos que genera y por cómo
determina la forma en que las personas se relacionan con la sociedad, siendo así un factor
que transforma y mejora los niveles de vida, productividad y fomenta la cohesión social
(Banco Mundial, 2012, p. 8).
No solo el empleo cuenta con un carácter transformador, también es importante
mencionar que contar con un trabajo seguro, estable y bien remunerado es un factor clave
para la autoestima de las personas y reafirma su sentido de pertenencia a una comunidad
en tanto son productivos (OIT, 2013, p. 1).
En el caso de las PCD, el acceso al empleo suele ser mucho más difícil por temas
que abarcan desde la falta de educación hasta los prejuicios y la marginación existentes
(OIT, 2010, p. 1). Frente a este contexto de exclusión y pobreza, el trabajo es un método
efectivo para romper la cadena de marginación y brindar los medios necesarios para lograr
una vida plena.
En este sentido, sobre el contexto peruano, Maldonado (2006, p. 12) comenta
que el tema laboral para las PCD es muy crítico pues se relaciona con áreas que no
siempre trabajan de la mano: salud y educación. Sin ayudas compensatorias —como sillas
de ruedas, sistema braille, lenguaje de señas, entre otros—, terapias de rehabilitación,
material educativo adecuado, formación y capacitación para el trabajo la persona no se
encuentra preparada para insertarse laboralmente en igualdad de oportunidades.
Asimismo, las estadísticas muestran que las PCD cuentan con menores tasas
de empleo a nivel mundial. En el caso de Perú, la tasa de ocupación es de 23,8% (OMS,
2011a, p. 268). En su informe mundial, la OMS menciona que en países desarrollados y en
desarrollo las PCD en edad de trabajar cuentan con tasas de desempleo muy altas, lo cual
repercute en una limitada participación en el mercado laboral, siendo una de las principales
razones por las cuales la discapacidad conduce a la pobreza (OMS, 2011a, p. 256).
A pesar del contexto negativo, diversos organismos internacionales manifiestan
que las PCD puedan realizar aportes muy valiosos a la sociedad a través del empleo. La
OMS menciona que existen empleadores que todavía consideran que las PCD no se
encuentran calificadas para realizar diversas actividades; sin embargo, ellas sí cuentan con
las habilidades requeridas y representan una alta lealtad y una tasa de absentismo muy baja
(OMS, 2011a, p. 266). Por otro lado, la OIT menciona que las PCD son una fuente de talento
sin explotar puesto que cuentan con habilidades técnicas, si tienen acceso a la formación,
y personales, que transfieren desde su vida cotidiana (OIT, 2010, p. 1).
O’Reilly (2007, p. vii), expresidente de Rehabilitación Internacional y del Centro
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), refuerza la idea de que
las PCD pueden generar una gran contribución y aporte con su trabajo pues, cuando se
les han brindado oportunidades en puestos que se adaptan a sus competencias, intereses
y aptitudes, han demostrado ser competentes, evidenciando lo erróneos que son los
prejuicios acerca de su capacidad de trabajar.
Al ser el sector privado el principal motor de la creación de empleos, en tanto
representa el 90% de la totalidad de puestos de trabajo en el mundo, la importancia
de generar conciencia en dicho sector sobre el carácter erróneo de los prejuicios en la
contratación de las PCD es vital (Banco Mundial, 2012, p. viii). Frente a ello, cabe señalar
que la OMS menciona que incluir a las PCD en la fuerza laboral es importante, pues permite
maximizar los recursos humanos, promover la dignidad humana y favorece la cohesión
social (OMS, 2011a, p. 266).
3.2. Obstáculos para el discapacitado visual
Existen muchos prejuicios sobre la realidad de las capacidades y habilidades de las PCD. Tal
como se vio en el modelo social, existen distintos obstáculos para cada una de ellas. Como
menciona Fabiana Mon (1999, p. 4), especialista en discapacitados visuales y directora
del Centro de Recursos Educativos para Niños y Adolescentes con Discapacidad Visual de
Buenos Aires, Argentina, existen diversas barreras que obstaculizan la integración laboral.
Ella las divide en cuatro puntos: a) barreras técnicas y de capacitación, b) socioeconómicas,
c) legales y d) culturales.
La primera barrera, técnica y de capacitación, hace referencia a que las PCD
necesitan ayuda profesional para encontrar un puesto de trabajo. Muchas veces, aunque su
capacitación sea la mejor y cuenten con una formación completa, necesitan un servicio que
funcione a modo de agencia de colocación para ayudarlos a integrarse al mercado laboral
(Mon, 1999, p. 4). La integración laboral de las PCD visual se realiza por «ensayo y error», o
por instituciones que cuentan con conocimientos generales sobre la discapacidad, pero no
con formación específica en lo laboral. Algunas veces, las PCD visual pueden llegar a recibir
educación primaria, secundaria e incluso profesional; sin embargo, debido al competitivo
mundo laboral, es difícil que puedan insertarse bajo sus propios medios.
Según lo que menciona Maldonado (2006, p. 9), la falta de acceso a la educación tiene
su origen en diversas carencias. Una de ellas hace referencia a las barreras arquitectónicas
que obstaculizan la participación de las PCD en la sociedad; es decir, a la infraestructura
existente en el aparato educativo nacional y la oferta limitada de servicios. Un buen ejemplo
se aprecia en la falta de material de lectura en braille para el aprendizaje de las PCD visual y la
falta de señalización vial y peatonal. Sobre este punto, la OMS menciona que el ambiente en
el que viven tiene un profundo efecto en la prevalencia y magnitud de la discapacidad. Así, si
bien las catástrofes naturales modifican las deficiencias y crean barreras en el entorno físico,
vemos también que, por contraste, los cambios para mejorar la accesibilidad en los medios
de transporte y la infraestructura pública las reducen (OMS, 2011a, p. 42).
Por otro lado, las barreras socioeconómicas se generan principalmente por una
relación causal entre discapacidad, falta de educación, falta de oportunidades laborales y
escasez de recursos económicos. Es decir, existe un círculo vicioso que hace que el desarrollo
se vea truncado. Sobre este punto, Mon (1999, p. 5) menciona que «hay situaciones donde
resulta casi absurdo hablar de inserción laboral cuando no están garantizadas las condiciones
mínimas de subsistencia, donde llegar a la educación básica ya resulta un privilegio». En
este caso, el requisito primordial es la educación y existe una barrera que impide el acceso a
la misma. En el mismo sentido, las PCD enfrentan muchas dificultades como, por ejemplo,
la carencia de servicios adecuados, el acceso inequitativo a servicios básicos en salud y
educación, la falta de oportunidades de empleo, y las barreras físicas y actitudinales que
obstaculizan su participación en la sociedad, tal como menciona Maldonado (2006, p. 9).
Por su parte, las barreras legales hacen referencia al incipiente marco normativo
que regula el entorno de las PCD en muchos países. Respecto a este punto, la OMS
menciona la importancia de las leyes y normativas para revertir la discriminación en tanto
forman el punto de partida para promover la inclusión al mundo laboral.
Si bien es cierto que en 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual expresa que se deben
respetar los derechos y libertades de todas las personas sin ningún tipo de distinción, esta
no logró satisfacer las necesidades de todos los colectivos debido a que, en la práctica, los
grupos minoritarios sufrían discriminación, racismo y exclusión por parte de la sociedad y el
Estado, y sus necesidades específicas no eran satisfechas ni atendidas, lo que se tradujo
en la privación del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Debido a esto,
fue necesario crear tratados complementarios para grupos específicos; por ejemplo, para
el caso de las PCD fue necesario crear en 1974 el Tratado de los Derechos de las Personas
con Retraso Mental; en 1976, los Derechos del Impedido; en 1981, el Programa de Acción
para los Impedidos; y, en 1993, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las PCD (Araya, 2013).
En el año 2008 la ONU decidió crear la Convención sobre los Derechos de las
PCD, la cual era una síntesis de los distintos tratados complementarios mencionados. Esta
hacía frente a los obstáculos físicos y sociales que impedían a las PCD recibir educación,
conseguir empleo —incluso si se encontraban calificadas—, acceder a la información,
recibir un adecuado cuidado médico y sanitario, poder desplazarse, e integrarse en la
sociedad y ser aceptados (ONU, 2017). Este instrumento se ha convertido en el marco
normativo global que protege y vela por los derechos y la dignidad de las PCD, y sentó sus
bases en el principio de la no discriminación y participación plena.
Actualmente, el Perú se encuentra suscrito a la Convención y es responsable
de enviar informes periódicos para conocer el avance en temas de discapacidad. En
diciembre del 2012 se promulgó la nueva ley de PCD, Ley N° 29973, la cual reemplaza a
la Ley N° 27050 y a las demás leyes generales que hacían referencia a PCD, y desarrolla
temas de accesibilidad a puestos de trabajo e inclusión social.
En conclusión, se puede afirmar que el concepto de discapacidad es complejo; sin
embargo, actualmente se utiliza el concepto de «persona en situación de discapacidad»,
el cual expresa que la discapacidad es la relación de una persona dotada de características
particulares con el entorno externo que la rodea.
3.3. Empleabilidad y competencias laborales del discapacitado visual
La empleabilidad se entiende como el conjunto de aptitudes y actitudes que brindan a un
individuo la oportunidad de ingresar a un puesto de trabajo y permanecer en él (Campos,
2003, p. 104). Se ha decidido trabajar con este concepto puesto que incluye dos dimensiones:
educación y horizonte temporal. Con respecto al primer factor, se entenderán las aptitudes
como capacidades para realizar una cierta actividad y las actitudes como la voluntad de una
persona para desarrollarlas; mientras que el segundo factor hace referencia a permanecer
en el puesto de trabajo a largo plazo.
El concepto de competencias se encuentra estructurado en torno a las nociones
de conducta, habilidad y conocimiento. Según Gordillo (2004), «las competencias son
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para ejercer una actividad
laboral». Esta definición nos permite señalar que para realizar una actividad se debe de
contar con habilidades prácticas y actitudes específicas; asimismo, es necesaria una
serie de conocimientos propios de la actividad para poderla realizar de manera eficiente.
Siguiendo a Tejada (2005, p. 2), el dominio de estos saberes hacen a un individuo capaz de
actuar con eficacia en situaciones profesionales, contando así con el sentido de coordinación
e integración de conocimientos, procedimientos y actitudes para desarrollar actividades
laborales de manera eficiente.
Debido a que las PCD visual cuentan con una limitación, desarrollan otros sentidos
para poder ser competentes; es decir, desarrollan otras habilidades como, por ejemplo,
reconocer objetos a través del tacto, identificar fuentes de sonido a través del oído u olores
que les sirven para conocer el medio y la situación en la que se encuentran a través del
olfato (Valdéz, 2010).
Para comprender mejor los tipos de competencias, tomaremos la división
realizada por Gordillo, quien las divide en cuatro clases: a) competencias metodológicas, b)
competencias técnicas, c) competencias sociales y d) competencias individuales.
Estas competencias se encuentran presentes, en mayor o menor medida, en las
PCD visual debido a que son capaces de desarrollarlas tanto como parte de su formación,
práctica y habilidades interpersonales, siempre y cuando hayan aceptado su condición
y tomado conciencia de ella. Debido al contexto cambiante, es necesario que se sigan
desarrollando las competencias personales y técnicas para poder ser competitivo.
4. El papel de la sociedad civil
En el apartado siguiente se presentará el concepto de la sociedad civil, los tipos de
organizaciones y cuáles se encargan de apoyar a las PCD visual. Posteriormente, se
explorará la experiencia del Proyecto Agora, organización que se encarga de la capacitación y
promoción de las competencias laborales para PCD visual, indicando el tipo de capacitación
que brinda para insertarlas al mercado.
4.1. Organizaciones de la sociedad civil (OSC) y discapacidad visual en el Perú
La definición del término sociedad civil es heterogénea debido a la gran diversidad de
organizaciones que comprende. Para algunos especialistas, la sociedad civil es un resultado
contingente de la construcción de la Modernidad que solo se consolida plenamente con la
democracia y el estado de derecho (Olvera, 2000, p. 11). Así, la importancia de la sociedad
civil recae en su funcionamiento como espacio de vigilancia de las prácticas del Estado
y en su cobertura de los espacios no atendidos por el mismo; mientras que, en paralelo,
funciona como espina dorsal de la sociedad y eleva con su accionar los problemas que
aquejan a la esfera pública un intento por mejorar diversas situaciones (Alfie, 2004, p. 3).
Asimismo, la sociedad civil no solo enfrenta las deficiencias del Estado, sino que también
debe hacer frente a las falencias del mercado. En ese sentido, los actores de la sociedad
económica7; es decir, «la mediación de la economía y la sociedad, son el puente que vincula
la solidaridad básica de clase con los intereses mercantiles» (Olvera, 2000, p. 12).
La heterogeneidad en el concepto de sociedad civil se ve reflejada en la
multiplicidad de OSC existentes. Hay diversas organizaciones que se encargan de ofrecer
servicios a poblaciones desatendidas que ni el Estado ni el mercado son capaces de
proveer en la dimensión y profundidad necesarias. La tipología propuesta por Olvera
(2000, p. 12) define a las organizaciones civiles como entidades de promoción, desarrollo
y prestación de servicios a la comunidad que tienen como objetivo la transformación y
creación de agendas sociales y políticas. Estas son organizaciones formales que cuentan
con un registro legal y llevan a cabo tareas específicas en proyectos de promoción del
desarrollo y creación de grupos y movimientos culturales (Olvera, 2000, p. 13), por lo
cual constituyen un verdadero movimiento social en la medida en que reflejan los nuevos
valores morales, políticos y culturales.
En el Perú existen diversas organizaciones de la sociedad civil que se encargan
de ayudar a las PCD e intentan aprovechar su talento desperdiciado. En el caso de las PCD
visual se puede mencionar a la Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP), el Centro de
Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL) y la Asociación Peruana de Ciegos Católicos,
las cuales tienen por objetivo contribuir a la integración social y espiritual, así como la
promoción del bienestar y la superación de las PCD a través de la evaluación y el desarrollo
de sus habilidades para que puedan insertarse al mercado laboral.
Adicionalmente, está la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), que proviene
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y es una entidad no lucrativa
solidaria para apoyar a PCD visual. Uno de las principales iniciativas de la Fundación ONCE
es el Proyecto Agora, cuyo objetivo es incorporar a PCD visual al mercado laboral a través
de asesoramiento profesional, talleres de formación, atención de necesidades básicas e
inserción laboral (Fundación ONCE para América Latina, 2018, p. 14). En este sentido, se
presentará el caso de esta organización para entender cómo es que se relaciona con las
PCD visual y con el mercado laboral al cual pretende insertarlas laboralmente.
4.2. El Proyecto Agora Perú: capacitación para la inclusión laboral de discapacitados visuales en el sector masoterapia
La ONCE es una organización que tiene como propósito velar por el desarrollo de las PCD
visual para que puedan desarrollarse a nivel personal y participar de la sociedad. Es el
principal referente a nivel mundial pues, desde el éxito en España de los servicios que
ofrecía a las PCD visual, decidió expandirse a Latinoamérica a través de la Fundación Once
para la Solidaridad América Latina (FOAL). A raíz de ellos, se crea la Organización Aulas de
Gestión Ocupacional para la Región América Latina, Agora Perú, que inició sus actividades
en el año 2006.
Los objetivos de Agora Perú se encuentran direccionados a brindar apoyo a la
mejora de la empleabilidad, la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de personas
con discapacidad visual a través de la capacitación, intermediación y orientación laboral,
buscando constituirse como un organismo de consultoría.
Según el exgestor de formación de Agora Perú, Carlos Chanamé, para alcanzar
esos objetivos se realizan talleres prelaborales para conocer el perfil de la persona
—prestando atención a factores como el grado académico, su compromiso familiar, la
personalidad, la motivación, etcétera—, así como cursos de masoterapia y teleoperaciones
que se encuentran dentro de su Plan Anual de Capacitación. No obstante, a pesar de que
se replica el modelo español, los resultados no son los esperados debido a los prejuicios
sociales, la educación y la cultura propia de cada país (Bergamino, 2013). Es sobre la base
de esos resultados que se puede proceder a verificar si la capacitación brindada responde
a lo que el mercado al cual se busca insertar a las PCD requiere.
Según lo que investigado, al momento de elegir a la institución que brindará las
capacitaciones, es el coordinador ejecutivo nacional quien se encarga de revisar que las
propuestas se encuentren actualizadas. Así, se selecciona a la organización capacitadora
en base a términos de tiempo, dinero y duración del curso. Cabe señalar, además, que
no se realiza ningún estudio de mercado al temario otorgado pues se confía en que las
organizaciones contratantes ya hayan realizado estudios previos (Bergamino, 2013).
En el caso específico de la masoterapia, se trabaja directamente con la Cruz Roja Peruana a nivel nacional para la implementación de cursos para 15 alumnos de seis meses de duración. Cada uno se encuentra dividido en módulos sobre técnicas de masajes y
anatomía humana que buscan ayudar al paciente a recuperar el máximo nivel posible de
funcionalidad e independencia (Cruz Roja Peruana, 2012). A continuación, la tabla 4 presenta
los servicios brindados por Agora Perú.
Entre junio del 2006 y julio del 2017 Agora Perú ha realizado 3125 talleres
prelaborales y dictado 300 cursos de formación básica ocupacional, logrando atender
a población con discapacidad visual en Lima (zona sur), Arequipa y Huaraz, entre otras
ciudades del Perú.
Hasta julio del 2017, Agora Perú contaba con 3223 beneficiarios inscritos a nivel
nacional. Por otro lado, el número de beneficiarios orientados laboralmente mediante
talleres prelaborales era de 3125, dentro de los cuales se incluye a personas que no
pertenecen a la organización, pero que sí han realizado los talleres. Dicho de otra manera,
Agora Perú realiza talleres a nivel nacional y convoca en provincia, ya sea por iniciativa propia
de Agora o gracias al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS)10. En estas convocatorias se presenta la organización a las PCD visual y se
brindan los talleres prelaborales, facilitando la opción de inscribirse libremente a Agora.
También se ha capacitado en obtención de empleo a 3250 personas a nivel nacional. Sin
embargo, a pesar del índice de participantes, lo más significativo de las cifras presentadas
por Agora Perú es que solo había logrado insertar laboralmente a 325 personas hasta julio 2017 (Portillo, comunicación personal, 26 de octubre de 2017; Agora Perú, 2017).
Según la tesis de Bergamino (2013), para conocer si la capacitación brindada
por Agora Perú era la adecuada se realizaron cinco entrevistas a dueños de locales que
brindan el servicio de masoterapia y contratan personal invidente. A ellos se les consultó
acerca de la relación con el personal, el motivo de la contratación, el perfil profesional,
las competencias personales y técnicas, la experiencia, etcétera. Los principales hallazgos
acerca de la relación entre el personal invidente y el perfil profesional requerido por estas
organizaciones se pueden apreciar en la tabla 5.
Todas las empresas entrevistadas pertenecen al sector servicios y trabajan con personal invidente y, además, cuentan con la percepción de que las PCD brindan un servicio
más eficiente debido a que pueden identificar mejor los conjuntos musculares con sus
manos y desarrollar técnicas de palpación. También señalan que es necesario que el personal
haya superado las barreras mentales de su condición, acepte la realidad y tenga deseo
de superación. Esto se refiere a que debe contar con competencias personales básicas
tales como buen trato, respeto, rehabilitación psicológica, honestidad e higiene, entre
otros, entre otros temas que se desarrollan en los talleres prelaborales que brinda Agora
Perú, razón por la cual sí cumpliría con la rehabilitación personal y social de los invidentes.
Asimismo, resaltaron la importancia de ciertas competencias técnicas, pues existen centros
de entrenamiento que no cuentan con una especialización en lo referido a técnicas de
masajes. En ese aspecto, si bien la capacitación brindada por Agora Perú era adecuada, no
era lo suficientemente especializada como para que las PCD capacitadas accedan a uno de
los puestos de trabajo revisados, ya que estos requerían de mayor capacitación técnica y
experiencia en sistemas de masaje, lo que significaba que muy pocas personas lograban
insertarse laboralmente (Bergamino, 2013). Recordemos que la capacitación brindada por
Agora Peru se basa en el temario de la Cruz Roja Peruana y solo se dicta por un periodo de
seis meses, mientras que para algunas organizaciones el tiempo de experiencia requerido
es relativo al grado de especialización; sin embargo, es un requisito superar una prueba de
servicio de acuerdo a los tipos y técnicas de masajes que utilizados cada organización.
En la tabla siguiente se muestra la diferencia entre las competencias técnicas
que brinda Agora Perú, de acuerdo con el temario de la Cruz Roja, y las requeridas por las
organizaciones del sector masoterapia.
Con esta información podemos verificar que no solo es importante una
capacitación general sobre los masajes, puesto que el temario de la Cruz Roja Peruana
no profundiza en mayores técnicas, sino también sobre técnicas más especializadas que
se acoplen a las necesidades de las empresas del sector masoterapia, de forma que las
PCD visual capacitadas por Agora Perú obtengan mejores competencias técnicas y sean
más empleables. Si bien es cierto que la capacitación brindada por Agora Perú cumple con
diversos puntos requeridos por las empresas, no contempla en su totalidad necesidades
del mercado como la especialización en diversos tipos de masaje y el desarrollo de otras
técnicas. Este desfase se debe a que Agora no realiza estudios de mercado en torno a
cuáles son las técnicas de masaje más requeridas en el mercado laboral (Bergamino,
2013). Por ello, es necesario reforzar las técnicas brindadas por la Cruz Roja Peruana
con una especialización en distintos centros certificados y dedicados al cultivo de
diversas técnicas de masajes, pues así lo requiere el mercado laboral al cual apuntan las
PCD capacitadas.
5. Conclusiones
La discapacidad es un concepto complejo que ha conocido una vasta evolución según
los distintos contextos históricos desde los cuales las sociedades han afrontado sus
dificultades. En este artículo se ha adoptado el modelo social de discapacidad, el cual indica
que las características fisiológicas de las personas no generan una discapacidad, sino que
son los obstáculos arquitectónicos, técnicos, socioeconómicos, legales y culturales de la
sociedad los que les impiden a las PCD desarrollarse plenamente. Es necesario interiorizar
estos obstáculos para tomar acciones en la vida cotidiana en favor de estas personas;
por eso, se debe brindar las oportunidades que les permitan un pleno desarrollo, siempre
respetando y adaptando el entorno a sus diferencias.
También es fundamental entender que las PCD son más vulnerables a sufrir
menores tasas de empleo debido a los factores limitantes. Según el Censo Nacional
2017 existen más de 3 051 612 PCD en el Perú, siendo la principal discapacidad la visual,
seguida por la motora. Asimismo, en el Perú, el número de PCD visual asciende a 1 473 583
personas (INEI, 2018) y su tasa de ocupación fue de 23,8% (OMS, 2011a, p. 268).
Las PCD visual no solo deben tener los mismos derechos y oportunidades, sino
que además están en capacidad de ser miembros activos de la sociedad pues, a pesar
de su limitación, han desarrollado los sentidos del tacto, el oído, el gusto y el olfato para
compensar su falencia. Asimismo, cuentan con competencias individuales y sociales que los
hacen únicos para diversas actividades; sin embargo, los prejuicios existentes incrementan
la discriminación por parte de la sociedad, ya que los mayores obstáculos se relacionan a
la falta de consideración de su independencia y a las barreras anteriormente mencionadas.
No solo es necesario cambiar el concepto de discapacidad y brindar a las PCD
mayores oportunidades laborales, también se debe entender que precisan de realizar
especializaciones para insertarse de manera efectiva en el mercado laboral. Esto es
consecuencia del concepto de empleabilidad, que hace referencia a las aptitudes y actitudes
como un conjunto de competencias que son requisito para ingresar a un empleo. Por ello,
un aspecto crucial para una cultura inclusiva es el mejoramiento de la empleabilidad de los
discapacitados, abriéndoles el acceso a oportunidades laborales y a la mejora de su calidad
de vida.
Por otro lado, debemos reconocer que, respuesta a la desatención del Estado y
del mercado, existen organizaciones civiles que se encargan de la promoción e inserción
laboral de estas personas a través de la formación y el desarrollo de sus capacidades y
competencias. Para el caso de la discapacidad visual, existen entidades de apoyo como
la Unión Nacional de Ciegos del Perú, CERCIL y Agora, las cuales se encargan de brindar
educación, capacitación, y talleres de superación e inserción laboral. Estas organizaciones
intentan rescatar el talento humano dejado de lado por el mercado para demostrar que las PCD son tan capaces como cualquier otra persona.
Cabe acotar que el Proyecto Agora, como iniciativa de la ONCE, tiene el objetivo de
mejorar la empleabilidad, generar igualdad de oportunidades e insertar laboralmente a PCD
visual mediante la capacitación y orientación laboral. A través de sus talleres prelaborales
busca ayudar a las PCD visual a reconocerse como individuos capaces y motivados que
hacen frente a la discriminación social. En paralelo, busca capacitar en técnicas de masajes
a sus afiliados para insertarlos laboralmente en el sector masoterapia; sin embargo, la
capacitación brindada no cuenta con la especialización requerida por las empresas del
sector, lo cual genera que su ratio de inserción sea bajo, según la información disponible
—que cubre hasta julio de 2017—.
Con respecto a los talleres prelaborales que brinda Agora, estos se realizan de
acuerdo a lo requerido por las organizaciones del sector privado y público pues cumplen con
rehabilitar a la persona y ayudarla a tomar conciencia de su realidad —requisitos necesarios
para insertarse laboralmente—; sin embargo, no son suficientemente especializados. Sería
bueno que, por ejemplo, se introduzcan talleres acerca de los derechos laborales, lo cual
garantizaría las condiciones de empleo, evitando abusos y generando la posibilidad de crear
emprendimientos propios.
Si bien es cierto que se ha identificado cuáles son las competencias técnicas
requeridas por las organizaciones del sector masoterapia y qué es lo que necesita Agora para
poder mejorar su ratio de inserción, es preciso que se realice un estudio de mercado para
validar estos hallazgos en tanto nos encontramos frente a un mercado laboral cambiante y
competitivo. Es primordial conocer el mercado de la masoterapia en su totalidad; es decir,
conocer la cantidad de organizaciones que existen en el mercado, dónde están ubicadas, si
cuentan con personal invidente y si están dispuestas a contratarlos. Esto permitiría conocer
la demanda del sector y posicionarse estratégicamente. Asimismo, sería ideal formar
alianzas provechosas con el sector privado para promover la inserción de sus beneficiarios.
Finalmente, según las concepciones contemporáneas de la gestión del talento
humano, que sugieren fomentar el potencial del empleado a través del desarrollo de
sus habilidades, el valor de las competencias personales y laborales no solo refiere a
obtener beneficios para las empresas, sino también a cómo el empleado se desarrolla
personalmente para alcanzar dichos resultados. En este sentido, las empresas no solo se
enfocan en las competencias que residen en las habilidades y conocimientos, sino también
en las asociadas con el comportamiento y las conductas (Zúñiga, 2006, p. 147). Así, «las
experiencias exitosas suelen residir en la habilidad de la organización para establecer
un marco de competencias que refleje su filosofía, valores y objetivos estratégicos»
(Zúñiga, 2006, p. 154).
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