La enseñanza del Derecho como política pública

  • Gorki Gonzales Mantilla Pontificia Universidad Católica del Perú
    Es doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia, y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se desempeña como profesor principal de Filosofía del Derecho y Teoría del Derecho y como coordinador de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la misma universidad.
Palabras clave: Formación Legal, Democracia Constitucional, Políticas Públicas, Escuela de Leyes, Formalismo Legal, Valores Públicos

Resumen

Este trabajo versa sobre la relación entre la formación legal y su incidencia en el sentido la democracia constitucional. El trabajo se divide en tres ejes que, de forma conjunta, enfatizan la importancia de una enseñanza legal afín a la democracia constitucional. El primer eje versa sobre el carácter político de la enseñanza del derecho. Este permite sentar el modelo de los escenarios institucionales básicos en la vida de la sociedad. Además, señala que las facultades de derecho actúan como fuente autoritativa de la cultura legal y sobre cuál es el sentido del derecho. En esa línea, dice que las escuelas de leyes son un eje clave para en la formación de no solo abogados, sino de ciudadanos comprometidas con la democracia al momento de tomar decisiones. El segundo eje trata de las facultades y las políticas públicas. La enseñanza en las facultades puede propiciar la legitimidad de ciertos derechos, intereses y libertades que son necesarios en la sociedad. Asimismo, ello se relaciona con la posición especial del abogado frente a la toma de decisiones que requiere de una responsabilidad mayor en la práctica legal, el cual debe ser valorado en el entorno institucional. El tercer eje es sobre el perfil del abogado, el mercado y las políticas públicas. Actualmente, la enseñanza del derecho sigue basado en el formalismo legal, como exigencia del mercado laboral, que busca mantener el statu quo y resulta poco amigable con lo que requiere la democracia constitucional. El autor señala que es necesario una acreditación universitaria previa para establecer estándares mínimos en la enseñanza del derecho, de lo contrario, sería subordinar los valores públicos a las exigencias contingentes del mercado. Finalmente, menciona que el perfil profesional del abogado debe responder al mercado en forma crítica, es decir, debe cumplir una función transformadora de la realidad debido a su importancia para consolidar la democracia constitucional. 

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Cómo citar
Gonzales Mantilla, G. (2010). La enseñanza del Derecho como política pública. Derecho PUCP, (65), 285-305. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201002.016