La demanda de los movimientos sociales por la memoria: “Un Entierro Digno para Putis”

Resumen

El conflicto armado interno peruano (1980-2000) se inició en un contexto democrático fragmentado. Es decir, la debilidad del Estado para proteger a los ciudadanos y una carente estrategia nacional para abarcar las demandas de la población fueron las condiciones que permitieron el inicio de acciones subversivas. Al término de estos veinte años y luego del desbaratamiento de la autocracia fujimorista, comenzó un proceso de transición -el cual ha tenido debilidades- hacia el proyecto de la fundación de una república democrática. Sin embargo, el proceso de transición peruano mantuvo y mantiene el mismo sistema de organización fragmentado que se vivió en la época del fujimorismo. Una fragmentación que va en dos sentidos: vertical y horizontal. De modo vertical esta se muestra en la desorganización de las instituciones estatales al momento de articularse frente a las demandas de la población, en especial, a los objetivos de reparación y reconciliación propuestos por la CVR. De modo horizontal la fragmentación se da por las pugnas y competencias entre actores de la sociedad civil (grupos, personas o alianzas entre diversos sectores) que se encuentran en condiciones sociales similares y buscan la atención del Estado (GROMPONE Y TANAKA, 2009). De este escenario surge la pregunta: ¿reparación y reconciliación desde qué fragmento del Estado y para qué fragmento de la sociedad?