El impacto de la reforma procesal penal en la seguridad ciudadana

Resumen

El presente trabajo desarrolla el impacto de la reforma procesal penal (RPP) en la seguridad ciudadana en Latinoamérica. Específicamente, se analizan los casos de Chile, Costa Rica y Ecuador. Los promotores de la reforma procesal penal afirmaron que una de las consecuencias de esta sería una lucha más eficaz contra el delito. Sin embargo, las estadísticas actuales demuestran que los índices delictivos, en los países en los que la reforma ya ha sido aplicada, no han disminuido. La reforma procesal penal plantea dos cambios fundamentales: i) el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y ii) la modificación de las funciones asignadas a los jueces y a los fiscales. Asimismo, esta reforma permite que el sinceramiento del sistema, de tal forma que el este admite que la mayoría de delitos cometidos y denunciados no son perseguidos. En efecto, las estadísticas de los casos chilenos y costarricenses indican que la mayor parte de los casos son resueltos por los ministerios públicos de dichos países, donde, normalmente, estos prescriben y son archivados. La reforma procesal penal evidencia notablemente esto, pues los fiscales, usualmente, toman la decisión de archivar los casos de manera temprana. En contraste con los casos de Chile y Costa Rica, en Ecuador, la mayoría de los casos desestimados, normalmente, no tiene respuesta. Por otra parte, cabe preguntarse cuáles son los casos que sí se persiguen y cuáles son los criterios que determinan esta decisión. Según la doctrina que respalda la reforma, se deben perseguir aquellos delitos que causan un alto daño social. Estos delitos se establecen de acuerdo con la política de persecución penal de cada Ministerio Público. Sin embargo, en los países en lo que se ha implementado la reforma, no existe dicha política y, en consecuencia, la decisión recae directamente en el fiscal o en sus jefes inmediatos. Otro de los grandes problemas que la reforma tiene que superar es el de la delincuencia habitual. Las estadísticas en los casos de Chile y Costa Rica muestran que la reforma, lejos de solucionar este problema, ha provocado que este tipo de delincuentes se beneficien.