Apuntes constitucionales sobre el proceso especial de dictado de medidas de protección - Ley 30364

Resumen

Este artículo aborda las tensiones constitucionales presentes en el proceso especial de dictado de medidas de protección regulado por la Ley 30364, particularmente en relación con garantías fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Se sostiene que dichas garantías no se vulneran, sino que deben ser interpretadas de manera contextualizada, considerando el carácter urgente y preventivo de este procedimiento.
El análisis resalta la naturaleza sui generis del ámbito de protección, su coherencia con estándares internacionales de derechos humanos de carácter vinculante– en especial la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará– que destaca el estándar de debida diligencia reforzada para garantizar una protección efectiva a las víctimas de violencia de género.
Se argumenta que el principio de proporcionalidad con un enfoque de género permite conciliar la necesidad de una tutela inmediata y eficaz con la preservación de los derechos fundamentales de la persona denunciada, sin desnaturalizar la función protectora del proceso.
Se argumenta que el principio de proporcionalidad con un enfoque de género permite conciliar la necesidad de una tutela inmediata y eficaz con la preservación de los derechos fundamentales de la persona denunciada, sin desnaturalizar la función protectora del proceso.
Se propone aplicar un test de proporcionalidad reforzado en el análisis de constitucionalidad de las medidas de protección. Este test incorpora herramientas interpretativas como el principio in dubio pro víctima y el estándar de debida diligencia propio de los casos de violencia contra las mujeres, preservando siempre el núcleo esencial de las garantías procesales. Bajo este marco, el proceso especial se configura como un mecanismo constitucionalmente legítimo y necesario para enfrentar la violencia de género, en concordancia con los principios constitucionales internos y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.