El derecho de petición y el silencio administrativo

Abstract

Con lamentable frecuencia, los funcionarios públicos que tienen a su cargo el ejercicio del poder público desoyen las peticiones de los gobernados por abstenerse de darles respuesta. En clara violación de su derecho de petición y de su derecho fundamental a una buena administración pública, ilícito que no sólo agravia el interés particular del solicitante, sino que su impunidad socaba las bases del Estado de Derecho. De manera que, se requiere reformar la normativa vigente con el propósito de endurecer las sanciones a los funcionarios públicos que incurran en esa conducta indebida en perjuicio del peticionario, que el legislador ha tratado de mitigar por medio de la figura del silencio administrativo.