¿Cómo se controlan mejor las manifestaciones de corrupción dentro de la Administración? ¿Puede y conviene que una entidad fiscalizadora tenga, por ejemplo, atribuciones sancionadoras? Y si es así, ¿bajo qué parámetros?

Abstract

En el presente artículo, el autor hace un análisis de la potestad sancionadora de los organismos de las entidades fiscalizadoras en el Perú, así como los parámetros de constitucionalidad que estos tienen. Así, se determina que, aun cuando la lucha contra la corrupción sea el fin legitimo para otorgar potestad sancionadora a determinados órganos, siempre se debe tener en cuenta el parámetro constitucional y el respeto al derecho de los administrados.