Industria Extractiva China en el Perú: Caso Shougang Hierro Perú, 1993-2013

Resumen

La presente investigación hace una documentación sobre el ingreso de China en la industria peruana, haciendo discusiones generales sobre la extracción minera. La medición de las inversiones debe darse no solo en términos monetarios, sino también en cuánto contribuyen al desarrollo a nivel local, toda vez que los minerales son recursos no renovables, es decir, bienes o riquezas irrecuperables. En el centro de la tesis se discute el caso de Shougang Hierro Perú (SHP, en adelante). Se presentan los antecedentes del caso y, posteriormente se discuten las tres dimensiones seleccionadas (social, ambiental y económica), en base al concepto de desarrollo sostenible, a fin de evaluar la calidad de esta inversión minera y su relación con los principales stakeholders: gobierno local (municipalidad), sindicato de obreros (trabajadores), sociedad civil (habitantes de Marcona). La hipótesis central es que la actuación de SHP, por ser de fuente china, representa un modelo exitoso de industria extractiva e inversión en el extranjero, ajeno a la democracia política. Se encuentra a SHP como un caso único y emblemático, dadas sus condiciones de ingreso al Perú, en el marco de un gobierno que siguió las políticas del Consenso de Washington y permitió un contrato-ley que -hasta el año pasado, 2016- le otorgó el libre uso y dominio de servicios básicos, agua y luz. Fue una de las pocas inversiones chinas que llegaron al Perú en la década de los 90. Es el único que extrae y procesa hierro en tal magnitud en el país y en la región. SHP es un caso especial y los proyectos más cercanos no tienen características similares; no obstante, a fin de tener casos de control, se realizó una breve comparación con Antamina (Huari, Ancash) y Doe Run (La Oroya, Junín), como ejemplos emblemáticos de proyectos greenfield y brownfield, respectivamente. Muchos autores y esta investigación, también, coinciden en una misma conclusión general: la calidad de la inversión minera depende, en gran medida, del marco regulatorio nacional y, por consiguiente, local. Sin un Gobierno que vigile activamente la conducta minera y que establezca condiciones justas tanto para la población y el sector privado, las empresas mineras probablemente preferirán cumplir con estándares mínimos de calidad.