La exclusión del denunciante en el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, ¿compatible con un Estado Constitucional de Derecho?

Resumen

La Ley 30714, promulgada en 2017, constituye el marco normativo que regula la conducta y disciplina de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Este cuerpo legal establece principios orientadores, intereses jurídicos protegidos, la clasificación de infracciones y las sanciones administrativas disciplinarias, así como el procedimiento sancionador aplicable al personal policial.
El presente artículo analiza el diseño normativo del Procedimiento Administrativo Disciplinario policial desde una perspectiva constitucional, frente a la exclusión del denunciante como sujeto parte del procedimiento. Se sostiene que dicha exclusión se aparta del Estado Constitucional de Derecho y vulnera principios como el derecho de defensa, el debido proceso administrativo y la tutela jurisdiccional efectiva. Además, impide al denunciante acceder al expediente, participar en la investigación o impugnar decisiones como el archivo de su denuncia, lo que favorece la discrecionalidad institucional y debilita el control ciudadano.
En ese sentido, el texto examina esta problemática a la luz de la jurisprudencia constitucional, la doctrina y los estándares internacionales, proponiendo una reforma legal que reconfigure el procedimiento disciplinario policial conforme a un modelo garantista y transparente, reconociendo al denunciante como sujeto parte con facultades mínimas de intervención, en protección del Estado Constitucional de Derecho y de los intereses públicos.